“Son niñas, no madres”, el título de esta columna, lo tomé de la campaña de sensibilización que ahora mismo impulsan el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) y la organización “Mujeres transformando el mundo” (MTM), para atraer la atención del Gobierno de Guatemala sobre el caso de Fátima, una niña de 13 años, abusada sexualmente en 2009, embarazada y obligada a continuar el embarazo en contra de su voluntad.
Hace cinco años en mayo de 2019, este caso junto a otros tres similares ocurridos en Ecuador y Nicaragua, se sometieron a conocimiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La denuncia la presentaron las organizaciones no gubernamentales siguientes: Mujeres Transformando el Mundo (MTM), Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), el Centro de Derechos Reproductivos, el Planned Parenthood Global y Surkuna de Ecuador.
Según el OSAR, los cuatro casos de Fátima, Norma, Susana y Lucía son representativos del patrón regional de niñas madres, debido a la persistencia de la violencia sexual, la ausencia de políticas públicas y la falta de acceso a la justicia.
Con relación al caso Fátima, la denuncia del hecho la hizo su madre desde el 2009. El agresor de la niña es catedrático universitario y al momento del abuso, era funcionario público. Un órgano jurisdiccional ordenó la captura del abusador, pero por tráfico de influencias logró evadir la justicia, desde entonces se esfumó de la escena pública, a la fecha continúa prófugo.
En estos casos suele ser común que el trauma y daño psicológico por los abusos y la maternidad forzada, causen consecuencias a la salud física y emocional de Fátima. Ella tuvo que abandonar sus estudios y fue discriminada en su escuela y comunidad.
Las organizaciones que atienden el caso de Fátima, recuerdan que han pasado quince años desde que ocurrió el hecho, transcurridos entre apelaciones de la defensa e inútiles acciones de búsqueda del violador. Los denunciantes aseguran que, los contactos que mantiene el agresor dentro del Estado obstaculizan el cumplimiento de la justicia.
Confían que, en el marco del quinto aniversario de presentación de casos ante las instancias de Naciones Unidas, el Comité emita una resolución favorable y ordene a los Estados responsables una reparación digna y transformadora.
Por regla general, la violación sexual de niñas provoca embarazos prematuros, no deseados, daños físicos y psicológicos a las menores madres. La falta de educación sexual es un déficit del sistema educativo, sumado a la omisión del Estado con respecto a priorizar el interés superior del niño y asegurar la protección de niñas, niños y adolescentes. En este tema, la situación de Guatemala es preocupante.
Veamos algunos datos. De conformidad con registros del OSAR, en Guatemala durante el 2023 un total de 62,306 niñas y adolescentes fueron embarazadas a consecuencia de violación sexual. Entre ellas, 2,289 era niñas de 10 a 14 años.
Ese año los departamentos del país con mayores casos fueron: Alta Verapaz que acumuló 7,811, seguido de Huehuetenango con 7,423 y la tercera posición la ocupó Guatemala con 7,057.
Con relación al 2024 de enero a abril, OSAR lleva registrados 681 embarazos en niñas, todas víctimas de violencia sexual.
El país necesita alfabetización en Derechos Humanos. Es un asunto de urgencia nacional que solo requiere voluntad y decisión política.
