Juan José Narciso Chúa
La situación para Guatemala no se vislumbra positiva. El conjunto de hechos ocurridos entre 2017 y la actualidad contrariamente a presentar o atisbar alguna esperanza, muestran señales de empeorarse.
Después de la arremetida contra la CICIG las condiciones de la institucionalidad y la democracia han mostrado únicamente mayor deterioro. La marcha permanente de la corrupción ha venido marcando el rumbo de por lo menos tres gestiones gubernamentales que perdieron los elementos básicos de la gobernanza, destrozaron la gobernabilidad e hipotecaron el destino de la democracia llevándolo a los extremos del desastre.
Luego la impunidad constituye el otro factor junto a la corrupción que se han confabulado para configurar un espectro democrático en lo formal pero carente de sustancia o contenido real. La conjunción de estos dos factores no debería de generar sorpresa, pero sí preocupación por el descaro.
Pero ahora se han agregado una serie de actores que contrariamente a buscar reconducir el Estado y la cuestión política para evitar caer en el pantano del Estado Fallido, ni siquiera se han dado cuenta de que ellos mismos cavan su propia tumba.
La conjunción de actores disímiles, como militares que perviven la guerra fría, de funcionarios del Ejecutivo que representan eslabones de una cadena de corrupción, de diputados que se confabulan alrededor del Ejecutivo para alargar la cobertura de la corrupción y una Corte Suprema de Justicia sin dignidad que se ha acomodado por años más allá de su mandato, únicamente para ser peones fieles, dóciles y descarados para alinear los tres poderes del Estado, resulta preocupante.
A ellos se ha agregado, sin capacidad de comprender que el futuro de seguir así se torna fatal, élites y miembros del CACIF, se han unido sin miramientos, a un grupo siniestro que conduce el país hacia el precipicio. Luego se constituyó una Corte de Constitucionalidad ad-hoc a los intereses de los políticos y las élites, que se convierte en el seguro final para cerrar cualquier alternativa de oposición o decencia.
La antijusticia no podría estar mejor representada por la actual Fiscal General del Ministerio Público, quien se ha hecho cómplice de este grupo, apañando a delincuentes de cuello blanco, pero lo peor es atacando, criminalizando y encarcelando a fiscales o abogados decentes, así como se ha unido a otros delincuentes como el caso del abogado Gudiel para pedir otro antejuicio contra la valiente jueza Ericka Aifán.
La elección del o de la nueva fiscal general apunta a elegir a abogados pertenecientes al Pacto de Corruptos, con lo cual la situación política, jurídica, social y, potencialmente, económica se deteriorará aún más y dejará al pueblo de Guatemala a la deriva y preso de su propia inacción.
Las elecciones constituyen un espejismo si continuamos en este continuo proceso de aherrojar el Estado, arropándolo de una falsa legalidad, mientras se cumplen los requisitos formales, pero bajo el control de un grupo que bajo un interés común pero disímil en su composición, se muestra arrogante y victorioso, pero su perversidad puede llevarlos al quiebre de un ente aprovechado y sin escrúpulos.
El país se hunde. Únicamente queda la fuerza moral de los ciudadanos, actores e instituciones decentes y conscientes para intentar salvarlo, seguir bajo esta inercia perversa, corrupta e impune no parece resolverse bajo la formalidad de la democracia, si la justicia está enjaulada, la impunidad está suelta, la corrupción está desatada y el MP desató su furia contra los pocos abogados y abogadas decentes.
Estoy seguro que el actual Gobierno de EE. UU. sabe, conoce y analiza la delicada situación que hoy vivimos, pensar que continuar bajo un esquema arropado falsamente de democracia y considerar que las elecciones son la salida para nuestro país, será estar seriamente equivocados.
Los guatemaltecos debemos despertar y pelear en el marco institucional por nuestro futuro.
