“Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”.
“Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”.
Artículos 1º y 2º Constitución Política de la República.
Nadie ignora que este país centroamericano tiene índices de pobreza y pobreza extrema que son los más profundos de la región. Que la desnutrición crónica infantil alcanza al cincuenta por ciento del total de niños menores de cinco años, que los servicios de salud pública son deficientes, que la clase trabajadora es sobreexplotada, que entre las élites persiste el racismo y discriminación social, razones por las que se considera uno de los países más desiguales de América Latina. Los indicadores sociales y económicos de la población sobresalen con saldo negativo.
En Guatemala la corrupción es un mal endémico arraigado entre sectores público y privado, por eso, se puede afirmar que, es igual de corrupto el político o servidor público que se roba los fondos públicos, como el empresario que evade pagar impuestos. Este fenómeno por estar tan extendido y normalizado, sitúa al país y su población ante un dilema ético social que vulnera derechos humanos y por supuesto, niega y perjudica la realización del bien común.
Cuando un funcionario o servidor público es corrupto comete delitos penales, pero también incumple y viola derechos humanos de la población, pues al malversar fondos públicos o sea el dinero que administra el Estado, se impide la ejecución de obra pública como escuelas u hospitales o programas y proyectos sociales que benefician el bien común.
Las cifras millonarias que se roban los funcionarios corruptos, evitan la inversión social que debería destinarse a reducir la pobreza, construir infraestructura, optimizar la cobertura educativa o ampliar la seguridad social. La corrupción en el sector público retrae la inversión privada nacional e internacional y somete a la sociedad, mientras tanto los actores corruptos actúan con absoluta impunidad al amparo de las autoridades del sistema de justicia responsables de la investigación y persecución penal. En Guatemala continúa el reino de la corrupción y la impunidad.
La corrupción es abuso de poder, de funciones o de medios para alcanzar una utilidad económica o beneficios personales ilegítimos. Desde 2001, el Estado de Guatemala ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción, sin embargo, insisto en afirmar que este fenómeno es una conducta humana negativa porque afecta la condición fundamental de subsistencia moral y ética de la sociedad.
Las definiciones clásicas de corrupción indican que actores del sector público son quienes cometen actos ilícitos en beneficio personal para favorecer intereses privados. Samuel Huntington (1968) señala: “La corrupción es una desviación de los funcionarios públicos, que se apartan de las normas establecidas para ponerse al servicio de los intereses privados”.
La corrupción es ilegal e ilegítima, porque viola normas y valores. En especial cuando ocurre en los cargos públicos, porque produce enriquecimiento ilícito y origina sorpresivas fortunas privadas. En tal sentido, la corrupción debe ser definida no sólo como violación de normas (ilegalidad) sino como violación de valores (ilegitimidad).
Reitero lo afirmado con anterioridad, es tiempo de frenar a los corruptos, de terminar la limpieza de la casa común, de erradicar los actos de corrupción, de volver a tomar las calles y expulsar a los corruptos e impunes. Es la vía para lograr bien común y el desarrollo humano integral y sostenible.
