A la pregunta fundamental: ¿de quién es el agua?, la respuesta debe ser clara y de carácter social: el agua es un bien público que pertenece a la Nación guatemalteca. Esto es, el agua de Guatemala nos pertenece a todos los guatemaltecos. Así lo establece la propuesta de ley generada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). No puede dejarse su gestión únicamente en manos de los usuarios —grandes o pequeños—, porque estos tenderían naturalmente a priorizar sus intereses particulares. La legislación debe emanar del Estado, con una visión integral de bien común, que trascienda intereses sectoriales y asegure el agua para las presentes y futuras generaciones.
Esta pregunta debe ir siempre acompañada de otra igualmente esencial: ¿de quién es la responsabilidad de cuidar el agua? Aquí radica el núcleo del problema ante la situación calamitosa que enfrentamos en calidad y cantidad del agua.
Los guatemaltecos hemos convertido muchos de nuestros ríos en verdaderos drenajes. Haga usted el ejercicio mental de decir el nombre de un río que usted conozca, que haya visitado recientemente, donde usted se bañaría porque estaba limpio o al menos se miraba limpio. Yo recuerdo el río Sauce, un hermoso río que baja de la montaña en El Estor y va a desembocar al lago de Izabal, un hermoso lago también contaminado porque sus otros afluentes, el río Polochic, y el río Cahabón, ambos contaminados no solamente por los habitantes sino por las mineras del área que casi han destruido al otrora hermoso lago de Izabal.
Según informes recientes del MARN y otras instituciones, alrededor del 90% de las aguas superficiales del país presenta algún grado de contaminación, principalmente por coliformes fecales y residuos sólidos. El río Las Vacas, que nace en las montañas de la periferia de la Ciudad de Guatemala; el río Motagua, que desciende desde el Quiché; o el río Salamá, que nace en San Francisco El Alto, son ejemplos dolorosos. A su paso por ciudades, aldeas, caseríos, fincas. granjas, industrias, casas, parques, todos contribuimos a su degradación hasta volverlos cauces de heces, basura y contaminantes.
Esta no es solo una agresión al medio ambiente: es un ataque a la salud pública y al futuro del país. Lo mismo ocurre con prácticamente todos nuestros ríos.
Durante medio siglo disfrutamos de una aparente abundancia de agua en muchas zonas urbanas. Esa realidad está cambiando. Cada vez son más evidentes los síntomas de sobreexplotación de acuíferos, agravada por la falta histórica de monitoreo y la ausencia casi total del cuidado de las zonas de recargas hídricas.
En el reciente seminario multiinstitucional del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Desarrollo y Ministerio de Salud sobre sostenibilidad del agua subterránea, un conferencista experto, Dr. Leonardo Michael Chén del Instituto de Fomento Municipal (Infom), respondió con claridad a mi pregunta: si pudiera pedir una sola medida clave en la nueva ley, ¿cuál sería?: “Sería prohibir la perforación de pozos mecánicos a menos de 3 kilómetros de distancia entre sí (en lugar de los 200 metros que hoy se permiten en muchos casos). Esta medida es urgente para frenar el colapso de los mantos freáticos”.
La pregunta “¿dónde está el agua?” solo puede responderse con ciencia y tecnología, esto es, hidrogeología. Necesitamos un inventario nacional completo —superficial y subterráneo— y estudios hidrogeológicos rigurosos que determinen el balance hídrico, la capacidad de los acuíferos y las zonas de recarga.
En la Maestría en Ciencia y Tecnología del Agua del Centro Universitario de Occidente (Cunoc-Usac) realizamos investigaciones precisamente en el Valle de Quetzaltenango, pero estos estudios siguen siendo escasos y concentrados en áreas urbanas (Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, Sacatepéquez). La ley debe obligar a que toda nueva perforación vaya precedida de un estudio hidrogeológico aprobado. De lo contrario, repetiremos errores como el de Santo Domingo en República Dominicana, donde la falta de control generó una crisis hídrica persistente.
En resumidas cuentas, necesitamos una Autoridad Nacional del Agua fuerte, técnica y con visión de largo plazo, que integre la participación real de comunidades (incluyendo los miles de comités de agua rurales que han suplido la ausencia del Estado), universidades, agricultura, industria y municipalidades, siempre bajo un marco regulatorio estatal claro.
Ya no podemos esperar más a que las municipalidades no traten el agua, no reusen el agua, no cuiden las zonas de recarga hídrica. No podemos seguir impermeabilizando las ciudades haciendo todo de concreto, hasta los pocos parques. No debemos elegir alcaldes que no estén interesados en tratar y cuidar el agua, eso urge y la ley debe ayudar a que esto se dé. Los comités de agua requieren ser fortalecidos para que también tengan capacidades para el tratamiento de agua.
Sobre esta tarea ya ambiciosa, hay que agregar que la educación técnica es fundamental si queremos tener agua para el futuro. Se requieren programas para formar técnicos municipales, comunitarios e industriales en reutilización, tratamiento y monitoreo del agua.
El agua requiere una gestión integrada que combine ley coherente, autoridad competente, conocimiento científico-tecnológico y participación consciente de todos los sectores, de todos nosotros. Las universidades deben seguir aportando investigación. Las comunidades, el sector productivo y las instituciones públicas deben asumir su rol con responsabilidad compartida, pero diferenciada.
No podemos postergar más esta tarea. Los síntomas de escasez y contaminación ya son evidentes. Hagámoslo ahora: exijamos una ley que proteja el agua como bien público, que se base en evidencia científica y que garantice su cuidado colectivo. Hagámoslo, porque si no es ahora, no será nunca.
