El pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala, oficializó el 28 de agosto de 2023, los resultados de la segunda vuelta electoral y adjudicó los cargos de presidente y vicepresidente de la República a los doctores Bernardo Arévalo de León y Karina Herrera Aguilar respectivamente, postulados por el partido Movimiento Semilla y quienes en teoría deberán asumir el ejercicio del Poder Público el 14 de enero de 2024 para el período 2024-2028.
Horas antes que los magistrados del TSE dieran a conocer los resultados, el director del Registro de Ciudadanos (RC) del TSE, informó que debido a la orden emitida por el juez Fredy Orellana, se suspendió provisionalmente al partido Movimiento Semilla.
A consecuencia de la carta enviada al Organismo Legislativo por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) en la que informa sobre la orden emitida por el juez Fredy Orellana, la junta directiva del Congreso decide actuar. En la sesión ordinaria del 30 de agosto, Shirley Rivera, presidenta de la junta directiva y diputada del partido VAMOS, del actual Gobierno de Alejandro Giammattei, desconoció a la bancada de diputados del Movimiento Semilla. Tal decisión significa que, desde ahora y hasta el 14 de enero de 2024 cuando se instale la nueva y décima Legislatura, los diputados de Semilla pasan a ser independientes, excluidos de los espacios de decisión.
A toda costa y a cualquier costo, las élites depredadoras y redes de corrupción e impunidad incrustadas en el bloque que domina el poder político y que perdieron las votaciones, pretenden descarrilar el proceso electoral, desconocer resultados, anular las votaciones e impedir que el 14 de enero de 2024 tome posesión el binomio Arévalo-Herrera.
El sistema de justicia está al servicio de estas redes que cometen actos ilegales, ejecutan acciones inconstitucionales, promueven discursos de odio y ansían implantar terror y miedo para silenciar voces, amordazar las libertades de pensamiento, expresión, información, investigación, prensa e inmovilizar la acción ciudadana. La indignación y repudio es la respuesta ciudadana. La ciudadanía está fastidiada de las sucias maniobras ilegales que los corruptos impulsan con la intención de sembrar zozobra, incertidumbre, inseguridad y desconfianza, que no lograrán.
Esta semana varios colectivos ciudadanos, autoridades ancestrales de los pueblos originarios, alcaldías indígenas de todo el país, gremios de profesionales, académicos, sindicales, estudiantiles, de mujeres y religiosos, reiteraron su enérgica protesta y advierten que, si se anulan las elecciones o se interrumpe la toma de posesión del binomio ganador, en legítima resistencia no violenta, tomarán las calles y ciudades hasta paralizar el país.
A lo anterior, se suman los reclamos unánimes y sincrónicos de las comunidades nacional e internacional por la excesiva judicialización del proceso electoral, del uso indebido del Derecho penal, de las actuaciones del Ministerio Público (MP) y las decisiones del Juez Séptimo del Ramo Penal, son legítimos y contundentes porque las citadas acciones las impulsa el bloque en el poder, aferrado a privilegios y a la satisfacción de intereses personales, concedidos por la corrupción e impunidad que los envuelve.
Respecto a las intenciones de vulnerar principios democráticos y burlar la voluntad de la mayoría ciudadana expresada en las urnas el 20 de agosto de 2023, Francisco Mora, embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó: “Es evidente que el Ministerio Público ha afectado la integridad del proceso electoral. En primer lugar, al tratar de revocar el estatus legal del partido Semilla en un proceso electoral, y a la vez haciendo redadas y allanamientos en las instalaciones de este partido. Al hacer estos allanamientos, el Tribunal Electoral estaba en una posición difícil para poder certificar los resultados de la elección en Guatemala”.
Los embajadores de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders; de Colombia, Luis Ernesto Vargas; de Canadá, Hugh Adsett; de República Dominicana, Josué Antinoe Fiallo; de Costa Rica, Montserrat Solano; de Chile, Sebastián Kraljevich, y de Estados Unidos, Francisco Mora, agregaron que, “… el MP interfería en los comicios”.
