En Guatemala es tanta y tan común las mega corrupción e impunidad ocurridas en el país, que a nadie sorprende o conmueve las denuncias de casos de corrupción presentadas por autoridades de la Comisión Nacional Contra la Corrupción del nuevo Gobierno, por funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT o de la Contraloría General de Cuentas CGC.
Los últimos casos de corrupción a gran escala y debidamente planificados representan la sustracción fraudulenta de cientos de millones de quetzales de los fondos públicos, que fueron a parar en los bolsillos de actores corruptos entre empresarios, funcionarios públicos y testaferros.
Primero es el caso identificado como B410 referido a la evasión multimillonaria de impuestos de igual número de empresas. Y el segundo de plazas fantasma en la Secretaría General de Planificación SEGEPLAN/Instituto Nacional de Electrificación INDE, relacionado con la concesión irregular de contratos de servicio a varias empresas propiedad del ex presidente del INDE.
En ambos casos están señalados como responsables implicados varios empresarios y ex altos funcionarios de Gobiernos anteriores, en el último de plazas fantasma se menciona al ex presidente Alejandro Giammattei. Para el Ministerio Público (MP) estos casos son brasa ardiente e incómoda, difícil de evitar o evadir y como suelen decir, por ningún motivo pueden hacerse de la vista gorda. Al MP le corresponde por ley el monopolio de la investigación penal, por eso le toca hacerlo y rendir cuentas de su actuar, lo que espera ver la población son resultados concretos.
Y cuando se alude a resultados concretos, entran al terreno de juego los operadores y administradores, quienes componen el sistema de justicia, que ahora aparece con prestigio disminuido, con su independencia cuestionada por presunta sumisión a intereses corporativos y redes de impunidad. Con jueces venales dispuestos a cumplir la consigna de favorecer a ex militares convictos por crímenes de lesa humanidad, de proteger a empresarios y ex altos funcionarios públicos corruptos y a las mafias insertadas en las estructuras del Estado y Gobierno.
Son tan fuertes los poderes fácticos e intereses corporativos en juego, que los integrantes de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) que recién tomó posesión el pasado 13 de octubre, no han logrado acuerdo para elegir presidente, pese a que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó que cumplan con ese requisito constitucional. Este hecho es muestra clara que para algunos funcionarios públicos, es más importante satisfacer intereses particulares que los de la Nación.
Y qué decir de la impunidad que se sigue observando, de las resoluciones judiciales que la benefician y afectan la justicia transicional. Lo último, un Tribunal de Apelaciones anuló todo lo actuado en el caso “Creompaz” y ordenó la libertad de ocho militares sindicados de violar derechos humanos e incumplir deberes de humanidad.
Esta resolución provocó reacciones negativas en las redes sociales y algunos defensores de derechos humanos la calificaron de “golpe a la justicia”. Fue emitida por la Sala Segunda de Apelaciones recién instalada, que integran los togados Miguel Enrique Catalán Orellana, magistrado presidente, Eva Marina Recinos Vásquez, magistrada vocal I y Jaime Amílcar González Dávila, magistrado vocal II.
En estas condiciones en las que la corrupción e impunidad brotan por todas partes, se comprende la ardua, titánica y difícil tarea del presidente Bernardo Arévalo y su equipo de Gobierno para ordenar y limpiar la casa.
Se espera que las escobas de la honestidad y transparencia barran los caminos y desechen la escoria, que impide avanzar hacia el desarrollo y progreso del país y su población.
