Siguiendo con esta saga, manifestamos que Guatemala debería ser una nación unida, enfrentándose con miles de retos y defendiendo los derechos legítimos de todos. Este país tiene testimonios con espíritu, con corazón y sentimientos de lucha. Los guatemaltecos tienen el compromiso de su autodeterminación, equidad, rectitud y justicia.
La depuración debe empezar con el organismo legislativo, porque la crisis de legalidad institucional y de representatividad política afecta y se extiende a los partidos políticos, que en el contexto de inobservancia de leyes no éticas crean con redes clientelistas y de cacicazgos. En el seno mismo de los partidos, renunciados y expulsados Shirley Rivera, Sandra Erica Jovel Polanco, Álvaro Arzú Escobar, Alan Rodríguez Reyes, Manuel Conde Orellana quien ya no es diputado y quiso ser presidente y es parte del pacto de corruptos y aún está en la teta y el testaferro de Alejandro Giammattei y sus hijastros trabajando en la Cancillería y Boris España Cáceres, quien en Estados Unidos fue castigado por corrupción y le niega ingreso a ese país a él y a su familia, porque el Departamento de Estado de EE. UU. publicó un comunicado y señala que España permanece en su cargo «pese a la conciencia generalizada de su participación en actos de corrupción importantes, lo que refleja una historia de impunidad en las instituciones gubernamentales de Guatemala», etcétera y etcétera.
Ojalá que la depuración sea renunciar a los parlamentarios y se completen todos los corruptos y que abandonen sus Comités Ejecutivos y sus Consejos Políticos de sus partidos. En la UNE, Vamos, Partido Unionista (PU) deben ser expulsados de sus posiciones partidarias, sus cargos y la membresía; los socialdemócratas (UNE) y los fascistas radicales de derecha extrema (Vamos y Unionistas) quienes jamás entendieron y valoraron una doctrina democrática que nunca ha significado el cometimiento de actos deshonestos y criminales, ideología que jamás podría permitir el latrocinio y la inmoralidad. Algunos diputados y magistrados son comparsas del que debiera ser el máximo Tribunal de Justicia del país. Necesitamos diputados dignos, probos, competentes, idóneos y de reconocida honorabilidad, alejados de la componenda política sectaria y nunca poseedores de los pecados capitales.
Es definitivo que en la política debe haber cambios sociales. En el ámbito político hay un amplio sector con criterios racionales, tienen una aplicación primordial. La política, que no es como pretenden algunos una simple “técnica de control social”, necesita de un aparato técnico basado en módulos racionales y criterios de eficiencia práctica. Ser experto de conocer del hombre moderno es un elemento distinto de su propia forma de actuar y su aplicación invade todas las actividades. Se ha criticado insistente el crecimiento del poder político y se ha señalado a la técnica especialista administrativa como el instrumento que ha servido para hacer efectivo este poder creciente. “No se puede dudar que, sin una Administración eficiente, el poder político podría ser todo lo absoluto que se quisiera en su fórmula, pero su efectividad práctica seguiría siendo muy débil“. Y fue la burocracia técnica la que dotó al poder del Estado de esa característica omnipresencia tan odiosa muchas veces. A pesar de todo, no parece posible hoy día privar al Estado de ese poder interesante, despojándolo y quitándole de un instrumento imprescindible como es la organización burocrática moderna. Caben reformas que hagan a la Administración más apta e incluso una desconcentración y descentralización que la torne más realista y más humana, pero no es posible imaginarse una organización política adecuada sin un sistema administrativo eficiente. Es este un punto que nadie se atreverá a poner en duda. Sólo por el hecho de disponer de una buena Administración hay países con una estabilidad política extraordinaria, y otros, gracias a ella, pueden sobrellevar los continuos cambios de gobierno.
Veamos en el campo administrativo es donde los criterios racionales, técnicos, tienen plena aplicación. Al tratarse de un instrumento, de un complejo técnico, puede ser sometido a la prueba de su eficiencia práctica. «Si un servicio público, del tipo que sea, no cumple -o lo hace deficientemente- la misión para la que ha sido creado, su descalificación es inexorable”. Poco importa que esté al servicio de un fin muy excelente y que quienes laboran en él se encuentran animados del mejor espíritu; por esas razones no dejarán de ser un instrumento inútil o defectuoso o equivocado. “Aquí, al tratarse de un servicio instrumental, hay posibilidades de valorar con criterios de eficiencia inmediatamente y no de ideologismo la calidad del instrumento”. Porque existe otro punto de conexión con el factor técnico en la política que merece ser considerado. Se trata de ver las razones que apoyan la planificación en la política. Modernamente, la planificación representa la manera más ordinaria de intervención del Estado en la esfera de la vida privada. De espectador al mundo liberal, el Estado se ha convertido hoy en empresario social de las actividades más diversas. Este hecho ha sido denunciado reiteradamente como el mejor sistema para llevar a esclavizar al individuo. La experiencia de un socialismo de Estado lo han demostrado cumplidamente. Así era antes y hoy, como está en la obra “Levitán” de Thomas Hobbes, que es una bestia, una quimera y devorador de los particulares. Nosotros creemos, que el Estado debe realizar en la sociedad el papel de catalizador, porque no se puede pretender sensatamente que vuelva a la actitud liberal inhibicionista. Porque el Estado necesita, si ha de cumplir su misión y visión para desarrollar un plan de gobierno para dirigir, como lo hacen los partidos Democracia Cristiana y Socialdemócrata. Si tiene conciencia de ser institución subsidiaria, su actividad se encaminará más a fomentar e impulsar las iniciativas particulares que a suplantarlos. De todos modos necesita unas directrices que, aunque puedan ser variadas y modificadas, no por eso deben dejar de existir. Lo acertado o perjudicial de una planificación, así como su mayor o menor intensidad, dependerá necesariamente de la situación del grupo social a gobernar. “No se puede condenar previamente, toda planificación política; hay que verla más bien como una cuestión de grado y de criterio”.
Para nosotros es necesario retomar y reiniciar el Proyecto que se explicó el 30 de mayo de 2015, por la invocación de la Convergencia Nacional para la Reforma Política -CONAREP-, y que otra vez se inicie su socialización en la comunidad nacional, lo empezó el llamado G-48, un grupo multidisciplinario surgido de la academia, la intelectualidad guatemalteca, las etnias y la comunidad de escritores, que formuló en un planteamiento a la ciudadanía, en donde dentro del marco constitucional y respetando la institucionalidad del Estado, hay que reformar varias leyes.
Otra vez concretamos a grandes rasgos en qué consisten estas reformas, mismas que en el tema de reforma electoral.
-Financiamiento público de las campañas electorales y del funcionamiento ordinario de las organizaciones políticas. Consensuar un sistema compuesto por acciones convergentes, encaminadas a dotar de autonomía funcional y democrática a los partidos políticos.
-Democratización imperativa del funcionamiento interno de las organizaciones políticas: asamblea plenaria con participación de un mínimo de 40% de afiliados; representación proporcional en el reparto de escaños de los Comités ejecutivos de las diferentes jurisdicciones, nacional, departamental y municipal; prohibición de las planillas únicas.
-Fortalecimiento de las funciones de vigilancia y fiscalización del funcionamiento interno de las organizaciones políticas, por parte de la autoridad administrativa del sistema y de la instancia privativa jurisdiccional.
-Relación apropiada del otorgamiento de las licencias de señales radioeléctricas y televisivas, que otorga el Congreso de la República, para facilitar y abaratar su uso en tiempos A, durante las campañas electorales.
-Acortamiento severo de la duración de las campañas electorales.
-Nuevas y drásticas figuras delictivas de carácter electoral, con penas de privación de libertad para los personeros legales, y de multas particularmente onerosas, so pena adicional de cancelación definitiva de las organizaciones políticas involucradas en las transgresiones.
-Distinción de la potestad jurisdiccional de la administrativa del sistema electoral; autonomía plena de la jurisdicción electoral y de partidos políticos, por parte del TSE.
-Creación del Instituto Nacional Electoral autónomo, con participación de los Partidos Políticos.
-Ampliación de los modelos de organización política: creación de las organizaciones políticas partidarias regionales y/o departamentales, como entramados territoriales agregativos, que deberán dar lugar a verdaderos partidos políticos nacionales.
-No reelección de diputados y alcaldes; los diputados y sus conjuntos familiares legales, dos períodos de por medio y los alcaldes municipales y sus conjuntos de familiares legales, solamente una vez.
Y termino esta columna con mi sentimiento fervoroso para que esta nación deba ser totalmente unida y enfrentar los desafíos y sus retos. Porque Guatemala es un testimonio de nuestro espíritu indomable, donde cada guatemalteco tenga democracia y corazón y el compromiso de la libertad y la justicia. Debemos ahora y siempre forjar un futuro con valentía, autodeterminación y albedrío con el pilar de nuestra identidad. (Continuará)
