Juan José Narciso Chúa
Guatemala enfrenta uno de sus momentos más difíciles en términos de impunidad, corrupción y deterioro institucional. No sé cómo pudieron pensar los que votaron por Giammattei que él podría sacar adelante al país, pero también hay que decir, que tampoco Sandra Torres hubiera hecho un mejor desempeño.
El caso es que hoy nos encontramos ante un hecho indiscutible, los tribunales jurisdiccionales, los jueces, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público actúan con suma laxitud contra reconocidas personas involucradas en hechos criminales y les resuelven con sentencias –jueces y tribunales-, resoluciones –la CC- y soterrar investigaciones –el MP-, para que todos aquellos involucrados en procesos judiciales, pero aún más aquellos procesos iniciados por la CICIG e implementados por la FECI y se concluyen sin siquiera investigarlos.
Así, se concluyó sin ningún problema todas las denuncias contra Jimmy Morales, el juicio en contra de su hijo y su hermano terminó con sentencia absolutoria, el caso del exministro Benito prácticamente se encuentra caminando hacia la absolución, las empresas involucradas no serán involucradas, la CC emite resolución favorable para el exdiputado Escribá.
Pero en el ámbito de la impunidad también la CC declaró anulado el proceso iniciado para que se diera posesión a la magistrada Gloria Porras e “instó”, en una versión de caricatura, para que se privilegie la elección de un docente (¿Omar Barrios?), igual la CC canceló las sentencias contra Sandra Torres para que participe en las próximas elecciones, favoreció a los representantes de las élites para que su juicio concluya.
Los casos suman y siguen, como favorecer el retorno de un exembajador en Washington al levantar la denuncia internacional en la Interpol y ahora se anuncia abierta y descaradamente por parte de una organización del terror que enfila sus baterías contra el honorable Juez Gálvez.
Pero no todo termina ahí. La asfixia ahora viene por el lado del MP, a través de las decisiones de la actual Fiscal General, quien busca mostrar más logros para reelegirse, quien cancela cualquier investigación como el caso de la “alfombra rusa” y ahora lanza una denuncia internacional contra Thelma Aldana, por un caso retorcido que le “construyeron artificiosa y maliciosamente”, cuando varias entidades del propio Gobierno habían manifestado que el precio de ese edificio se encontraba en los precios de mercado.
Pero no termina ahí, a pesar que los jueces y fiscales contra la corrupción han tenido que buscar el asilo político, aun así, se les busca armar procesos para incriminarlos, el caso de la ex fiscal de la FECI de Quetzaltenango Laparra, es tratada inhumanamente en la cárcel en donde la tienen, el mensaje de tortura, de humillación y denigración es aplastar su entereza, es dañar su dignidad, es difamarlos completamente.
Entre esa laxitud por parte de jueces y magistrados favoreciendo a miembros de redes criminales y la asfixia de enderezar procesos contra personas de la oposición constituye uno de los ámbitos más difíciles de sobrellevar en estos días, mientras el país se destruye en sus bases fundamentales como el Estado de Derecho, la justicia juega contra la propia justicia, para mantenerla encerrada y enjaulada para asegurar la impunidad de este conjunto de personas alrededor del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de la CC, del MP, de la Contraloría General de Cuentas, del Tribunal Supremo Electoral y en pocos días de la PDH. Peor no podríamos estar, más difícil no podría ser o quien sabe, acá se ha demostrado que nos podemos hundir más a pesar de haber tocado el fondo…
