Juan José Narciso Chúa
La economía es una ciencia social por principio, por lo tanto, el ser humano debe ser el centro de su atención. ¿Qué significa esto? Pues nada más y nada menos que los resultados de la economía deben convertirse en efectos e impactos duraderos en toda la población; es decir, acá estamos hablando del bienestar de las personas, como resultado de una economía que provoca o irradia signos positivos en su desempeño y como resultado de ello se benefician todas las personas, sí leyó bien, todas las personas, no un grupo minoritario.
Guatemala es un país que cuenta, sin duda, con grandes recursos naturales como parte de sus propios activos duraderos; sin embargo, el uso racional de estos recursos naturales es todavía una falacia o bien se pretende ocultar una realidad, que los mismos son sujeto de explotación masiva y con ello la degradación de los mismos: aire, bosque, suelo, mar, ríos, flora, fauna, en fin, un balance negativo, en este sentido.
Por otra parte, Guatemala ha mostrado cifras de crecimiento económico, sino elevadas, sí importantes, pero las mismas son realmente escasas, cuando se pretende hablar del desarrollo económico. Este segundo concepto incluye, necesariamente, el crecimiento económico, pero no son lo mismo. Cuando hablamos de desarrollo económico estamos ante una sociedad que goza o disfruta de los frutos del crecimiento económico por medio de la dotación suficiente de bienes públicos.
Los bienes públicos son todos aquellos bienes o servicios que el Estado provee para beneficio de la población, tales como la salud, la educación, la protección social, la seguridad ciudadana, la vivienda, entre otros. Estos bienes públicos tienen la característica esencial que los mismos no son sujeto de privatizarse, sino al contrario, los beneficios de los mismos es que son sujetos de utilizarse por toda la sociedad; es decir, se capitalización socialmente.
Ciertamente en Guatemala, existe una dotación de bienes públicos, pero los mismos, contrariamente a lo que mencionan muchos políticos, son escasos, de baja calidad, no llegan a todas las poblaciones, ni suplen carencias y necesidades de distintos grupos poblacionales, principalmente, los pueblos indígenas, las mujeres, los niños y niñas y los ancianos, para mencionar algunos.
Esta falencia en el diseño estructural y fallas en la asignación de fondos de cada uno de estos bienes públicos, en primer lugar descansan en una baja recaudación tributaria, pues la misma se ha mantenido alrededor del 10% como porcentaje del PIB, durante muchos años, con lo cual los recursos provenientes de la tributación son escasos, pero, en segundo lugar, los organismos del Estado, sí se encargan de que todos aquellos renglones de gasto en donde se centran los grandes negocios como las medicinas, la refacción o la comida escolar, la construcción de edificios, o de carreteras y hoy la compra de vacunas y la atención en los hospitales a partir de la pandemia del COVID-19, sí están financiados para permitir los negocios entre empresas y el Estado, entre funcionarios privados y públicos.
Este enorme abismo, se agudiza con el flagelo de la corrupción, sí esos recursos que se apropian gobernantes, magistrados, jueces, diputados y empresarios de baja calaña y, que, por muchos años, ha permitido que el sistema se mantenga vivo, pues la corrupción constituye el mecanismo de intercambio entre estos personajes, que existen desde hace muchos años y que medran en el sistema impunemente.
La consigna es te financio tu campaña, pero a cambio quiero contratos de obra o de compras de medicinas u otros bienes. O, te entrego plata para tu campaña, pero no, me cambiás las reglas del juego o bien si me apoyás para que una ley salga y continúe favoreciendo al sistema.
En esa dinámica de bajos impuestos y pocos recursos, sumado a la corrupción, el salto cualitativo que la economía debería de dar para favorecer el desarrollo económico se retrasa y con ello el pueblo paga por unos irresponsables y ladrones y la sociedad se sigue hundiendo inmisericordemente.
