Gladys Monterroso

licgla@yahoo.es

Abogada y Notaria, Magister en Ciencias Económicas, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Diploma otorgado por la Corte de Constitucionalidad en 2005, como una de las Ocho Abogadas Distinguidas en Guatemala, única vez que se dio ese reconocimiento, conferencista invitada en varias universidades de Estados Unidos. Publicación de 8 ediciones del libro Fundamentos Financieros, y 7 del libro Fundamentos Tributarios. Catedrática durante tres años en la Maestría de Derecho Tributario y Asesora de Tesis en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

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“La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera”. Horacio

El hecho que sea la SAT y no el Ministerio Público, la institución que haya destapado un caso de corrupción mayúsculo en la historia del país, superando a la Línea y otros escándalos más, debe llamarnos a la reflexión de la deriva que ha tomado la administración de justicia penal, mediante la utilización del mismo sistema para proteger la impunidad de las cloacas que operan en el país.

El circo mediático que se armó, como consecuencia de la noticia que, detrás del más grande caso de defraudación tributaria, se esconde todo un entramado de corrupción institucionalizada, cuyas primeras pesquisas  apuntan a parte del sistema bancario al que se le debe  exigir explicaciones, no solamente por medio de pronunciamientos bastante tibios por parte del sector privado, recordemos que una sociedad se encuentra compuesta por lo público y lo privado, y que uno depende del otro irremediablemente, tampoco nos debemos dejar engañar con el argumento que es cuestión de ideologías políticas, porque no es así, la corrupción es corrupción.

Lo peor para nosotros como sociedad, es que no nos encontramos ante un fenómeno nuevo, no, se ha venido repitiendo con diferentes actores, porque nuestro sistema ha estado tomado desde hace muchos años, si no baste ver las noticias de la época de la CICIG de Castresana, época en la que los funcionarios de la institución entraban a los tribunales penales como Juan por su casa, e incluso revisaban los archivos, con la complacencia del sistema de justicia, y el silencio del MP, al igual que hoy la justicia penal estaba intervenida, muchos levantamos la voz como lo hacemos hoy, he de aclarar que existen muchos problemas con el Sistema de Justicia, pero el área penal sale de la problemática de falta de espacio, o de personal, porque un número de jueces se ha dedicado a pervertir la justicia penal, utilizándola para mantener a  los periodistas críticos bajo las rejas, o amenazados y a los rivales políticos convertidos en enemigos bajo el yugo de la toga, situación que deslegitima nuestro sistema.

Las instituciones encargadas de la administración de justicia penal, han quedado en deuda histórica para con  la sociedad en general, a diferencia del Derecho Laboral que si ha dado cumplimiento con la tutelaridad de la que se le proveyó para beneficio de los trabajadores, lo que no ha sucedido con el Derecho Penal, el que  no ha cumplido con la protección de los bienes jurídicos tutelados como lo son la vida, el patrimonio y la honorabilidad entre otros, que no han dudado los colonizadores del sistema de justicia penal, en depredar como lo han hecho principalmente con mujeres, mientras del otro lado de la calle, salen libres personajes cuestionados, podemos colegir que en Guatemala desde hace mucho tiempo se ha utilizado el conocido como Lawfare, que no es otra cosa que, instrumentalizar el sistema de justicia penal por medio de jueces denominados de bolsillo, porque cuando ya no son útiles, se les desecha,  para perseguir hasta destruir a los adversarios, utilizado en otras sociedades y de lo que la nuestra ha sido parte.

La problemática es mucho mayor, cuando hasta el ente fiscalizador tributario tiene más información y ha sido más contundente al determinar no solamente el delito de defraudación tributaria a nivel macro, sino que además a los responsables directos en un caso que supera a los anteriores, y que señala  explícitamente a los responsables en uno de los más grandes casos de corrupción,  apuntando a actores del gobierno anterior, principiando por los que se encontraban en primera línea y a sus cercanos.

Los allanamientos llevados a cabo y anunciados con mucho circo mediático no es ni tan siquiera el primer paso, la información bastante completa la entregó ya la SAT, ¿Qué hará la maquinaria del MP, cuando ya les entreguen la investigación terminada? ¿Se agilizarán las órdenes de captura con tanta inmediatez como las de Zamora, Hernández, Campo y otros?

No cabe duda de que la pita se rompe muchas veces por lo más delgado, recuerdo el caso de Al Capone que inicia su caída por el delito de evasión de impuestos.

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