Juan José Narciso Chúa

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Guatemalteco. Estudió en el Instituto Nacional Central para Varones, se graduó en la Escuela de Comercio. Obtuvo su licenciatura en la USAC, en la Facultad de Ciencias Económicas, luego obtuvo su Maestría en Administración Pública INAP-USAC y estudió Economía en la University of New Mexico, EEUU. Ha sido consultor para organismos internacionales como el PNUD, BID, Banco Mundial, IICA, The Nature Conservancy. Colaboró en la fundación de FLACSO Guatemala. Ha prestado servicio público como asesor en el Ministerio de Finanzas Públicas, Secretario Ejecutivo de CONAP, Ministro Consejero en la Embajada de Guatemala en México y Viceministro de Energía. Investigador en la DIGI-USAC, la PDH y el IDIES en la URL. Tiene publicaciones para FLACSO, la CIDH, IPNUSAC y CLACSO. Es columnista de opinión y escritor en la sección cultural del Diario La Hora desde 2010

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Juan José Narciso Chúa

La apertura democrática de 1986 abrió muchas esperanzas, concibió muchas expectativas, se idealizaron nuevos horizontes para un país que había sufrido no sólo con la guerra, sino principalmente el ejercicio de Gobiernos autoritarios y militares que, confabulados con los grupos económicos poderosos, cerraron los espacios políticos, concentraron la economía y delinearon una política exterior vacía de contenido y cargada con una agenda de criollos.

Al final, a pesar de mejorar de forma más significativa, la situación pudo enrumbar hacia ciertas mejoras significativas, como el entendimiento o la contradicción fueron resueltas, en una primera época, de forma civilizada, pero eso no le gustó a los grupos desafectos del Ejército que veían cómo iban gradualmente perdiendo el control del Estado -principalmente las aduanas y los consulados fronterizos-, por lo que esos cambios en el manejo de la cosa pública, no cayeron en gracia de todos, ni mucho menos de las élites y el CACIF.

Entonces subsecuentemente fueron articulando estrategias para arreglar candidatos proclives a ellos, quienes permitirían mantener los privilegios de las élites y las empresas, contendrían el deseo de incrementar impuestos, facilitarían espacios de exclusión económica como las zonas francas para asegurarse no pagar impuestos por años.

El Ejército retomó cierto poder, pero el golpe de Estado de Serrano, los volvió a arrinconar, principalmente a aquellos que favorecieron este movimiento. Y así poco a poco, vino un presidente, llegó otro, ganó el siguiente, asumió el nuevo, pero ya la suerte estaba echada, todos se convertían en gerentes o gestores de una unión plagada de diferencias, pero cernida por intereses comunes.

La corrupción constituía el instrumento que resolvía diferencias, era el mecanismo que aseguraba lealtades, a la vez que generaba el imprescindible, el pacto de silencio, en el cual todos se cubrían con la misma manta, todos se callarían de lo que habían permitido, de aquello que habían omitido o dejado de hacer para “facilitar”, de aquellas acciones establecidas a “compadre hablado” y plasmadas en una ley o acuerdo, de todas las exenciones de impuestos que se permitían, de esos famosos contratos plagados de trucos explícitos e implícitos, en fin de todas las formas o mecanismos que facilitaran una gestión de los grupos económicos, las élites, y, principalmente, la corrupción.

La irrupción de la CICIG provocó un punto de quiebre en la historia institucional del Estado y generó una ola de optimismo y se renovó la esperanza perdida rápidamente en el inicio de la democracia, pero duró poco para la trascendencia de actos ilícitos que había que investigar, aportar pruebas y presentar las denuncias correspondientes. Las élites dijeron entre ellos “esto no vuelve a pasarnos” y profundizaron la presión para encontrar presidentitos anodinos, venales, ignorantes y corruptos y en fila en los últimos años reconfiguraron el Estado y sus instituciones, pero no olvidaron la necesidad de asegurar la impunidad y con ellos arremetieron contra el poder judicial para cooptarlo y colocar “sus” magistrados, así siguieron con la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público, luego la Procuraduría de los Derechos Humanos y ahora se encaminan a la Contraloría General de Cuentas de la Nación.

Al final hoy nos encontramos con una democracia en completa recesión, resultados negativos y en proceso de profundizar su deterioro y un Estado que ya cayó en la crisis más seria de sus últimos 30 años y eso que tenemos 36 en democracia.

Los instrumentos de política fiscal y monetaria que se utilizan para enfrentar una recesión democrática no se pueden aplicar acá, no queda más que la presión, el ejercicio de la participación ciudadana activa, la integración de acuerdos de plataformas más allá de los partidos políticos y realizar todo el ejercicio democrático de oposición, la resistencia para buscar formas que permitan emerger un nuevo Estado y una nueva institucionalidad. Menuda tarea la que nos toca. Difícil pero no imposible.

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