Guatemala no cuenta con un sistema de educación superior. No existe una ley específica que regule a la educación superior, ni un organismo de gobernanza autónomo y profesional. Seguimos confundiendo, como en este país del olvido permanente, la educación superior con las universidades. Olvidamos que la educación superior es un concepto mucho más amplio: incluye educación terciaria técnica, tecnológica y profesional, tal como se entiende en el resto del mundo civilizado. Aquí solo tenemos universidades, muchas de ellas convertidas en instrumentos políticos o realmente instrumentos politiqueros.
El Consejo de la Enseñanza Privada Superior (CEPS) debería velar por la calidad de las universidades privadas. En la práctica, se ha transformado en un mercado de transacciones políticas. Autoriza nuevas universidades con la misma facilidad con que se reparten favores. Especialmente «autoriza» carreras de Derecho puestas a funcionar solamente para participar en las Comisiones de Postulación y mantener cuotas de poder e impunidad.
El caso más descarado reciente es la autorización de la llamada Universidad Juan José Arévalo, la universidad del mismísimo usurpador a la rectoría de la San Carlos y autorizada por el rector de la Universidad Panamericana, el hermano Mynor Herrera, ministro de culto que ha creado esta nueva universidad y que, aunque no funciona académicamente si tiene ya un espacio en las Comisiones de Postulación. Bueno, para eso fue creada. Según Prensa Comunitaria su secretario general es el actual secretario general de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¡Vaya descaro!
Así esta nueva universidad resulta ser otra hija putativa del Pacto de Corruptos, bendecida mientras el presidente Bernardo Arévalo miraba hacia otro lado. No sé qué me enoja más: Que los corruptos no respetaron el nombre de nuestro mejor presidente o si su hijo, Bernardo Arévalo, no pudo defender el honor del nombre de su padre, siendo él presidente. ¡Vaya ironía!
Mientras rectores y decanos bailan la danza del poder —reservando espacios preferenciales para la fiscal general y otros intocables—, la vida académica se pudre. Del casi medio millón de estudiantes matriculados en educación superior en 2023, el 45% se concentra en la ciudad de Guatemala y casi el10 % en Quetzaltenango. Hay una enorme concentración de la oferta universitaria.
Según el informe del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC, 2018), solo el 2,6% de los guatemaltecos entre 18 y 26 años ha iniciado estudios universitarios. Es una de las tasas de acceso más bajas de la región. Entran pocos, y de los que entran, estudios confiables estiman que alrededor del 50% abandona antes de terminar. La tasa de graduación, según los últimos datos disponibles de la UNESCO, ronda el 30%. Entran pocos, desertan muchos y se gradúan muy pocos, poquísimos. Ese es el balance real.
Los procesos de acreditación tampoco han servido de mucho. Se han acreditado programas en la Universidad de San Carlos con eficiencia terminal del 9%. O sea, solamente 9 de cada 100 estudiantes que ingresan se gradúan en el tiempo previsto. Acreditar mediocridad no es calidad, es complicidad.
Es cierto que existen excepciones dignas de reconocimiento, aunque no cambian el panorama general. La Universidad del Valle de Guatemala se ha mantenido al margen de las Comisiones de Postulación y sostiene altos estándares internacionales. Hay programas específicos de excelente nivel en la propia Usac y en la Universidad Rafael Landívar. Pero son islas en un mar de improvisación y politiquería.
Urge entonces que las universidades se dediquen a la vida académica y mejoren sus propios programas académicos mientras que quienes están en el poder, léase el Presidente y su Vicepresidente, así como la Ministra de Educación, propongan ya un sistema de educación pública superior que incluya programas técnicos cortos, así como licenciaturas pertinentes: No solamente derecho existe. Para eso hay que trazar la ruta de cómo en la próxima década crearemos nuevas y mejores universidades públicas para cada región, así como ofertas de educación pública superior en el occidente, en el oriente, en el norte y en el sur para no seguir concentrando la educación superior en la Capital y para hacerla más pertinente.
Ya sé que me dirán que para crear más universidades públicas y al mismo sistema de educación pública superior se requiere cambiar la Constitución. Pero sí hay que hacer eso, debemos hacerlo. Ya no podemos seguir de esclavos de un grupito de universidades que nos tienen cooptados, que se mantienen jugando a politiquería y que no mejoran sustantivamente su oferta académica y que, realmente, han abandonado la investigación científica, tecnológica y humanista. Por eso urge hacer esto: Crear un sistema nacional de educación pública superior. Hagámoslo ahora, porque si no es ahora, no será nunca.
