Como ya se dijo, la criminalización y privación de libertad de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, líderes indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán es una represalia por haber encabezado la defensa de la democracia y el voto ciudadano durante 2023, pero también es un acto con clarísimos rasgos de discriminación y del histórico y crónico racismo que persiste en algunos sectores de la sociedad guatemalteca.
Precisamente hoy, Pacheco y Chaclán cumplen 92 días detenidos en prisión preventiva desde el 23 de abril 2025. Tres meses han transcurrido desde su captura, el proceso continúa estancado, sin juez contralor para continuar la segunda etapa del proceso judicial, sin fecha para darle continuidad, bajo la mala práctica de declarar la reserva del caso y la negativa de otorgar medidas sustitutivas, claros indicios del denominado litigio malicioso.
Con razón, población y autoridades indígenas de Totonicapán denuncian maniobras jurídicas que violan derechos humanos y constitucionales, vulneran el debido proceso y prolongan injustificadamente la detención de ambos, estos hechos concuerdan con la afirmación de que los detenidos son víctimas de represalias, discriminación y racismo. Por estas razones, reclaman que la privación de libertad de Pacheco y Chaclán es arbitraria y debe terminar.
La prisión preventiva fue dictada por la jueza Carol Patricia Flores del Juzgado de Primera Instancia Penal que los procesó por obstaculización a la acción penal y terrorismo, pero después el Ministerio Público apeló y entonces la Sala Cuarta de Apelaciones adicionó el delito de asociación ilícita, con el argumento que la organización de los 48 Cantones no tiene personería jurídica por no estar anotada en el Registro de Personas Jurídicas REPEJU del Ministerio de Gobernación.
Este último argumento suena a otra perversa maniobra jurídica porque los 48 Cantones se fundaron en 1820, es decir, tiene 205 años de existencia, de actuación pública de cara al sol, no se trata de ninguna entidad clandestina ni mucho menos insurgente. Es organización indígena ancestral dedicada a la defensa y cuidado del territorio, la justicia y la democracia.
En estos casos queda claro que se manifiesta un trato diferenciado de la justicia, que la estrategia es retardar el proceso, estigmatizar las formas de organización de pueblos indígenas, promover litigio malicioso, criminalizar la organización social, resaltar constante discriminación y racismo predominantes en el sistema de justicia guatemalteco.
Por otra parte, las denuncias y acciones de la Fundación contra el Terrorismo arropada por el Ministerio Público son racistas y discriminatorias, comprometen la independencia judicial, detienen el avance de procesos legales, vulneran derechos humanos y con eso intentan sembrar pánico y paralizar la acción social con el propósito de impedir el libre ejercicio de derechos y libertades fundamentales.
Lo que sucede con Pacheco y Chaclán ocurre en casos similares, se utiliza el mismo patrón que es el uso indebido del Derecho Penal, prolongación de los procesos, abuso de la prisión preventiva, retardos maliciosos, son herramientas de represión que se utilizan contra defensores de derechos humanos, periodistas, jueces y fiscales independientes.
Ahora es de esperar que para que continúe el proceso contra Pacheco y Chaclán, la Corte Suprema de Justicia nombre al juez ejecutor, que cese el retardo malicioso, se respete el debido proceso, decrete la absolución de los acusados y ordene su pronta liberación.
