Es ineludible una digresión sobre corrupción, derechos humanos, independencia judicial, en el período de julio 2017, lo que expresó Diego García-Sayán, Relator Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados. “La corrupción impacta de manera directa sobre la vigencia de los derechos humanos, especialmente por dos vías.”
I) De un lado, priva a las sociedades de recursos importantes que podrían servir para atender necesidades básicas en materia de salud pública, educación, infraestructura o seguridad. «La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos ha indicado que el costo de la corrupción, en sus diversas modalidades, equivale a más del 5% del PIB mundial”. La corrupción tiene consecuencias nefastas directas sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado, en general, y, en particular, sobre la administración de justicia. Reduce la confianza pública en la justicia y debilita la capacidad de los sistemas judiciales de garantizar la protección de los derechos humanos y afecta las labores e independencia de jueces, fiscales, abogados y otros profesionales del ámbito jurídico.
Al buscar la impunidad, la corrupción tiene un efecto devastador sobre el sistema judicial en su conjunto. Es una causa de los derechos humanos, enfrentar la corrupción y su penetración en la administración de justicia. También lo es que se actúe contra la corrupción desde la administración de justicia. En esto, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es un instrumento fundamental para la protección de los derechos humanos.
II) Corrupción en los sistemas judiciales.
“La corrupción debilita medularmente la administración de la justicia, ya que genera un impedimento sustancial al ejercicio del derecho de las personas a un juicio imparcial y menoscaba gravemente la confianza de la población en la judicatura. La corrupción tiene varias caras y el soborno es sólo una de ellas, la otra es la de la corrupción política, muchas veces más inasible e imprecisa. Su amplio rango de acción le permite influir no sólo en el sistema judicial sino prácticamente en todos los estamentos de la administración del Estado . . . ”
III) Corrupción y responsabilidad histórica de la justicia.
«Las normas internas en los diferentes estados y varios instrumentos internacionales relevantes establecen distintos rangos de obligaciones para enfrentar la corrupción. Pero así como los sistemas judiciales están en la línea de mira de la corrupción y del crimen organizado, las sociedades tienen precisamente en los sistemas judiciales su principal instrumento de prevención y de combate a la corrupción.
El artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, -tratado internacional fundamental- hace hincapié en el papel decisivo del poder judicial en la lucha contra la corrupción y establece que, para desempeñarlo eficazmente, el propio poder judicial deberá estar libre de corrupción y sus miembros deberán actuar con integridad. En la Convención se han regulado y normado lineamientos sustantivos fundamentales en materia de organización interna para prevenir y enfrentar la corrupción.
“Hay en el tratado obligaciones medulares -sin precedentes en un tratado multilateral- en materia de cooperación internacional entre aparatos judiciales y de fiscalías de Estados soberanos. Así, por ejemplo, obligaciones sustantivas y operacionales en materia de extradición, traslado de personas condenadas y asistencia judicial, remisión de actuaciones penales de un país a otro, investigaciones conjuntas y, en general, obligaciones sustantivas claras en materia de cooperación para el cumplimiento de la ley.”
IV) Integridad judicial y combate a la corrupción.
“En 2016, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito puso en marcha un programa mundial de promoción de una cultura de la legalidad, que incluye la creación de una red mundial de integridad judicial para intercambiar buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre los retos prioritarios y las nuevas cuestiones relativas a la integridad judicial y la prevención de la corrupción.”
Nosotros creemos que el cumplimiento judicial debe ser un modelo de gobernanza, con procesos de gobierno, instituciones, procedimientos y prácticas mediante los que se deciden y regulan los asuntos que corresponde que afecta al conjunto de la sociedad y para gestionar el riesgo de corrupción y garantizar la calidad e integridad del Poder judicial y la magistratura.
Esto pasó el 26 de abril de 2024, la autoridad judicial ordenó el sobreseimiento y por ello el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi Aparicio se libró de ir a juicio en el caso de Construcción y Corrupción, luego de que la jueza de Mayor Riesgo D dictara a favor de este corrupto. Porque al final, Sinibaldi se salió con la suya porque la jueza cierra este acontecimiento, declaró la juzgadora ”Por lo anterior, quien juzga considera que no existe la probabilidad de ser demostrados los hechos planteados en la acusación, en un debate oral y público, por lo que, de conformidad con el artículo 328 del Código Procesal Penal, se dictará auto de sobreseimiento”.
El Ministerio Público acusó a Sinibaldi por cuatro delitos: lavado de dinero en forma continuada, cohecho pasivo en forma continuada, financiamiento electoral no registrado en forma continuada y asociación ilícita. El corrupto de Sinibaldi también está procesado por varios casos de corrupción, supuestamente cometidos durante su administración al frente del Ministerio de Comunicaciones, entre estos, Construcción y Corrupción, “la Coperacha”, Transurbano, Arcas y Odebrecht.
En este vespertino, dijo el 30 de abril, llega tres meses al frente del Juzgado de Mayor Riesgo D y no pasa desapercibida Jueza Abelina Cruz: primero absolvió a “el Rey del Tenis”, siguieron Benito, Alejos y Sinibaldi. Y provocan masivas reacciones de ciudadanos ante las últimas resoluciones que favorecieron a dos exministros de los gobiernos de Jimmy Morales y Otto Pérez Molina.
Esta corrupta jueza arribó al Juzgado D, en septiembre de 2023, Cruz Toscano conoció el caso Comisiones Paralelas junto a dos colegas en el Tribunal de Mayor Riesgo E. Ahí los tres decidieron absolver y declarar inocentes de todo delito al abogado Sergio Roberto López Villatoro, más conocido como el «Rey del Tenis», su hermana Clara Guadalupe y el exmagistrado Giovanni Orellana Donis.
Otra vez estoy enfurecido y emputecido por la misma jueza porque el dictamen cierra el proceso penal contra Sinibaldi y con mucha preocupación de los vulnerables y aberrantes acontecimientos que desde hace exactamente hace siete días porque le quitaron los clavos a Sinibaldi, hay un repudio colectivo y la conciencia ciudadana, hacia una putrefacta clase de algunos jueces penales y la jueza Cruz que es criminal cuando salió a luz pública una red de corrupción, perversa y libertinaje.
Revela alto nivel de corrupción en las Cortes de Guatemala. Es un caso que ilustra cómo los más altos niveles del poder judicial en el país se habían convertido en un sindicato criminal. En Guatemala, hay una red de sobornos en la que jueces, magistrados, diputados y abogados reciben grandes sumas de dinero parte de la mejor crema del jet set, con políticas a cambio de asegurarles resultados positivos. Es necesario hacer investigaciones de las autoridades, en la misma Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad, estaba dedicado a ofrecerle a élites políticas, diputados, capitalistas, jefes y empresarios que manipulan las investigaciones en su contra a cambio de sobornos de cientos de miles de dólares.
En este medio de comunicación en esta narrativa, necesario un paréntesis y forzoso porque Alejandro Sinibaldi es un aristócrata, todo un deshonesto, un granuja, estos tipos políticos vende–patrias, a la conservadora oligarquía criolla, aquellos como estos que ha sumido a Guatemala en la mayor de la miseria y carencia.
Lo he dicho varias veces: Guatemala está hastiada de la corrupción y de los corruptos; Guatemala está urgida de seriedad y de compromiso; Guatemala necesita mujeres y de hombres que empiecen el rumbo de la nave, por senderos de justicia y libertad, seguridad y desarrollo, honestidad y valor. Gobernar es un compromiso de conciencia, una acción de conjunto en la búsqueda del bien común y de la solidaridad. Gobernar es armonizar el capital y el trabajo. Gobernar es dar seguridad a la ciudadanía. Gobernar es equilibrar la balanza de la Justicia.
Somos una Nación en búsqueda de una real y auténtica democracia. Nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de salvaguardar la libertad de todos los ciudadanos, de servir de fortaleza frente a todos los embates contra el albedrío e independencia. Tengo un sentimiento que me da exactamente cuenta que hoy ha quedado atrás la apatía política que ha caracterizado a la gran mayoría de guatemaltecos. Porque la libertad, el pluralismo y la tolerancia es nuestro código para proporcionar al pueblo todos los hechos que le permitan adoptar sus propias decisiones y proceder en su propio interés.
Mire usted jueza, como mujer y abogada es despreciable, una verdadera malvada y perversa. Usted mancilló y pisoteó las leyes, pervirtió y prostituyó el derecho y el ordenamiento jurídico, envileció su vida y la deshonró. Usted jueza es una mujer sin ideales, sin orgullo y sin respeto, tiene avaricia, es una servil y ojalá que usted se refunda en una prisión fría y maloliente.
Y termino mi columna con esos maleantes, cleptómanos y atracadores, que son la escoria y la corruptela de Sinibaldi Aparicio y Cruz Toscano, porque son parte de la bajeza, la impudicia, la oscuridad y la rapiña. Exigimos que la apelación que el Ministerio Público con hechos probados por su corrupción porque fue y sigue una figura visible del latrocinio gubernamental y que Sinibaldi Aparicio sea encarcelado y condenado.
