La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) única universidad pública del país sigue en crisis, a causa de maniobras indecorosas y fraudulentas del grupo de usurpadores que sirve a intereses perversos de redes corporativas de corrupción e impunidad que han cooptado las instituciones públicas del Estado y mantiene secuestrada esa casa de estudios superiores.
El pasado 8 de abril luego que el Consejo Superior Universitario (CSU) dispuso descalificar a la mayoría de los cuerpos electorales de oposición, se repitió con la mayor desfachatez otro fraude electoral para reelegir en el cargo de rector a Walter Mazariegos, pese a estar pendientes de resolver varias acciones legales y amparos oportunamente interpuestos ante los respectivos órganos jurisdiccionales, que al día de hoy continúan sin ser despejados. Este retardo malicioso en la administración de justicia, contribuye a generar impunidad e inseguridad, al mismo tiempo facilita espacios para que los usurpadores intenten legitimar sus sombrías artimañas y actos ilegales.
Tal situación generó malestar en la comunidad universitaria y desató acciones de repudio, tanto en el campus central de la ciudad de Guatemala como en las distintas sedes regionales del interior del país. El descontento generalizado trascendió afuera de los recintos universitarios, varios colectivos organizados de sociedad civil no universitarios y misiones internacionales de observación como la Organización de Estados Americanos (OEA), están expresando solidaridad con la lucha de resistencia de estudiantes, catedráticos y profesionales sancarlistas, repudian a los usurpadores y exigen que se convoque de nuevo a elección con la inclusión de los cuerpos electorales que arbitrariamente fueron inhabilitados.
En la misma línea reaccionaron funcionarios de gobierno y diputados de algunas bancadas, la vicepresidenta de la República, Karin Herrera rechazó la reelección de Mazariegos y sostuvo que el proceso incumplió principios básicos de legitimidad democrática. Varios diputados presentaron denuncias ante el Ministerio Público (MP) en contra de miembros del CSU por abuso de autoridad y usurpación de funciones. Trascendió que la Contraloría General de Cuentas (CGC), denunció a Mazariegos en marzo de 2026 por carecer de finiquito, requisito obligatorio para quienes ocupen cargos públicos, según el artículo 16 de la Ley de Probidad. Este último hecho debe ser investigado a fondo y de inmediato, aquí cabe preguntar, ¿por qué el Ministerio Público no actuó y detuvo la elección fraudulenta del CSU y de Mazariegos?
Todos los hechos apuntan a que efectivamente los usurpadores cuestionados han cometido actos ilegales. Es necesario y oportuno que los diputados en cumplimiento de su función fiscalizadora, citen a los usurpadores de la Usac, al Consejo Superior Universitario y a Mazariegos, en tanto funcionarios públicos que administran y disponen de millonarios fondos del presupuesto nacional a que rindan cuentas, para que expliquen cómo están usando los fondos que el Estado le traslada a la única Universidad pública del país.
¿Acaso es lícito que disponiendo la Usac de numerosos edificios y que tanto la rectoría como el CSU tienen espacios propios para reuniones ordinarias, contraten servicios privados de un lujoso hotel 5 estrellas, afuera de los recintos universitarios y alejados de la ciudad para realizar la elección a puerta cerrada, con total opacidad? ¿Cuánto le costó a la Usac el viaje en helicóptero para trasladar al usurpador de ida y vuelta con el propósito de evitar que fuera confrontado por la comunidad universitaria? Estamos hablando de fondos públicos, es decir, dinero que proviene de los impuestos que pagamos los guatemaltecos. Así pues, sugiero a los flamantes diputados que tan pronto como sea posible, interpelen a los citados funcionarios públicos usurpadores.
Saludo y reitero solidaridad con la digna resistencia universitaria de estudiantes, catedráticos y profesionales por el rescate de la Universidad del pueblo, la tricentenaria Usac. La lucha sigue hasta desalojar a los corruptos usurpadores.
