Juan José Narciso Chúa
Guatemala se encuentra en un punto de inflexión, tal como señalé en mi artículo anterior, en el cual se podría generar un proceso de consolidación del actual régimen caracterizado por la captura del Estado, así como del control de las instituciones de justicia e igualmente el próximo paso sería la toma de entidades de control del Estado como la Contraloría General de Cuentas y la propia Procuraduría de los Derechos Humanos.
El control que actualmente ejerce sobre la Procuraduría General de la Nación, PGN y del Tribunal Supremo Electoral, TSE, se inscribe en la estrategia de control de dos de las instituciones del Estado, las cuales ya son engranajes activos, dóciles y vergonzantes de la referida estrategia de cooptación.
Los casos de control del Pacto de Corruptos de la institucionalidad de la justicia, tampoco es nuevo, pues ya cuentan con una Corte Suprema de Justicia carente de legitimidad, así como constituye un cuerpo sin dignidad que actúa en función de lo que ordenan desde el Congreso, el Ejecutivo y los vasos comunicantes que mantienen con el propio Ministerio Público.
La Corte de Constitucionalidad se encuentra integrada en forma ad hoc a los intereses de este grupo criminal –funcionarios, jueces, fiscales, diputados, militares y empresarios–, que han aherrojado todo el sistema a favor de mantener el actual estado de cosas que les permite a unos el enriquecimiento ilícito desbordado –funcionarios, diputados y militares–, la permanencia en puestos bien remunerados –CC, CSJ y MP–, y para el grupo empresarial –mantener sus privilegios y evitar tocar sus propios intereses–, pero su papel esencial es evitar otro espacio como el que ocurrió durante la presencia de la CICIG.
Los pocos jueces y fiscales decentes y que se han opuesto con valentía a este grupo han sufrido en carne propia los embates de sus propias instituciones que buscan defenestrarlos ya sea con presiones internas o bien con recursos para quitarles su inmunidad o bien ejercer la presión articulada para llevarlos a la cárcel.
Mientras tanto los negocios sucios, las acciones turbias y los procesos amañados son noticia cotidiana y no van a terminar pues esta entente criminal parece consolidarse y congratularse pues al actual régimen estadounidense lo tienen tranquilo capturando capos del narcotráfico, presentando un discurso malo pero que suena bien en contra de China, alineándose –situación que resulta cómoda hoy– contra Rusia y deteniendo a fuerza de represión a los grupos que intentan migrar hacia el norte.
Las condiciones son difíciles para el resto de ciudadanos que contemplamos con tristeza que la movilización ciudadana no existe, a excepción de los colectivos y organizaciones que todavía mantienen su lucha, así como por parte de los columnistas que en distintos medios describen esta dolorosa realidad.
La ruptura o la continuidad son ciertamente contrarias, pero en este momento es la disyuntiva que enfrentamos. En la primera, los resultados aunque difíciles pueden abrir oportunidades, pero si se busca la presión y movilización ciudadana se puede llegar a un quiebre por la vía institucional –tal como ocurrió en el 2015–, pero en la segunda la situación únicamente apunta a llegar a las elecciones con candidatos que responden a este grupo pequeño y no invencible, para asegurarse que la corrupción y la impunidad continuarán campeando en este pequeño pero lindo país que todavía amamos y que queremos que resurja de esta terrible crisis y que avance para hacer de él un país distinto con una sociedad inclusiva y una economía abierta con competencia y sin privilegios y con instituciones que construyan justicia, paz y desarrollo. La ciudadanía tiene la palabra. Hablemos.
