Factor Méndez Doninelli
Solidaridad y apoyo al juez Miguel Ángel Gálvez. Repudio las amenazas que recibe derivadas de su integridad profesional, ética e independencia como administrador de justicia. Los ataques a su persona vulneran el Estado de derecho, la seguridad jurídica y física de quienes desempeñan funciones jurisdiccionales, además quebrantan la independencia judicial, establecida en los artículos 203 de la Constitución Política de la República y 27 de la Ley de la Carrera Judicial.
Con respecto a las niñas y adolescentes guatemaltecas víctimas de abuso sexual. Según el registro estadístico del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), durante el primer trimestre enero-marzo de 2022, se comprobaron 19,024 nacimientos producto de embarazos no deseados de niñas y adolescentes abusadas, de los cuales, 566 son de niñas menores de 14 años y 18,458 de adolescentes. Aparte del abuso sexual de las menores, también muchas de ellas son víctimas de trata de personas.
Ambos hechos, siguen ocurriendo de manera recurrente a pesar que constituyen delitos penales graves que deben ser perseguidos y castigados con el mayor rigor posible, sin embargo, en Guatemala el Estado y sus autoridades es poco o nada lo que hacen para prevenir y erradicar esos perversos actos, además el sistema de justicia es inoperante, por tanto, funcionarios y autoridades encargadas de su protección vulneran sus derechos humanos y el Principio del Interés Superior del Niño.
En muchos casos, niñas y adolescentes son institucionalizadas por el Estado y llevadas a acogimiento residencial en los denominados “hogares seguros”, donde se supone que reciben atención psicosocial y protección temporal bajo custodia del Estado y la responsabilidad de la Secretaría de Bienestar Social SBS de la presidencia de la República, no obstante, en estos “hogares” viven hacinadas, sometidas a más abusos, inseguras y revictimizadas.
Aún está fresca en la memoria colectiva, el horror vivido por el incendio ocurrido hace cinco años (2017) en el “hogar seguro” Virgen de la Asunción, donde murieron quemadas cuarenta y una niñas entre 13 y 17 años, un hecho que continúa impune porque las autoridades de ese entonces, continúan sin recibir ningún tipo de sanción.
Y como sino aprendiéramos la lección, se vuelve a repetir la misma historia y levantar la indignación ciudadana, porque apenas hace siete días, el 7 de mayo para ser más preciso, se produjo un nuevo incendio en otro de esos “hogares seguros” localizado en la zona 2 de ciudad Guatemala, donde estaban hacinadas 53 niñas y adolescentes en un espacio calculado para albergar a 35 personas. Lo más repugnante es que ese día, las niñas estaban encerradas en el sótano de la vivienda y los monitores encargados de su seguridad y protección no las liberaron. Fueron los bomberos quienes, al llegar, lograron sacarlas, varias con síntomas de intoxicación por efectos del monóxido de carbono y otras con quemaduras en los pies.
Por lo que se sabe, para este tipo de emergencias no existen protocolos de atención y tampoco responsables de la protección de las niñas, lo que es una clara violación a la legislación nacional y a los Convenios y Tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala en materia de derechos de la niñez. En esto, toda la responsabilidad recae en los funcionarios de la SBS, de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio Público, por ser ineficaces para esclarecer los hechos y aplicar sanciones penales a los presuntos responsables.
Es necesaria la atención y reparación digna de las niñas afectadas y sus familias, así como, reformar el Sistema de Protección Integral de la Niñez, crear una institución especializada, garante, eficiente y profesional que sustituya a la actual SBS, sobre todo, que se observe, atienda y respete el Interés Superior del Niño.
