“La paz es fruto de la justicia” (Isaías 32.17)
“La renovación de Cortes de Justicia es un mandato constitucional que debe cumplirse, el Artículo 208 así lo indica. Cualquier maniobra o subterfugio jurídico que quiera impedir el cambio de las mismas es inconstitucional, violaría la Constitución Política de la República y alteraría la paz social”.
Fragmento mensaje de la Conferencia Episcopal de Guatemala, sobre proceso de selección de aspirantes a magistrados de las Cortes de Justicia.
Guatemala, 15 de agosto 2024.
En Guatemala para lograr progreso social, consolidar la democracia, respeto al Estado de Derecho y derechos humanos, gobernabilidad, gobernanza y fortalecimiento de la institucionalidad democrática, es prioridad ciudadana defender y recuperar la independencia del sistema de justicia que, por ahora, aparece cooptado por redes codiciosas de corrupción e impunidad que persiguen mantener privilegios y satisfacer intereses personales y corporativos.
A las redes de mafiosos que tienen cautiva la administración de justicia, no les interesa el país ni el desarrollo social de la población, actúan como bestia herida lanzando zarpazos por doquier para preservar sus mezquinos intereses individuales.
Estos pícaros no piensan en el bienestar de la población, violan a su antojo las leyes y no toman en cuenta el deber constitucional que tiene el Estado de: “…garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.” (Artículo 2º. Constitución Política de la República).
Ahora que las Comisiones de Postulación (CP) desarrollan su trabajo para seleccionar a aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelación, es momento que abre una ventana de oportunidad para iniciar un proceso de recuperación de la independencia judicial.
Es oportunidad de desalojar a los corruptos, de postular profesionales íntegros, éticos, independientes, con vocación de servicio al país. La tarea es difícil porque en el seno de las Comisiones de Postulación, los grupos tradicionales de poder alineados con las redes de corrupción e impunidad, tienen operadores políticos que mediante tretas diversas ralentizan el trabajo de los comisionados.
El propósito de estas prácticas maliciosas sería evitar que se integren las nuevas Cortes de Justicia, luego extender las funciones de los actuales magistrados; esto quedó demostrado con las acciones, propuestas y maniobras de algunos comisionados que obstaculizan el trabajo de las comisiones; lo sabe todo el país, la opinión pública nacional e internacional, los periodistas, analistas, académicos, organizaciones sociales, políticos y población en general. Los comisionados que usan estas prácticas tienen rostro, nombre y apellido.
Por estos días, hemos escuchado voces y leído en redes sociales la posición de distintos sectores sobre este asunto, ejemplo es el encabezado de la presente columna, un fragmento de la declaración publicada por la Conferencia Episcopal de Guatemala, lo hizo también la Asamblea Social y Popular (ASP), las autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán y otros colectivos ciudadanos que advierten estar atentos al trabajo de las CP.
Son unánimes en denunciar las malas prácticas de algunos comisionados y anticipar disposición a defender el cumplimiento constitucional de renovar Cortes de Justicia en octubre próximo.
