Parafraseando a Will Smith: “Muchas administraciones gastan un dinero que no tienen, para contratar cosas que no necesitan, para impresionar a personas que no les agradan”.
No cabe duda de que, la elección y posterior toma de posesión a la Presidencia de EE. UU. de Donald Trump, nos ha dejado titulares que serán analizados y comentados por mucho tiempo, nuestro país por muchas circunstancias será protagonista indirecto y directo de las consecuencias de sus acciones y omisiones en los próximos años.
Dentro de todos los sucesos ocurridos, vale la pena detenerse en una información que ha estado circulando por redes sociales, y que en su momento fue utilizada por funcionarios del MP, que día sí y otro también pretenden y muchas veces logran crear polémica sobre hechos que no tienen relación directa con su mandato constitucional, pero que al ser llevados a cabo perjudican la institucionalidad.
Hemos observado cómo en forma indiscriminada se utilizan los recursos de las instituciones en general para enviar mensajes inútiles sobre situaciones inexistentes, que lo único que logran es desacreditar más el quehacer de entidades creadas muchas veces por la misma Constitución, para objetivos que no tienen relación alguna con los intereses institucionales.
Hizo demasiado ruido la noticia propagada por los protagonistas de la misma, con relación al viaje de dos funcionarios del MP a la toma de posesión del nuevo y antiguo presidente de EE. UU., esta noticia está vinculada a otra que circuló anteriormente, en la que se quiso dar a entender que la actual Fiscal General había sido invitada al evento, cuando ella, es del dominio público y está sancionada internacionalmente por actos de corrupción nada más y nada menos.
De acuerdo con informaciones proporcionadas por noticieros, eran 600 las personas invitadas a la toma de posesión, entre las que se encontraban en orden de importancia “Los miembros entrantes de la administración, dignatarios, líderes extranjeros, directores ejecutivos de tecnología y miembros del Congreso en un evento reducido”. Como país, ¿Estábamos invitados? No, porque no es parte de la política exterior de ese país invitar a jefes de Estado, sin embargo, por protocolo el Ejecutivo tiene que enviar representación, que en este caso fue el embajador, como miembro del Minex, único encargado de la política internacional.
El actual presidente de EE. UU. se hizo acompañar de jefes de Estado de Derechas, expresidentes, su familia y magnates económicos. ¿En dónde podemos ubicar a la Fiscal General en esta amalgama de personas? En ningún lugar porque no estuvo invitada ¿Y la delegación? Menos aún.
¿Cuál es nuestra conclusión? Que se utilizaron recursos del Estado para crear una fantasía que se quedaría en eso, pero hay elementos de preocupación que se deben investigar porque: a) Todos los gastos realizados fueron con recursos del Estado, que los obtiene de los impuestos que pagamos y b) El MP es una institución del Estado, cuya función constitucional es velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país y ejercer la representación del Estado, en el cumplimiento de las mismas leyes.
Como ciudadanos, no podemos seguir leyendo constantemente, que los funcionarios del MP utilizan los recursos para crear escenarios que ni ellos mismos se creen, solamente con el objetivo de obedecer la agenda de actores cuestionados en el país, mientras la delincuencia sigue campando a sus anchas.
En 2024, las denuncias por extorsión fueron 20,074, por homicidios registrados entre julio de 2023 a junio de 2024 fueron 2,864, las denuncias de violencia contra la mujer entre julio de 2023 y junio de 2024, fueron 47,871, mientras las autoridades guatemaltecas han reportado 4,529 casos de menores desaparecidos en el territorio nacional entre el 1 de enero y el 21 de agosto de 2024.
Con las alarmantes cifras anteriores ¿Qué hacen las autoridades del MP para el combate de los delitos denunciados? Como población necesitamos resultados, sin embargo es evidente que no existen, porque según investigaciones el MP desestima entre el 50 y 90% de las denuncias.
El artículo 154 constitucional establece que: “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella”. Exigimos que se cumpla.
