Factor Méndez Doninelli
¿Cuáles son las capacidades profesionales de los cuerpos de seguridad del Estado? ¿Por qué las unidades de inteligencia civil y de la policía son tan inútiles e ineficaces para combatir al crimen organizado? La Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 2º señala los deberes del Estado y dice: “Es deber del Estado garantizarles a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.”
En Guatemala, a los gobernantes y autoridades les importa un comino ese deber del Estado, es notoria la absoluta incapacidad o complacencia de las autoridades encargadas de la seguridad pública y de la Policía Nacional Civil, que dejan el campo libre para que la delincuencia común y organizada actúe con completa libertad y total impunidad, que ponga de rodillas a la ciudadanía honrada y trabajadora que ante los actos criminales es impotente, constantemente acorralada por asesinos, ladrones, extorsionistas, secuestradores, violadores, narco traficantes y criminales de todas las calañas.
Los asesinatos de mujeres, hombres y adolescentes son cotidianos, los hurtos y allanamientos a residencias y comercios se cometen a plena luz del día, los asaltos en la vía pública son el pan de cada día, el robo a mano armada de vehículos y motocicletas es invariable, las extorsiones que dañan la economía de los pequeños y medianos negocios y comercios son habituales, la desaparición y secuestro de mujeres, niñas y niños aflige a miles de familias, las violaciones sexuales de niñas y mujeres son usuales y el accionar de los moto ladrones, sicarios y narcos, aumentan la angustia y el temor de la población en todo el territorio nacional. Todo esto sucede, ante la vista, indiferencia y paciencia de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad pública.
En este país, son más altas las estadísticas de los hechos criminales que las acciones de la policía para prevenir, contener y controlar los actos de la delincuencia. Por el momento, Guatemala es uno de los países más violentos e inseguros de la región centroamericana, lo confirman los altos índices de violencia e inseguridad públicas, lo que parece indicar que el trabajo de la policía para cumplir con los deberes del Estado citados en el artículo 2º de la Constitución, es completamente nulo, ineficaz y complaciente con las bandas de delincuentes. Además, en múltiples ocasiones ha quedado demostrado que elementos de las propias fuerzas de seguridad del Estado, policías y militares están comprometidos en actos criminales o forman parte de las estructuras del crimen organizado, como extorsionistas, ladrones, asesinos o narco traficantes.
Entonces, es fácil comprender que cuando impera la impunidad o sea la falta de castigo, se estimula a las personas que acostumbran burlarse de la ley, de las autoridades y de la justicia porque saben que, en Guatemala los Gobernantes y las máximas autoridades de los tres Poderes del Estado dan el mal ejemplo al violar la Constitución, debilitar el Estado de Derecho, corromper las instituciones, retorcer las leyes y lesionar la frágil democracia que se intenta consolidar. En otras palabras, mientras que la corrupción e impunidad se propicien y toleren, la inseguridad pública crecerá y con ella también aumentará la emigración de la gente que, ante la incapacidad del actual Gobierno para garantizar la paz y el bienestar común, prefiere huir de este país.
