El agua en Guatemala se nos escapa como el agua entre las manos. Al mismo tiempo la ley del agua se nos escapa por un Estado incapaz de legislar de forma pertinente lo más básico de la vida: El agua.
Grupos empresariales, comunidades y municipalidades hemos fallado en asumir nuestra responsabilidad compartida en el cuidado del ciclo hídrico, el monitoreo y la gestión sostenible del agua. Sin una ley integral, seguimos en un limbo donde el recurso vital se agota sin control. Se agota en el sentido metafórico porque la cantidad sigue siendo la misma, se agota su calidad y al final su disponibilidad.
Para legislar sobre el agua, primero debemos conocerla a profundidad. El agua no es solo H₂O, un compuesto químico molecular; es el disolvente universal, un recurso para la generación hidroeléctrica, el pilar de la agricultura, la molécula clave en la fabricación de chips electrónicos, refrigerante en plantas nucleares, supresor de ruido en lanzamientos espaciales, cortador de materiales duros, conector social y regulador climático. Sus usos son casi infinitos, pero limitados por su disponibilidad.
El agua fluye en ríos superficiales y ríos subterráneos. Sobre todo, queda encapsulada en acuíferos, la llamada agua subterránea, que representan la mayor reserva en Guatemala. Debemos mapear las cuencas hidrográficas naturales, donde se da el ciclo de evaporación, precipitación y recarga, pero también las «cuencas hidrosociales» alteradas por la urbanización, agricultura intensiva, ganadería e industria. A esto le llamo yo la naturaleza social del ciclo del agua, que también es el título de mi libro que será publicado en formato físico, en papel, por la Editorial Piedrasanta de Guatemala y estará disponible en librerías ahora a finales de marzo 2026.
Un elemento clave para entender el ciclo social del agua es conocer sus usos. Según datos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Guatemala cuenta con aproximadamente 100,000 millones de metros cúbicos de agua renovable al año, pero el consumo per cápita es de unos 135 litros diarios por persona, con un 25% de la población sin acceso a fuentes mejoradas. Por sectores:
- Agricultura y ganadería: Absorbe alrededor del 70-80% del agua, especialmente en cultivos como caña de azúcar y palma africana.
- Industria: Usa un 15-20%, incluyendo bebidas, cervezas, plantas industriales que hacen perforaciones y uso del agua sin control.
- Consumo doméstico: Solo el 10%, pero con graves desigualdades entre áreas urbanas (90% cobertura) y rurales (70%).
Estas dinámicas se complican por la contaminación: el 90% de las aguas superficiales muestran niveles de bacterias y residuos fecales, según informes del MARN.
Desde 1985, el Congreso de la República ha recibido más de 20 iniciativas de ley de aguas generales, más nueve específicas sobre manejo y conservación. Un ejemplo es la Iniciativa 5070 (Ley Marco del Agua, presentada en 2017 por colectivos sociales) y la reciente propuesta del gobierno en 2025, impulsada por el Ministerio de Ambiente bajo el Proceso Nacional del Agua, aun no presentada.
He aquí los grandes problemas: Por un lado, los grandes usuarios como los empresarios del sur (cañeros y palmicultores) resisten regulaciones que impliquen cánones por uso o responsabilidad en recargas hídricas. De hecho, se ha reportado desvío de ríos de parte de ellos. Estos desvíos de ríos y perforaciones incontroladas han dejado comunidades sin agua, generando conflictos. Por otro, los comités comunitarios rurales, que han protegido bosques y zonas de recarga en ausencia del Estado, temen que una ley privatice el recurso o ignore sus prácticas ancestrales, como en los 48 Cantones de Totonicapán.
Las municipalidades han sido inoperantes en el tratamiento de aguas, agravan el problema: Extraemos agua limpia del subsuelo y la devolvemos como flujos contaminados a ríos y acuíferos, creando un desastre ambiental.
No se trata de ver esta problemática como la dicotomía entre culpables versus inocentes. Todos hemos contribuido a esta crisis: Comités por no reconocer límites del recurso, terratenientes por evadir costos de sostenibilidad y alcaldes por no invertir en tratamiento. Realmente, la falta de acuerdo perpetúa la crisis.
El único camino para cuidar nuestra agua, recuperar zonas de recarga hídrica es el consenso. Una ley de aguas debe beneficiar a todos, priorizando el interés social como manda la Constitución. La ley debe incluir un monitoreo científico y tecnológico dinámico. Hay que establecer un sistema nacional con tecnología (sensores en cuencas, satélites para recarga) para contabilizar nuestras reservas y consumos reales. Aquí las universidades reales, no las de cartón con programas de Derecho falso, deben contribuir si es que tienen programas de investigación científica y tecnológica sobre el agua.
Hay que crear la cultura del pago por el tratamiento, por el traslado del agua, por el bombeo. Hay que crear la cultura del cuidado y del valor del agua. Hay que crear la cultura de que quien contamine, debe pagar. Hay que crear la cultura de que quienes vivimos en zonas urbanas sepamos de donde viene el agua que usamos para cuidar esas zonas de recarga hídrica. Debemos aprender a pagar por el uso racional del agua el que además debe ser diferenciado por sector (mayor para industrias intensivas), destinando fondos a la recarga hídrica (reforestación de montañas pertinentes con las especies adecuadas) y tratamiento de aguas residuales.
El tratamiento del agua es urgente, realmente urgente. Las municipalidades e industrias deben invertir en plantas de tratamiento. Se requiere de incentivos fiscales para comités que protejan ecosistemas, pero no para dejar los lodos a la buena de Dios, sino para reusar el agua tratada, realmente para cerrar el ciclo del agua de forma pertinente
Por lo anterior, hay que crear una Autoridad Nacional del Agua con representación del Estado, comunidades indígenas, empresas y principalmente academia (no universidades de cartón hechas para participar en la pseudo comisiones de postulación), para supervisar y resolver conflictos. Hay que garantizar en la vida práctica el acceso universal a agua potable.
Todo esto es urgente. Dos informes, entre muchos, nos lo recuerdan. El primero, es uno a nivel mundial y el otro es a nivel local. Estos informes son La Bancarrota del Agua, de la Universidad de las Naciones Unidas, que describe cómo el mundo ha entrado en una era de «bancarrota hídrica», con sistemas irreversibles por sobreexplotación y contaminación. El segundo es el artículo de Miguel Ahumada: ¿Quién gana y quien pierde sin una ley general de aguas?, para el caso de Guatemala. Ambos del 2026.
Guatemaltecos, ya no hay tiempo. Urge que cambiemos nuestra cultura del agua y seamos parte de los procesos de mejora de la gestión del agua, de la administración de nuestros recursos. Debemos actuar ahora. Si no actuamos, enfrentaremos una crisis sin retorno: cloacas urbanas, basureros flotantes, montañas deforestadas por mineros, urbanización sin control, lagos eutrofizados con el exceso de nitrógeno que producirá algas y posterior muerte. Trabajemos entonces todos en el agua para el futuro. Hagámoslo ahora, porque si no es ahora, no será nunca.
