Como si estuviéramos viendo una tragicomedia donde un equipo de fútbol altera las reglas del juego en el último minuto para asegurarse la victoria, así actúa el sistema de “justicia” en Guatemala. De repente, los corruptos anotan un gol con la mano y declaran que ahora eso está permitido. Con ese truco, ganan el partido. Esta es la novela interminable de la elección de representantes del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) para la Corte de Constitucionalidad (CC).
El asunto no radica solo en interpretaciones jurídicas complejas. Cualquier estudiante de Derecho en su primer semestre entiende que la Asamblea General del CANG incluye a todos los colegiados activos, ya sean abogados, notarios o profesionales de ciencias afines como ciencias políticas, relaciones internacionales, sociología o criminología.
Todos forman parte del gremio, según lo establece claramente el artículo 9 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria (Decreto 72-2001), que integra a estos profesionales en la Asamblea General. Además, el artículo 21 literal a) de la misma ley otorga a todo colegiado activo el derecho a voz y voto en dicha asamblea. Esto no es debatible; es ley vigente. Sin embargo, ciertos grupos con poder político, el Pacto de Corruptos, ignoran estos principios para mantener su control. Como en la canción de Arjona: «El problema no es que juegues… El problema es que es conmigo». Y aquí, el «conmigo» es con la democracia guatemalteca.
Este Pacto ha jugado con la Constitución a su antojo en repetidas ocasiones. Recordemos cómo expulsaron ilegalmente a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019, violando acuerdos internacionales y la propia Constitución, solo porque sus investigaciones expusieron fraudes al Estado por parte de élites empresariales (CACIF). Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado cómo el gobierno de entonces intentó unilateralmente terminar el acuerdo con la CICIG, impidiendo incluso la entrada de sus funcionarios al país.
Más recientemente, cuando el partido Movimiento Semilla ganó las elecciones presidenciales en 2023, el mismo Pacto de Corruptos, a través del Ministerio Público (MP), lanzó persecuciones infundadas. Acusaron a Semilla de ser una organización criminal bajo la Ley Contra la Delincuencia Organizada, sin pruebas sólidas, en un claro intento de golpe de Estado técnico.
En el contexto actual del CANG, ante la mayor participación de colegiados —más de 18 mil en las elecciones de enero de 2025 para representantes en la comisión del Tribunal Supremo Electoral, TSE, y cifras similares en procesos previos como las de 2023 con más de 11 mil votantes—, estos grupos han intentado excluir a profesionales de ciencias afines. Acciones ilegales, como pseudo amparos, buscan limitar el voto solo a abogados, ignorando que estos profesionales han participado en elecciones pasadas, incluyendo las que eligieron a los actuales magistrados de la CC. Es similar a lo ocurrido en la Universidad de San Carlos (Usac) con Walter Mazariegos, quien bloqueó físicamente la entrada de electores opositores en su elección como rector. ¡Vaya democracia!
Algunos magistrados actuales de la CC, en campaña por reelección, siguen consejos de sus güizaches alineados con intereses particulares para bloquear esta participación, temiendo perder ante una votación más inclusiva. No puedo entender el subdesarrollo emocional, moral y político de quienes han cooptado el sistema de justicia solo para su beneficio personal. Mienten obsesivamente, inventan, crean sus propias leyes y de ribete cobran sueldo de nuestros impuestos. ¡Vaya cinismo!
Debemos defender la poca democracia que aún tenemos. Es hora de que los guatemaltecos le pongamos un alto a estos abusos progresivos del sistema de justicia que no solamente inventan cargos, delitos, sino que roban elecciones. Detengamos esto guatemaltecos. Hagámoslo ahora, porque si no es ahora, no será nunca.
