Hace veinticinco años, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad y, con ello, reconoció algo esencial: que la paz no se alcanza sin la voz, la participación y el liderazgo de las mujeres.
La Resolución 1325 transformó la forma en que el mundo entiende la paz y la seguridad: no como asuntos exclusivos de los Estados o las partes en conflicto, sino como procesos que requieren la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones, la prevención de los conflictos y la reconstrucción social, política y económica. Desde su adopción, ha guiado políticas y planes de acción en más de un centenar de países, impulsando el reconocimiento de que la igualdad de género es una condición indispensable para la estabilidad y el desarrollo sostenible.
Guatemala ha sido un referente en la construcción e implementación de esta agenda. Las mujeres guatemaltecas fueron protagonistas en los Acuerdos de Paz, impulsaron la adopción del Plan de Acción Nacional (PAN 1325) y han dado ejemplos al mundo de cómo avanzar hacia una justicia transformadora. La emblemática sentencia del caso Sepur Zarco – la primera en el mundo en que una corte nacional sancionó la violencia sexual relacionada con el conflicto – reivindicó los derechos de las sobrevivientes, incluyendo a través de reparaciones transformadoras integrales. Esta sentencia no hubiera sido posible sin el liderazgo y la valentía de las abuelas, mujeres Q´eqchí, que dieron su testimonio y exigieron justicia.
Ese espíritu también se refleja en lideresas como, Mariel Aguilar, Rigoberta Menchú, Luz Méndez, Otilia Lux o Rosalina Tuyuc, mujeres que han transformado la historia del país y llevado sus voces al ámbito internacional para promover la paz, la seguridad, la justicia, la reparación transformadora y la no repetición.
Hoy, las nuevas generaciones continúan ese legado. Desde el arte, la música o la defensa ambiental, mujeres como Sara Curruchich, Cristina Chiquín y muchas otras siguen construyendo paz en los territorios, derribando las barreras de la exclusión y reafirmando la igualdad como una condición indispensable para el desarrollo sostenible.
Diferentes resoluciones del Consejo de Seguridad ampliaron el alcance de la 1325: la 1820 señala que la violencia sexual puede constituir un crimen de lesa humanidad; la 1888 y la 1889 impulsan mecanismos de protección y participación de las mujeres en los procesos de paz; la 1960 establece sistemas de seguimiento y rendición de cuentas; las 2106 y 2122 refuerzan la importancia de la justicia de transición y la representación igualitaria; y las más recientes 2242, 2467 y 2493, que llaman a aumentar la participación de las mujeres en los espacios de decisión y garantizar financiamiento para sus iniciativas de paz.
A veinticinco años de la 1325, los avances son importantes, pero aún insuficientes. El camino para la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones sigue lleno de desafíos, siendo la violencia sexual y política uno de los obstáculos que limitan su participación. Por ello, este aniversario no es solo una conmemoración, es un llamado urgente a la acción y la corresponsabilidad.
La paz no puede ser negociada, construida y sostenida sin las mujeres. Reconocer su liderazgo, garantizar su participación y sus derechos son las claves para construir democracias más fuertes y más sostenibles.
