Factor Méndez Doninelli
El Informe 2021 sobre Guatemala de Human Rigths Watch (HRW) con sede en Washington, D.C. cuestiona a varias instituciones públicas guatemaltecas e indica que este país tiene un Congreso de la República cuestionado por sus actuaciones, recordó el retraso en el proceso de elección de Salas de Apelaciones y magistrados para el período 2019-2024, responsabiliza al Congreso de la República de no acatar una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC). Varias acusaciones de corrupción de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) surgieron respecto a este proceso, incluyendo el presunto tráfico de influencias en la conformación de los postulantes.
Refiriere el informe que en abril de 2021 los congresistas se abstuvieron de juramentar a la jueza Gloria Porras como magistrada del nuevo período de la CC, designada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos (CSU-USAC). En julio se solicitó nuevamente la juramentación; pero hasta la fecha ésta no se ha concretado.
Para HRW el Ministerio Público (MP) obstaculiza la rendición de cuentas y es una amenaza a la independencia judicial. A la Fiscal General María Consuelo Porras se le considera cómplice en los ataques contra los jueces de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez, Yassmin Barrios, Erika Aifán y Pablo Xitumul.
Con relación a la lucha contra la corrupción, HRW estima que el 2018 marca un punto de inflexión para el Estado de Derecho en Guatemala, por la salida de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad (CICIG) debido a que descubrió la corrupción que impera en los tres poderes del Estado. HRW advierte que tres años después que no hay CICIG el contexto guatemalteco ha cambiado de forma menos favorable.
En términos de justicia, esta parece ser cada vez más inaccesible para las víctimas del Conflicto Armado Interno (1960-1996). HRW identificó entre los mayores retrocesos las dificultades en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, en su mayoría indígenas y los lentos avances en el proceso penal de casos de delitos de lesa humanidad.
Las niñas y adolescentes del país continúan siendo uno de los principales blancos de violencia en sus distintas manifestaciones. Entre enero y noviembre de 2021 se registraron 65,119 nacimientos en madres de 15 a 19 años y 1,879 en madres de 10 a 14 años. HRW enfatizó que en la legislación de Guatemala el aborto solo está permitido “cuando la vida de la madre está en riesgo”.
HRW recordó las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos. Guatemala ocupa el puesto 116 de 180 países evaluados en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Esto se refleja en ataques verbales por parte del mismo presidente de la República, la impunidad que gozan los agresores y el limitado acceso a la información desde que inició el Gobierno de Alejandro Giammattei.
En este caso Guatemala no se salva, durante 2021 los derechos y libertades fundamentales de periodistas, prensa y medios de comunicación estuvieron bajo ataques por parte de los actuales gobernantes, de élites ultraconservadoras, políticos corruptos, militares mafiosos, de un sistema de justicia cooptado y sectores oscuros y fascistas que amparados en la impunidad, pretenden paralizar el trabajo de periodistas independientes y callar voces disidentes que denuncian la corrupción e impunidad que caracterizan a grupos mafiosos, que mantienen capturado al Estado y sus instituciones.
