El viernes 25 de abril, la jueza Carol Patricia Flores ligó a proceso por el delito de “terrorismo” (entre otros) a dos exautoridades de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, por su liderazgo en las protestas de octubre de 2023.
En teoría, solo se debe ligar a proceso a una persona si media información suficiente sobre la comisión de un delito hay motivos razonables para considerar que la persona participó en él. El terrorismo es un delito muy severo, usualmente reservado para actos particularmente violentos que causan terror en la población, en búsqueda de un propósito político. Después de una pequeña búsqueda, solo pude encontrar un caso de terrorismo perseguido en el sistema penal guatemalteco, relacionado con veteranos militares que quemaron vehículos y oficinas del Congreso en protestas del 2021 —el año pasado fueron absueltos—.
Bajo ninguna óptica razonable se pueden considerar las protestas de 2023 como “terrorismo”. En su gran mayoría las protestas fueron pacíficas, en particular al considerar el tamaño y extensión de estas. Además, los incidentes de violencia fueron esporádicos, aislados y nunca por parte de las autoridades indígenas. En entrevistas, Luis Pacheco afirmó que su estrategia era la manifestación pacífica y la búsqueda de diálogo. Incluso sin entrar a la discusión sobre si los bloqueos están protegidos por el derecho a la protesta pacífica, los actos considerados como ilegales encajan en otros tipos penales, no en este.
Pero esto no es legal, es político, como prácticamente todo lo que hace el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras. Y, en lo político, esto fija un precedente muy peligroso.
Clasificar las protestas ciudadanas como terrorismo es algo propio de las dictaduras. Autócratas en todo el mundo, desde Nicaragua hasta Rusia, han usado el “terrorismo” como una figura para criminalizar la protesta y silenciar la oposición, usando violencia excesiva, imponiendo condenas severas y tomando acciones al margen de los derechos humanos. En otras palabras, al tachar a un ciudadano como “terrorista”, el Estado se permite usar toda su fuerza contra él.
En términos prácticos, esta decisión no sólo afecta a los señores Pacheco y Chaclán. También abre la puerta a que todos los que participamos en las protestas de 2023 se nos acuse de autores o cómplices de “terrorismo”, que a las personas y organizaciones que apoyaron financiera o materialmente a las autoridades indígenas se les acuse de “financiamiento del terrorismo”, que a quienes convocaron protestas se les acuse de “instigación a delinquir” o que a las organizaciones que coordinaron estas protestas se les acuse de ser “grupos delictivos organizados”. El cielo es el límite.
La Guatemala de hoy es menos libre, menos democrática y menos segura que la de ayer. Quienes defendieron la democracia en 2023 están en grave riesgo. El presidente que llegó al poder gracias a esa histórica lucha ciudadana que hoy Consuelo Porras tacha de “terrorista” espera inerte al 16 de mayo de 2026. Mientras tanto, Luis Pacheco y Héctor Chaclán guardan prisión.
