Twitter: @Javi_Urizar
Siguiendo las “mañas” que caracterizaron toda la administración del expresidente Alejandro Giammattei, uno de los últimos actos de su Ministra de Educación fue hacer algo completamente ilegal: recibir “bajo garantía de confidencialidad” el proyecto de Pacto Colectivo propuesto por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación en Guatemala (STEG), liderado por el infame Joviel Acevedo.
La información entregada bajo confidencialidad no puede ser difundida sin el consentimiento de quien la entregó; entonces, cuando el Mineduc clasificó la información como “confidencial”, ató de manos al gobierno entrante, que no puede hacer público el proyecto de Pacto sin el consentimiento de Acevedo.
Un Pacto Colectivo es el acuerdo que rige la relación entre el patrono y los trabajadores de un sindicato; un proyecto de Pacto es simplemente un Pacto que no ha sido adoptado, una propuesta que pretende sustituir o modificar el acuerdo existente. En el caso del Mineduc, el proyecto de Pacto que fue declarado “confidencial” pretende modificar las condiciones del acuerdo que actualmente tiene este ministerio con el STEG.
Pero, ¿por qué harían eso? Todos los anteriores pactos colectivos del STEG son públicos, así como los de otros sindicatos del Estado. ¿Por qué no pidieron la confidencialidad en las negociaciones anteriores y en esta sí?
El pacto actual le da al STEG facultades extraordinarias sobre la educación del país, en ciertos puntos incluso llegando a usurpar funciones propias del Estado; también les brinda privilegios y protecciones completamente irracionales.
Por el principio de “no regresividad” en materia laboral, un nuevo Pacto sólo podría “mejorar” estas condiciones, en este caso dándole aún más poder y privilegios a Joviel Acevedo y al STEG. Esto puede explicar la intención detrás de declarar la confidencialidad: las exigencias que hace el STEG de Acevedo seguramente escandalizarían a la ciudadanía guatemalteca, que exigiría al Mineduc rechazarlas. Al mantener el proyecto bajo reserva, Acevedo tiene más poder de negociación, porque sólo tiene que enfrentarse al gobierno y no a la sociedad guatemalteca.
La batalla legal
Independientemente de las razones por las que quieran mantener en secreto el proyecto de Pacto, la realidad es que esta “confidencialidad” es completamente ilegal. Los Pactos Colectivos celebrados con el Estado nos conciernen a todos: al decidir sobre prestaciones, salarios y beneficios, el Pacto con el STEG influye en el manejo de los recursos del Estado de nuestros impuestos; al discutir las condiciones de trabajo de los maestros, el Pacto con el STEG regula cómo se prestará la educación pública en el país.
Todos los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo se están utilizando nuestros impuestos y opinar sobre cómo se están prestando los servicios públicos. Tenemos el derecho a exigir que nuestras autoridades rindan cuentas y no accedan a condiciones abusivas o fraudulentas con sindicatos en perjuicio del país.
Es por eso que, desde hace más de un año, se han presentado diversas acciones legales en contra de la “confidencialidad” del proyecto de Pacto del STEG, para que los jueces ordenen al Mineduc hacerlo público. Lamentablemente, las Cortes han protegido a Acevedo y rechazado la mayoría de estas acciones, ignorando los principios de transparencia y máxima publicidad que rigen al Estado.
Pero aún hay una esperanza. La CC tiene en sus manos una apelación en la que se pide que otorguen un amparo provisional ordenando al Mineduc hacer público el proyecto de Pacto. Es urgente que la CC otorgue esta petición y se haga público este proyecto antes de que las negociaciones concluyan: no sólo para garantizar nuestro derecho al acceso a la información en este caso, sino también para sentar un precedente: el Estado no debe negociar con sindicatos a las espaldas del pueblo. Los guatemaltecos tenemos derecho a saber qué negociaciones está haciendo el Estado con nuestro dinero y con nuestros servicios.
