Factor Méndez

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Defensor Derechos Humanos. Catedrático. Periodista/Escritor. Estudió Derecho, Derechos Humanos y Trabajo Social en Guatemala, Honduras y Costa Rica. Catedrático San Carlos y Rafael Landívar. Fundador Centro de Investigación, Estudios y Promoción de Derechos Humanos CIEPRODH. Autor de ensayos y artículos sobre temas sociales, políticos, memoria histórica y Derechos Humanos.

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“Desde 1993, más de 1600 periodistas fueron asesinados por cumplir con su labor de informar al público. En nueve de cada diez casos los asesinos salen impunes. Eliminar la impunidad de crímenes contra periodistas es, “condición previa esencial para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información para cada ciudadano”. (Director general UNESCO. Informe 2022.)

El 2 de noviembre la humanidad celebró el Día Internacional para eliminar la impunidad de crímenes contra periodistas. Esta fecha tiene su origen el 18 de diciembre de 2013 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) aprobó la resolución A/RES/68/163, relativa a la seguridad de periodistas y la cuestión de la impunidad. Dicha resolución condena todo tipo de ataques contra trabajadores de medios de comunicación. Esa fecha se proclamó como Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, en conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses ocurrido en Malí en 2013.

El 2 y 3 de noviembre, UNESCO, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), conmemoraron este día internacional en la sede de la OEA, Washington D.C. Se enfocó en violencia contra periodistas, integridad de las elecciones y papel del liderazgo público.

Estadísticas 2022 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) informan que, “117 periodistas fueron asesinados entre 2020 y 2021”. En ese período, “América Latina y el Caribe concentraron el 38% de los asesinatos, seguidos de Asia y el Pacífico, con el 32% de los crímenes”. Esta misma fuente revela que en materia de justicia en casos de crímenes contra periodistas existe un 86% de impunidad y que, en 2021 “…el porcentaje de mujeres entre todos los periodistas asesinados casi se duplicó, pasando del 6% del anterior al 11%”. América Latina y el Caribe es la región con el mayor número de ataques mortales contra periodistas. 

Según UNESCO se busca “…sensibilizar a la opinión pública y a la comunidad internacional sobre los principales desafíos que enfrentan los y las periodistas y comunicadores en el ejercicio de su profesión, como así también sobre la escalada de violencia y represión en contra de estos profesionales”.

El informe 2022 del director general de UNESCO sobre seguridad de periodistas y el peligro de la impunidad destaca, “…la situación alarmante de los ataques y restricciones a la prensa en el contexto de la cobertura de protestas sociales; la activación de mecanismos judiciales contra periodistas por motivos de su labor periodística sobre asuntos de interés público; y el exilio forzado, que se ha transformado cada vez más en una de las principales alternativas para enfrentar la represión en algunos países de la región”.

Advierte que ataques a periodistas generan autocensura y quebrantan la ley, “…Si bien los asesinatos son la forma más extrema de censura de los medios, los periodistas también están sujetos a innumerables amenazas, que van desde el secuestro, la tortura y otros ataques físicos hasta el acoso en la esfera digital especialmente. Las amenazas de violencia y los ataques contra periodistas, en particular, crean un clima de miedo en los profesionales de los medios de comunicación, lo cual impide la libre circulación de información, opinión e ideas entre los ciudadanos”.

“…La impunidad trae consigo más asesinatos y, a menudo, es síntoma de un recrudecimiento del conflicto y del quebrantamiento de la ley y del desmoronamiento del sistema judicial”.

Sobre la violencia contra periodistas en sistemas democráticos, sostiene, “…Se quiere dar visibilidad al papel de una prensa segura y libre cuando se trata de garantizar la integridad de las elecciones y de nuestros sistemas democráticos. Lo que reafirma la obligación de los Estados de adoptar medidas eficaces para proteger a la prensa independiente y reforzar los marcos institucionales que combaten la violencia y la impunidad, y que promueven la independencia, la sostenibilidad y la diversidad de los medios de comunicación”.

Así pues, la tarea ciudadana y periodística es, defender las libertades de expresión y pensamiento. 

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