@Javi_Urizar
El martes 20 de mayo, la Corte de Constitucionalidad (CC) anunció que había otorgado un amparo provisional en contra de la decisión del presidente Bernardo Arévalo de levantar la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT). En esencia, declaró “sin efectos” el Acuerdo Gubernativo por el cual el Presidente tomó esa decisión y ordenó al Ejecutivo a revocar la notificación del levantamiento de la reserva.
Hay muchos análisis legales sobre el sinsentido legal de esta resolución, por lo que no me quiero detener mucho en este aspecto. Sólo vale la pena mencionar que es inconcebible que la Corte: haya suspendido una disposición legal mediante un amparo (y no una inconstitucionalidad), se haya metido en las facultades exclusivas del Presidente de dirigir la política exterior y haya ignorado décadas de precedentes nacionales e internacionales sobre el alcance del artículo 27 de la CVDT, entre otras cosas. Aunque hay mucho de donde escoger, me atrevería a decir que esta es una de las peores decisiones de esta Corte.
Curiosamente, tomaron una decisión absurda que no tendrá efecto material alguno. Como sabe cualquier persona con un mínimo conocimiento del tema, la reserva del artículo 27 nunca fue efectiva, el levantamiento no cambiaba nada, y la “anulación del levantamiento” tampoco hará diferencia. Quienes dicen que es para proteger ante una posible extradición de actores corruptos están equivocados. La extradición igual procedería con la reserva (como ha ocurrido en ocasiones anteriores) e igual puede ser obstaculizada por el MP, OJ y CC aunque no existiera esta. El único efecto material de la decisión de la CC probablemente serán unas cuantas risas en la ONU al recibir una “desnotificación del levantamiento de la reserva”.
Más allá del aspecto legal, me interesa el aspecto político. ¿Por qué la CC tomaría una decisión tan absurda y que mina su credibilidad (si aún es que le queda alguna) en un asunto tan intrascendente? ¿Por qué las cámaras empresariales y otros sectores que se presentan como “moderados” salieron a celebrar esta resolución demencial?
Creo que es para enviar tres mensajes: a sus patrocinadores, a sus electores, y al Presidente.
El primero, a sus “patrocinadores”. Presten atención a las cámaras empresariales y organizaciones que celebraron la decisión casi de inmediato, como que supieran el resultado antes de que fuera público. Respaldan a la CC, que les cumplió con su decisión.
El segundo, a sus “electores”. El próximo año se dará el cambio de CC. Los Magistrados saben que el Presidente no los reelegirá, entonces es mejor “quedar bien” con otros actores que sí lo pueden hacer, como el Congreso, la CSJ o la Usac. Esta resolución da un respaldo “legal” a los argumentos esquizofrénicos de algunos diputados y políticos de oposición.
El tercero, al Presidente. Esta no es la primera vez que la CC se excede de sus facultades para inmiscuirse ilegalmente en las facultades del Presidente, ni la primera en que resuelve un sinsentido jurídico; pero es una de las más descaradas.
Con esta decisión, la CC impidió al Presidente ejercer poderes que la Constitución explícitamente le confiere, privándole de tomar una decisión completamente intrascendental. Es un show de poder, un recordatorio de que la línea de lo que puede hacer el Presidente la marcan ellos, no la ley.
¿Por qué ahora? Tres días antes de esta resolución, el 17 de mayo, empezó a correr el último año del período (actual) de Consuelo Porras. En menos de 365 días, el Presidente debería escoger un nuevo Fiscal General – algo que constantemente enfatiza en sus conferencias.
No es descabellado pensar que la CC hará todo lo que esté en sus manos para influenciar el resultado del proceso que todos reconocemos (empezando como el Presidente) como el punto de inflexión en la historia del país. Hay antecedentes: en el proceso de postulación de 2022, la CC y el MP interfirieron agresivamente, prácticamente obligando a la Comisión a integrar en la nómina final a Consuelo Porras. La CC ha permitido el prolongamiento de funciones más allá del plazo constitucional (por ello tuvimos una CSJ de 10 años), y el MP ha impedido exitosamente que tomen posesión autoridades electas (como el caso de Gloria Porras). El manual está trazado.
El camino para la elección del nuevo Fiscal General será largo, y la resolución del martes es sólo la última en una larga lista en las que resuelve contra el derecho y contra el presidente.
El mensaje es claro. La CC le está diciendo al Presidente: “Aquí no manda usted”.
