“El pecado del silencio cuando deberían haber protestado, hace cobardes a los hombres”. Abraham Lincoln
Cuando los constituyentes redactaron la Constitución no consideraron que con el tiempo los antivalores iban a superar a los valores de esa época, y que lo que era considerado un honor, se convertiría en una necesidad económica, con lo que se tergiversó con el paso del tiempo el fondo de la función pública convirtiéndose en lo que es hoy, además de seguridad laboral, es sinónimo de poder pero también de negociación.
El año 2026 es fundamental para el Sistema de Justicia, que dejó de ser la aplicación de las normas para ser un instrumento de dominación y lo peor de vendetta que aunque inaceptable es una realidad en el actual momento histórico.
Antes de la promulgación de la actual Carta Magna, existió un grupo de Abogados denominado Las Vacas Sagradas, que se encargaban de proponer a los futuros funcionarios judiciales a las autoridades, por ello tratando de “democratizar” las diferentes elecciones se creó la figura de las Comisiones de Postulación, en las que se introdujeron ciertos grupos que no debieron haberse incluido, principalmente las universidades que debieron quedar como centros académicos.
Ahora nos enfrentamos a una coyuntura que no se visualizó en los ochentas, y es que aparentemente más de tres Magistrados de la Corte de Constitucionalidad buscan la reelección, pero la situación es diferente a la de hace más de cuatro años cuando fueron designados y electos, siendo la única elección la del Colegio de Abogados en la que participamos los abogados al emitir nuestro voto, desafortunadamente solamente lo hacemos entre un 18% y 22%, porcentaje que no es representativo, cuya principal responsabilidad la tienen los que no se acercan a votar.
Las otras cuatro designaciones son más políticas, o politiqueras siendo las anteriores un ejemplo de que el sistema falló indiscutiblemente porque hace cuatro años en el CSU, un grupo quiso imponer a la exmagistrada Porras, quien pretendió un tercer periodo cuando no cumplía con el requisito de ser docente de la Casa de Estudios, lo que dejó mal vista a la Usac, debido a que no se consideró la no reelección, por lo que cualquiera puede eternizarse, situación que éticamente debería ser prohibida.
La designación que debe llevar a cabo el Ejecutivo es la menos democrática de todas, porque los diferentes presidentes han designado a un amigo o amiga, sin entrar a analizar más que el compadrazgo, sin considerar los requisitos mínimos en cuanto a sus conocimientos en el área constitucional administrativa, que en teoría deberían ser expertos, pero no lo han sido.
La decisión del Congreso es la más politiquera de todas, porque los aspirantes deben someterse al cuestionamiento de personas que no tienen la mínima idea de lo que conlleva la designación, mientras tras bambalinas están negociando quién les puede convenir que llegue al alto tribunal, más si tomamos en cuenta, que quien los represente será solamente un voto, pero que puede incidir en el alto tribunal, por lo que pueden reelegir sin empacho a quien les asegure su voto particular.
Por último la CSJ, que debería ser la más técnica porque abogados que ejercen jurisdicción, eligen a abogados que ejercerán en la más alta corte jurisdicción privativa constitucional, pero como las otras instituciones, también nos han quedado a deber, ya que aunque la Constitución se denomina política, las resoluciones no deberían ser políticas, deberían ser eminentemente jurídicas ya que la CC como función primordial tiene la de defender la supremacía de la Constitución y su defensa, por lo tanto se entiende que debería garantizar la seguridad jurídica, no haciendo política, por lo que esperaríamos no reeligieran si no que eligieran a un representante adecuado.
La percepción del ciudadano común que paga los salarios no solo de los Magistrados, también de todos los funcionarios públicos es que la CC no cumple con la defensa de la Carta Magna, situación que ha incidido en desconfianza a la institución por parte de la población, siendo los responsables quienes los eligen o designan, más cuando los reeligen, sin merecerlo.
Aunque la Constitución no lo ordena, debe iniciar el proceso ético de no reelección de ningún funcionario público.
