Factor Méndez Doninelli
Después que en Guatemala se detectó la existencia de las variantes Delta, Alfa y Beta los contagios, hospitalizaciones y muertes por Covid-19 se han multiplicado en números alarmantes que traen luto, duelo y dolor a miles de familias. En este país, la irresponsabilidad e incapacidad del Gobierno de Alejandro Giammattei provoca que la pandemia rebase todas las predicciones y ahora está fuera de control. Todos los días se pierden muchas vidas y desde que se decretó la emergencia sanitaria hace dieciocho meses, hay un acumulado que inicia septiembre con más de 12 mil fallecidos.
¿Qué ha pasado en estos dieciocho meses de emergencia? El Gobierno guatemalteco tuvo tiempo suficiente para planificar, combatir y controlar con eficacia, eficiencia y sostenibilidad esta mortal enfermedad, pero no lo hizo, tampoco decidió fortalecer el frágil sistema de salud nacional, no se preocupó de reservar y negociar con anticipación las vacunas para inmunizar a su población de más de 17 millones, no se preparó para enfrentar las olas de contagio que ocurren, ocurrirán y que sobretodo castigan a sectores sociales vulnerables, como los pueblos indígenas, las mujeres, los campesinos, la niñez y adolescencia, la juventud, la diversidad sexual y los discapacitados.
En este momento cuando el sistema nacional de salud atraviesa por una crisis sin precedentes, una ola de la variante Delta golpea a la población guatemalteca. Las unidades de cuidados intensivos están rebasadas en su capacidad, los médicos piden a gritos que no lleven más pacientes por falta de espacio, de camas, de equipos, de medicinas y de especialistas.
El proceso de vacunación además de tardío, es lento, excluyente y aunque a cuenta gotas es progresivo, hasta septiembre apenas el 7,00 por ciento del total de la población han sido protegidos con dosis completa. También hace falta que el Gobierno promueva un plan de comunicación masivo, para informar a la población en todos los idiomas Mayas, xinca y garífuna sobre las vacunas, los lugares y horarios de vacunación, con mensajes claros por todos los medios disponibles y redes sociales.
Los hospitales nacionales funcionan en condiciones difíciles, excedidos en su capacidad de camas, de espacio, con personal profesional y técnico agotado e insuficiente, con escasez de equipos, de insumos, de medicamentos, de camillas, oxígeno y aparatos para entubar pacientes. En esas condiciones, por el mal Gobierno, los actos de corrupción, opacidad e impunidad que lo rodean, el Estado guatemalteco viola derechos humanos sociales de la población, tales como la seguridad social, la salud y el bienestar.
Los profesionales de la salud protestan por la crisis sanitaria y la población por la crisis político estructural motivada por el pésimo manejo de la pandemia y la opacidad en la administración de los fondos públicos, que generó la petición de renuncia del presidente Giammattei, de la Fiscal General Consuelo Porras, la depuración del Congreso Nacional, del Tribunal Supremo Electoral, las altas Cortes de justicia y la convocatoria a una Asamblea Plurinacional Constituyente.
La población sabe que el Gobierno no trabaja a favor del bien común y que a pesar de la disponibilidad de millones de quetzales para atender la emergencia sanitaria, el país tiene una crisis de salud sin precedentes y crisis política social por el rechazo a los gobernantes y la ingobernabilidad. Los pueblos indígenas y organizaciones sociales exigen la Asamblea Plurinacional Constituyente y un nuevo Pacto Social.
