Los guatemaltecos hemos vivido unas semanas intensas de elecciones de segundo grado, marcadas por avances parciales y retrocesos significativos en nuestra búsqueda de una democracia inclusiva. El mayor desafío reciente ha sido la elección de Roberto Molina Barreto como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC). Este fue un proceso que ha generado controversia por su trayectoria vinculada a figuras como Efraín Ríos Montt y Zury Ríos, asociadas con episodios oscuros de nuestra historia.
Esta designación, aprobada por el Congreso con 100 votos a favor, 44 en contra y 16 ausentes, resalta cómo ciertas estructuras de poder continúan influyendo en instituciones clave, perpetuando un sistema que prioriza intereses particulares sobre el bien común.
En el contexto de las elecciones para la CC y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), hemos observado cómo la corrupción persiste como un obstáculo estructural. En el caso específico de la postuladora para magistrados del TSE, aunque hubo esfuerzos notables de profesionales como Gregorio Saavedra y Edgar Ortiz, al final se incluyeron candidatos de reputación cuestionable entre los 20 finalistas.
Del mismo modo, la elección en el Congreso de magistrados como Molina Barreto ilustra cómo mayorías legislativas —en este caso, 100 diputados— pueden priorizar alianzas políticas sobre la idoneidad, a pesar de que 44 legisladores optaron por la integridad. Estos retrocesos no son aislados; responden a un patrón global de autocracias que, como describe Anne Applebaum en su libro Autocracy, Inc., operan como redes cleptocráticas interconectadas, colaborando para socavar democracias mediante propaganda, lavado de dinero y control institucional, sin necesidad de una ideología compartida. En Guatemala, este modelo se manifiesta en la cooptación de instituciones, recordándonos que la lucha no es solo local, sino parte de una dinámica internacional.
Aun en medio de estas desilusiones, hay motivos para el optimismo gracias al trabajo incansable de la sociedad civil. En las elecciones para la CC, el Colegio de Abogados y Notarios seleccionó a Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo, representantes idóneos que demuestran el potencial de procesos transparentes. Asimismo, en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), las elecciones para cuerpos electorales rumbo a la designación del rector 2026-2030 muestran avances significativos. La oposición a la actual administración, liderada por Walter Mazariegos, ha dominado en múltiples facultades y colegios profesionales, con tendencias que favorecen planillas independientes en la gran mayoría de procesos disputados hasta ahora.
Candidatos como Hada Alvarado y Rodolfo Chang emergen como opciones viables, y la elección final, programada para el 8 de abril en Antigua Guatemala, podría marcar un punto de inflexión si se evitan irregularidades como el cierre rumorado del campus central o la invalidación de votos nulos o el mismo ataque frontal a la democracia universitaria si no permiten que los electores de la oposición siquiera voten.
Estos logros, aunque parciales, destacan el rol de estudiantes, docentes y profesionales en la recuperación de espacios cooptados. No obstante, persisten desafíos, como en el Colegio de Arquitectos, donde el voto nulo predominó, pero se validó una planilla afín al statu quo, lo que invita a un análisis equilibrado. Lo cierto es que la mayoría ciudadana inclina la balanza hacia la honestidad y eso nos debe de dar esperanza.
Para superar estos obstáculos, debemos replantear nuestra democracia desde sus fundamentos, priorizando la educación pública y la independencia económica. Fortalecer el sistema educativo, desde preprimaria hasta la universidad, es esencial para fomentar valores democráticos y capacidad crítica. En la Usac, por ejemplo, una rectoría renovada podría impulsar investigación científica y tecnológica, integrándola a cadenas productivas para diversificar nuestra economía. Mejor aún si se logra crear un sistema de educación pública superior que permita tener al menos cuatro nuevas universidades públicas y tecnológicos universitarios con pertinencia académica-cultural y despolitizados.
Actualmente, Guatemala depende en gran medida de Estados Unidos: representa nuestro principal socio comercial, con remesas equivalentes al 20% del PIB y un flujo de migración que genera vulnerabilidades ante políticas externas, como aranceles o endurecimientos migratorios. Esta dependencia amplifica impactos negativos, como la reducción de envíos si aumentan los retornos forzados, más de cien mil retornados entre el 2024 y 2025.
Urge, entonces, diversificar mercados, atrayendo inversiones regionales y fomentando un empresariado ético que invierta en innovación, en lugar de depender de prebendas estatales como las criticadas en el CACIF. Integrar ciencia y tecnología en la producción —pasando de exportar materias primas a productos transformados— podría generar empleo digno y reducir desigualdades, alineándonos con un desarrollo inclusivo.
Finalmente, a pesar de las derrotas, no podemos perder la esperanza. La lucha contra la cleptocracia y la autocracia, como las define Applebaum, requiere organización: identifiquemos partidos que prioricen la transparencia, unámonos a movimientos honestos y capaces, y exijamos la recuperación de la Universidad de San Carlos. El futuro no está en la autocracia ni en la dependencia, sino en nuestra capacidad colectiva para transformarnos. Sigamos adelante, porque si no es ahora, no será nunca.
