A pesar de sus riquezas históricas, diversidad étnica cultural, geografía con abundantes recursos naturales renovables y no renovables, maravillosa naturaleza y calidez humana de su población, Guatemala es un país de la subregión centroamericana con indicadores sociales, económicos y culturales que lo sitúan como Nación subdesarrollada.
Hasta el momento no se perciben avances hacia el progreso, el desarrollo y bienestar humano. Hace décadas se interrumpieron procesos y programas económico sociales que apostaron a construir un país próspero, desarrollado, incluyente, moderno y con justicia social.
Para entender esta reculada, los factores clave son tres. Inicia hace 70 años, la segunda mitad del Siglo XX. En 1954 una invasión mercenaria armada, organizada, financiada, asesorada y dirigida por funcionarios y agentes de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA por sus siglas en inglés), captó a un grupo de militares traidores y corruptos, invadió el país y derrocó al Gobierno constitucional y democrático del coronel Jacobo Árbenz Guzmán.
Se interrumpió el desarrollo de programas sociales impulsados por los Gobiernos de la “primavera democrática” (década 1944-1954). Desde entonces, el poder político ha sido dominado por personajes corruptos y proyectos de derecha y ultraderecha neofascista, responsables del retroceso de país. Primera clave.
El Conflicto Armado Interno (1962-1996). La guerra de 36 años, resultado del cierre de espacios de participación democrática y ciudadana, de corrupción y nepotismo del régimen militar del general Miguel Idígoras Fuentes, de vulnerar la soberanía nacional y del deterioro de las condiciones de vida de la población guatemalteca, todo lo cual elevó el descontento social y generó condiciones objetivas para adoptar formas superiores de lucha.
Así toma fuerza la estrategia de lucha armada. En 1996 con el concurso de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y un grupo de países amigos, el Gobierno y los insurgentes firman Acuerdos de Paz. Después de 28 años de la firma, es notorio el abandono e incumplimiento de estos, sobre todo los que refieren compromisos de Estado. La paralización de dichos Acuerdos, refuerza la regresión sostenida. Segunda clave.
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), doce años de operaciones 2007 a 2019. Solicitada por el Gobierno guatemalteco a la ONU. Óptimos resultados de su trabajo. Mandato: investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS), que afectan los derechos humanos de la población e identificar las estructuras de estos cuerpos ilegales.
El 31 de agosto de 2019 el entonces presidente Jimmy Morales anunció su negativa a prorrogar el mandato de CICIG. Esto acentuó el retroceso de lucha contra la corrupción e impunidad. La ausencia de CICIG benefició a redes de corruptos e impunes que cooptaron todas las instituciones públicas para favorecer intereses personales y corporativos. El retroceso es claro. Tercera y última clave.
Los indicadores revelados esta semana por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), resultado de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI 2023), indican que más de la mitad de la población total del país o sea el 56% vive en condiciones de pobreza, otro 39% en pobreza no extrema y 16.2% en pobreza extrema.
A menos educación mayor pobreza, enfermedad y muerte. La población vulnerable en riesgo de inseguridad alimentaria aguda es de 2.9 millones de personas, en peligro porque no pueden alcanzar una dieta alimenticia segura.
A propósito de inseguridad alimentaria, el Ministerio de Salud reportó 35 fallecimientos de niñas y niños a causa de desnutrición aguda.
Para derrotar la regresión y el subdesarrollo humano de la población, es inevitable desalojar a los corruptos de los nichos que mantienen en el Poder público.
