Factor Méndez Doninelli
Sucedió el 26 de octubre del presente año en Guatemala. Ochenta familias indígenas Q’eqchí de la comunidad de Chapín Abajo ubicada en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, fueron atacadas por fuerzas combinadas de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del ejército, quienes intentaron por la fuerza ocupar esa comunidad para capturar a nueve autoridades ancestrales y desalojar del territorio a sus habitantes.
Ese intento fracasó porque los pobladores mediante acciones de resistencia no violenta se opusieron. Destaca la valiente lucha de las mujeres Q’eqchíes, quienes encabezaron la defensa de su comunidad y evitaron hasta ahora, que las fuerzas represivas del Estado realizaran la ocupación del territorio, la captura de las autoridades ancestrales y el intento de desalojo.
La resistencia indígena en ese municipio no es reciente, tampoco inédita. Es una lucha que tiene varios años de existir y se distingue porque se enfrentan a poderosos intereses empresariales de capitalistas nacionales y extranjeros, protegidos por altas autoridades del Estado y del Gobierno guatemaltecos.
Se trata de la empresa NaturAceite que, durante años mantiene un constante hostigamiento a las familias residentes en la comunidad Chapín Abajo, con la intención de desalojarlas del territorio porque aseguran es una propiedad privada y para ampliar el monocultivo de palma africana.
Esta misma empresa ha denunciado y criminalizado a algunos dirigentes comunitarios a quienes señala del delito de usurpación agravada, es el caso del defensor del territorio Oswaldo Reyes Chub Caal, quien cumplió nueve meses en prisión detenido en el presidio de Puerto Barrios, Izabal y que el pasado 8 de agosto recuperó su libertad. Hay otros líderes comunitarios que tienen órdenes de captura.
En el fracasado intento del 26 de octubre de este año, los policías dispararon sus armas de fuego y lanzaron bombas lacrimógenas contra los pobladores con la pretensión de subyugarlos, aunque no se reportaron personas lesionadas o heridas; como indiqué antes, el coraje de las mujeres Q’eqchíes logró impedir que las fuerzas de seguridad lograran su objetivo.
Estos hechos son claros abusos de autoridad y constituyen graves violaciones a los derechos humanos de los habitantes. Por estas mismas razones, el día de los acontecimientos citados, solicité públicamente que la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) iniciara una investigación de lo ocurrido y verificara in situ las condiciones de seguridad, integridad y libertad de los residentes comunitarios.
Han transcurrido más de cuarenta y ocho horas desde que ocurrió el ataque de las fuerzas de seguridad, policías y ejército contra la población pacífica desarmada de Chapín Abajo, sin embargo, es la hora en que la PDH no ha expresado ninguna opinión al respecto, mucho menos informado de alguna investigación sobre los acontecimientos ocurridos.
El silencio de esta institución es motivo para pensar que las nuevas autoridades al frente de la PDH, son presuntos partícipes de esa conducta abusiva de las fuerzas de seguridad del Estado. De ser cierta esta presunción, confirma el rumor que la PDH también ha sido cooptada por las redes de corrupción e impunidad que han secuestrado al Estado y sus instituciones para servir a la dictadura fundamentalista que hasta hoy controla el Poder Público.
Estas acciones sustentan y fortalecen la resistencia no violenta que los pueblos impulsan para la defensa de los derechos y libertades, hoy vulnerados por los gobernantes corruptos.
