Saludo a editores, libreros y escritores guatemaltecos por la XXI Feria Internacional del Libro en Guatemala FILGUA 2024. En particular al denodado y perseverante trabajo de Raúl Figueroa Sarti y su equipo de colaboradores. Divulgar cultura letrada, promueve el ejercicio de derechos y libertades fundamentales de los seres humanos.
Este año la FILGUA se dedica al escritor Francisco Pérez de Antón y está abierta del 4 al 14 de julio en Fórum Majadas, zona 11 de ciudad Guatemala. Éxitos.
Solidaridad con el colega Ramón Cadena Rámila, perseguido político.
Todos los Estados del mundo tienen el deber de proteger, promover, respetar y garantizar la tutela de los derechos humanos (DD. HH.) para todos sus habitantes, Guatemala no es excepción.
Estos derechos son universales, indivisibles, inalienables e inherentes a los seres humanos. Su génesis se remonta a los primeros tiempos de la especie humana, son tan antiguos como la misma humanidad.
Nacen para proteger a las personas de los abusos de autoridad del Poder Público, o sea, del Estado y sus agentes -las fuerzas de seguridad y todas las demás personas que sirven en el sector público-, quienes en el ejercicio de sus cargos son potenciales sujetos violadores de DD. HH.
Cuando se habla de violación de derechos humanos, los únicos que violan estos derechos por acción u omisión son el Estado y sus agentes. Esto debe quedar muy claro, sobre todo porque hay mucha ignorancia de este tema y la ignorancia es la madre de la intolerancia, por eso el Poder Público abusa de su autoridad.
Defender derechos humanos no quebranta la ley, los defensores de derechos no somos delincuentes. Tratados internacionales de derechos humanos legitiman la defensa de estos derechos. La Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, resolución 53/144, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en 1998, claramente garantiza el derecho a defender derechos.
La persecución y criminalización judicial iniciada por actores universitarios, contra el abogado Ramón Cadena Rámila y 26 personas más es espuria, no obstante, el Ministerio Público los vincula al caso “Botín político USAC” y por ese motivo, solicitó orden de captura ante la policía internacional (INTERPOL por sus siglas en inglés).
Como lo denunció Cadena Rámila, el citado caso es un montaje, es persecución política desatada por defender derechos humanos de la comunidad universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala, única universidad pública en el país.
La persecución política contra cualquier defensor que ejerce el derecho a defender derechos humanos es un crimen de lesa humanidad, por tanto, de continuar la persecución contra Cadena Rámila, el Estado guatemalteco y actores del sector justicia serán responsables de vulnerar sus derechos humanos y los de 26 personas más.
Para el caso de Guatemala, insisto en la necesidad de iniciar un proceso de alfabetización en derechos humanos para la población y autoridades de todos los niveles. Esto es de urgencia nacional. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), ofrece apoyo técnico, materiales educativos, recursos audiovisuales y programas que ya se implementan en otros países.
Alfabetizar en derechos humanos significa enseñar a la población cuáles son sus derechos, libertades y deberes que puede ejercer y debe exigir su cumplimiento; a las autoridades de Estado y de Gobierno para que conozcan sus obligaciones y cumplan con el deber de respetar, promover y proteger los DD. HH. de los gobernados.
En Guatemala, solo una sólida alfabetización en derechos humanos que construya cultura de paz, eliminará para siempre la ignorancia e intolerancia que predominan sobre esos derechos.
Y ante la vulnerabilidad a la que están sujetas las personas defensoras de DD. HH., urge que el presidente Bernardo Arévalo apruebe, implemente y aplique el Programa Nacional de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, propuesta presentada hace más de veinte años que continúa paralizada. La alfabetización y el programa de protección citados deben priorizarse, solo se requiere voluntad política de los Gobernantes.
