Factor Méndez Doninelli
En Guatemala ante la cooptación del Estado y la incontrolable corrupción en el sector público, estamos acostumbrados a que las sanciones y castigos a los corruptos vengan de afuera, y es que en este país el sistema de justicia protege a los corrompidos, obstaculiza el avance de las investigaciones e impide que se conozca la confabulación de los Gobernantes guatemaltecos con los intereses extranjeros, tal como ocurre con la componenda rusa tejida alrededor de las operaciones de la mina Fénix, localizada en el municipio del Estor en el departamento de Izabal.
La propietaria de este proyecto minero es la empresa ruso-suiza Solway. Desde el 2005, esta explotación minera de capitales nacionales y extranjeros extrae minerales estratégicos como níquel y posiblemente uranio que exporta a países de Europa para diferentes usos.
Las operaciones extractivistas en el Estor generan daños al medio ambiente, contaminan el agua del lago de Izabal y con el apoyo del Estado y Gobierno reprimen a las comunidades indígenas Q’eqchi’, opuestas al funcionamiento de la mina. Para asegurar sus operaciones, la empresa minera soborna a autoridades nacionales y locales a efecto de continuar operando sin sobresaltos ni inconvenientes. La corrupción promovida por los empresarios rusos, involucra al actual presidente guatemalteco Alejandro Giammattei quien presuntamente recibió dinero; este caso se conoce como “la alfombra mágica” o “la trama rusa.”
Por estos hechos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que se sancionó al ciudadano ruso Dmitry Kudryakov y a la ciudadana bielorrusa, Iryna Litviniuk, “por dirigir múltiples esquemas de soborno durante varios años que involucraron a políticos, jueces y funcionarios gubernamentales.”
Por las mismas razones, también fueron sancionadas la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), la Compañía Procesadora de Níquel (Pronico) y Mayaniquel, subsidiarias del grupo Solway Investment que explota la mina Fénix desde 2011.
“Las personas y entidades están designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa e implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos y se enfoca en los perpetradores de abusos graves de derechos humanos y corrupción en todo el mundo”, indica el comunicado de la OFAC.
Agrega que, “Litviniuk llevó a cabo actos corruptos en apoyo de los esquemas de tráfico de influencias rusos al dar pagos en efectivo ilegalmente a funcionarios públicos a cambio de apoyo a los intereses mineros rusos.”
Explicaron que Kudryakov y Litviniuk fueron designados, “por haber asistido materialmente, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, bienes o servicios o en apoyo de la corrupción, incluida la apropiación indebida de bienes del Estado, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o soborno.”
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson sostuvo, “apoyamos al pueblo de Guatemala y apoyamos la protección de los recursos naturales de su país contra la explotación externa”.
“Usaremos nuestras herramientas para ayudar a garantizar que los especuladores corruptos enfrenten consecuencias por robarle al pueblo guatemalteco.”
“El gobierno de los EE. UU. sigue comprometido con la identificación de actos de corrupción y la promoción de la rendición de cuentas de los actores corruptos y la interrupción de su acceso al sistema financiero internacional y de los EE. UU”, agregó dicho funcionario.
Como vemos, los castigos vienen de afuera y la justicia tarda, pero llega.
