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“La conciencia es actividad de trascendencia”
Frantz Fanon
Estamos a un paso de que el Directorio de la SAT se decida por los nombres que pasarán al listado final, para la elección del Superintendente, por lo que se hace altamente necesario que el Directorio realice una labor a profundidad para evitar un nombramiento político o parcializado, y centrarse en lo técnico, debido a que de esa decisión depende el futuro de la institución, por ser la que marca la estabilidad fiscal, y que impacta tanto en el comercio doméstico como el externo.
El déficit institucional es patente en la sociedad guatemalteca, debido a que los encargados de designaciones importantes han barajado los nombres en hoteles y otros lugares, sin analizar las hojas de vida, la experiencia y el conocimiento centrándose en recomendaciones o en los padrinos, de ahí el fracaso institucional que estamos viviendo, del que este gobierno ya tiene su tajada, porque las promesas de campaña se están quedando en eso: Promesas.
La problemática de la SAT, va más allá de las recomendaciones de quienes detentan el poder, porque el daño que se le hace a la institución se traslada hacia los contribuyentes que al final somos todos los ciudadanos de este país.
Dentro del listado aparecen nombres cuestionados, otros políticos y los menos con un caudal meritocrático, eminentemente técnicos, profesionales preparados para darle el giro necesario a la institución, aumentando con buenas políticas tributarias la recaudación, con el debido respeto a los derechos de los contribuyentes, derechos que el Superintendente saliente quebrantó sin inmutarse, porque pretendió pasar de ser el responsable de la recaudación, a convertirse en un actor político, por lo que para dar la idea de que existía una sana recaudación se pasó sobre las garantías reconocidas en la Constitución, por ejemplo inactivando el Nit por inconsistencias, eliminando de los formularios el derecho al crédito fiscal, y lo último el galimatías entre NIT y DPI, aprovechando la dejadez de una sociedad que espera que otros hagan lo que le corresponde hacer.
Regresando al tema central, los contribuyentes exigimos que la designación recaiga sobre un profesional, conocedor no solamente desde la academia la tributación, también la práctica desde la perspectiva del contribuyente y desde la institución, no alguien profisco, tampoco procontribuyente, urge un profesional projusticia tributaria, eminentemente técnico y comprometido con la importancia de la imagen y del deber ser de la institución.
Recordemos que existe un Código de Ética de la SAT, que consideramos es ineludible se aplique a este proceso por la necesaria transparencia que el proceso amerita, tomando en consideración el posible conflicto de interés preceptuado en artículo 27, que dice “El conflicto de intereses se manifiesta cuando los funcionarios, empleados y las personas que presten servicios técnicos o profesionales para la SAT, intervienen en un proceso administrativo, tributario o aduanero en el que están involucrados sus propios intereses o los de parientes o terceras personas conocidas”. Es necesario resaltar que en el proceso actual se conjugan dos elementos: los funcionarios y terceras personas conocidas, de la actitud del Directorio como ciudadanía, percibiremos que existe o no conflicto de interés.
Es importante la atención hacia las tachas y las denuncias, que deben evaluarse paran la designación, principalmente en cuanto a lo establecido en el mismo Código de Ética en sus artículos 15 y 18 relacionados al pleno conocimiento de la normativa, y del uso del tiempo, porque alguien que pretende dirigir la SAT, no puede iniciar utilizando el tiempo que debe a otra institución para diligencias relacionadas al procedimiento que se está llevando a cabo, el tiempo es el bien más preciado de los funcionarios, más allá de lo material, y la ética es parte del buen uso de ese bien.
Debido a que el Superintendente que terminó su periodo, es opinión generalizada y que comparto ejerció “acoso tributario” vulnerando los derechos de los contribuyentes reconocidos en la Constitución y desarrolladas en el Código Tributario, es por ello que hoy, la institución más que nunca, necesita una persona que ante todo respete esos derechos y que cumpla con los estándares necesarios para uno de los cargos más importantes del país, por ser el más técnico, por la calidad del funcionario que se designa.
Esperamos que el Directorio actúe diligentemente y evalúe los expedientes de acuerdo con el interés general para evitar situaciones que “generen un conflicto de intereses percibido” situación que se debe evitar.
En muchas ocasiones la percepción causa más impacto que lo potencial o lo real.
