Factor Méndez Doninelli
Homenaje a las mujeres Achí por su dignidad, coraje, perseverancia y decisión de exigir justicia por las violaciones sexuales y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, cometidas en su contra por miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil PAC, durante el conflicto armado interno en Guatemala.
Después de décadas de romper el silencio, denunciar y buscar justicia, en 2022 cinco expatrulleros fueron condenados por los abusos.
Este año se cumple los cuarenta y dos aniversarios de la matanza en la embajada de España, oportunidad para recordar a las nuevas generaciones que se debe asegurar la garantía de no repetición de este tipo de conductas intolerantes y combatir la impunidad. El incendio en esa sede diplomática fue provocado por elementos de la antigua policía nacional de la dictadura militar del general Fernando Romeo Lucas García (1978-1982). El ataque ilegal a esa representación diplomática culminó con la ejecución extrajudicial de 37 personas, todas civiles y desarmadas que ese día murieron calcinadas.
El hecho sucedió en ciudad Guatemala el 31 de enero de 1980, luego que un grupo de campesinos mayas de la etnia Quiché y estudiantes universitarios de la Universidad de San Carlos, ocupó la citada embajada para atraer la atención nacional e internacional sobre las atrocidades que el ejército guatemalteco cometía contra la población indígena, sobre todo del área Ixil.
Al conocer la ocupación de la embajada, el Gobierno guatemalteco en flagrante violación al derecho internacional ordenó a la policía desalojar al grupo campesino, rechazando la petición del embajador español Máximo Cajal de que se retiraran para buscar una solución pacífica mediante el diálogo. Luego de la acción de la policía, el Gobierno de España presidido por Adolfo Suárez rompió relaciones diplomáticas con Guatemala, restablecidas hasta cinco años después en 1985.
Por responsabilidad en el incendio de la embajada y la ejecución de personas fueron acusados: Donaldo Álvarez Ruiz, ex Ministro de Gobernación, hasta la fecha prófugo, Germán Chupina Barahona, ex director de la PN y el general Óscar Humberto Mejía Víctores, ya fallecidos, además Pedro García Arredondo, ex jefe del extinto comando seis de la policía. El 19 de enero de 2015 el Tribunal B de Mayor Riesgo, condenó a García Arredondo a 90 años de prisión por encontrarlo culpable de las muertes. También recibió condena por la ejecución de dos estudiantes universitarios que participaban en las honras fúnebres de las víctimas de la masacre.
Entre los fallecidos están el ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Cáceres Lehnhoff y el ex canciller, Adolfo Molina Orantes, quienes el día del fatal desenlace se encontraban de visita en la embajada. También el cónsul de España Jaime Ruíz del Árbol y los ciudadanos españoles, María Teresa Villa y Luis Felipe Sanz.
Las otras víctimas fueron: Juan Chic Hernández, Vicente Menchú, (Padre de Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz), Gabina Morán Chupé, María Pinula Lux, Regina Pol Juy, María Ramírez Anay, Antonia Ramírez Anay, Mateo Sic Chen, Mateo Sis, Juan Tomás Lux, Francisco Tum Castro, Gaspar Vivi, Juan Us Chic, José Ángel Xoná Gómez, Juan López Yac, Gregorio Yuja Xoná, Mateo López Calvo, Juan José Yos, Francisco Chen Tecú, Salomón Tabico Zapeta, Edgar Rodolfo Negreros Straube, Leopoldo Pineda, Luis Antonio Ramírez Paz, Sonia Magali Welches Hernández, Lucrecia Anleu, Lucrecia de Avilés, Mary de Barillas, Nora Mena Aceituno, Miriam Rodríguez, Fernando Antonio García Rac y Trinidad Gómez Hernández.
En aquel tiempo había un mundo bipolar, dos potencias mundiales opuestas (Estados Unidos y la ex Unión Soviética) se disputaban el dominio del planeta, estaba vigente la guerra fría, la Doctrina de la Seguridad Nacional, las políticas anticomunistas contrainsurgentes promovidas por el imperialismo estadounidense para contener lo que llamaron “el avance del comunismo”.
En Guatemala estaba en auge la resistencia armada y debido a la polarización social existente cualquier acto, expresión o acción de personas, grupos, organizaciones o instituciones de oposición al Gobierno se consideraba “subversivo”. Ante un probable triunfo insurgente, el ejército desató una ofensiva militar sin precedentes, violatoria de derechos humanos tales como tierra arrasada, genocidio y crímenes de lesa humanidad (detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, tratos crueles e inhumanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o involuntarias), todo lo cual causó miles de víctimas. Por esto, es necesario el rescate de la memoria histórica.
