“Esperamos una sentencia condenatoria contra Guatemala, por la violación de derechos humanos”
Amílcar Méndez Urízar. Consejo de Comunidades Étnicas Rujunel Junam CERJ.
Lo que nadie sabía y cómo el Gobierno tampoco lo informa a la población. Para que se sepa, aquí se lo cuento casi en tiempo real.
El día de hoy (13/09/2024) el Estado de Guatemala estuvo en el banquillo de los acusados. Hace pocas horas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, conoció y resolvió el caso de la desaparición forzada en 1989 de cuatro guatemaltecos defensores de derechos humanos (DD. HH.), miembros del Consejo de Comunidades Étnicas Rujunel Junam (CERJ) que, en el Quiché, dirigió Amílcar Méndez Urízar.
La denuncia contra el Estado de Guatemala la presentó el CERJ ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en junio del 2005. El número de caso es 12,932. Son peticionarios ante la CIDH, Méndez Urízar y el Centro de DD. HH. y Justicia Robert F. Kennedy, (CRFK), con el auxilio de la abogada Angelita Bayens del CRFK.
La desaparición forzada o involuntaria de los cuatro defensores de DD. HH., ocurrió durante el Gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo en abril de 1989, después que elementos del ejército nacional los detuvieron ilegalmente en una finca de Patulul, Suchitepéquez en el Sur de Guatemala. Desde entonces se desconoce su paradero.
Los desaparecidos son: Macario Pú Chivalán, Luis Ruiz, Agapito Pérez Lucas y Nicolás Mateo, quienes fueron capacitados en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) en Costa Rica, para promover la defensa de DD. HH. en el departamento de Quiché. Al retornar a Guatemala e iniciar su trabajo de defensa de estos derechos, recibieron amenazas de muerte y por eso decidieron trasladarse a trabajar a la finca de Patulul.
En su momento, el CERJ agotó todas las instancias legales internas para la búsqueda y localización de los desaparecidos, desde la denuncia ante el Ministerio Público (MP), la institución del Procurador de Derechos Humanos (PDH) y recursos de habeas corpus; todos los esfuerzos resultaron inútiles, hasta la fecha están desaparecidos, no se sabe dónde están.
En octubre del 2006, Méndez Urízar presentó recurso de exhibición personal ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que celebró una audiencia en la cual delegó al PDH para que a través del procedimiento de averiguación especial iniciara la búsqueda, de esto nunca obtuvieron información y tampoco resultados concluyentes.
Bien dicen los abuelos, “la justicia tarda, pero no olvida”. Este hecho que ocurrió hace 35 años, que significó años de lucha y esfuerzos de las familias y organizaciones; ante la injusticia del Estado tuvo que llegar a instancias internacionales, es inequívoco que al momento de publicar esta columna ya se sabe cuál es la sentencia de la Corte Interamericana en términos de administración de justicia.
A este respecto, Méndez Urízar en calidad de defensor de DD. HH. y peticionario ante la CIDH del presente caso, se anticipó a afirmar en términos esperanzadores y categóricos que el resultado puede ser, “una sentencia condenatoria contra Guatemala, por la violación de derechos humanos”.
