«La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo» Platón.
Los casos penales que se ventilan en el país, en los que se ha utilizado parte del Sistema de Justicia para afrontar problemas personales de alguien en particular o por medio de instituciones, que temporalmente se consideran impunes desvirtuando los objetivos del sistema, creando insatisfacción en general. Aunque esta criminalización del sistema no es nueva, porque viene ya de varios años atrás, ello no significa que lo aceptemos, porque es inasumible semejante despropósito que socaba la institucionalidad de la Justicia.
Nuestro país es poseedor de una riqueza cultural muy grande, parte de esa misma riqueza es la multietnia entre otras más virtudes, que en cualquier nación más avanzada se entendería como una fortaleza, sin embargo, acá es una causa más de división, reconociendo que nos dividimos por todo, importante o no importante.
Regresando a lo fundamental, es que desde siempre los integrantes de los pueblos originarios se han sentido discriminados por los ladinos, situación que dio origen a crear una especie de doble discriminación, tú me discriminas, yo te discrimino, acentuando una múltiple discriminación, de la que no podemos negar su existencia.
El problema se convierte en una cuestión de Estado, cuando se utiliza el sentimiento de que no somos iguales en otra esfera para atacar al diferente, he venido escribiendo sobre el tema de Benjamín Labriel, porque su familia no percibe haber encontrado respuesta a sus súplicas por parte del sistema en general, no solamente el de Justicia que ha sido utilizado por su propia familia política para que él siga detenido, sin haber sido escuchado, el problema es que habiendo solicitado el auxilio de instituciones como la PDH, su voz se ha perdido en la inmensidad de un sistema que está acostumbrándose a mantenerse en silencio, cuando debería ser la voz de los que no pueden alzarla.
Se entiende, que son numerosos los casos que requieren la atención de las instituciones creadas para defender los derechos de las personas, y que son muchas las que solicitan esa defensa, pero no se entiende que pase el tiempo y que se siga manteniendo a una persona alejada de su familia por simplemente ser de un color diferente.
En el mismo sentido, pero en otro contexto el caso de la privación de libertad de Pacheco Gutiérrez y Chaclán Batz a quienes se ha sumado Esteban Toc, siendo parte de los confinados por haber participado en la defensa del voto popular.
Veamos, durante el periodo democrático es la primera vez que se ha cuestionado el resultado de una de las elecciones, en las que hemos participado todos los que acudimos a expresar nuestra decisión, lo interesante y por lo tanto debatible es que se impugne solamente una de las tres elecciones llevadas a cabo, o sea que en la misma mesa, con el mismo sistema se reclama que se cometió fraude electoral solamente en una de las papeletas, frente a fiscales y presidentes de mesa, quisiéramos saber cómo se llevó a cabo este fenómeno, porque es poco menos que imposible.
Lo más que discutible es la criminalización de quienes lucharon por preservar la democracia, manteniéndolos privados de la libertad, sin justificación alguna, más que la venganza por haber sido parte del total de la población que se manifestó, no a favor del actual gobierno, porque no fue así, fue en favor de que se mantuviera el orden constitucional, y como premio les privan de uno de los mayores derechos que tiene el ser humano, como lo es la libertad.
Tanto Benjamín Labriel como las autoridades de los 48 Cantones tienen en común, que les han vedado de la libertad en venganza, Benjamín por haberse casado con la persona que ama, y las autoridades en represalia por haberse manifestado para que se resguardara el orden constitucional, sumado a la discriminación del primero por su color, los segundos por ser parte de los pueblos originarios, pero el resultado es el mismo, la criminalización de los últimos años de cualquier situación que no es un delito, pero si la afrenta emocional a alguien, es un ataque al Sistema de Justicia.
No cabe duda de que la criminalización del derecho del diferente es un hecho que daña a la sociedad en general.
