La democracia guatemalteca, nacida en 1985 tras décadas de autoritarismo, ideó un mecanismo peculiar para seleccionar cargos clave como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, el fiscal y el contralor generales. Estos roles no son meros puestos burocráticos; definen la esencia de nuestra vida democrática, desde la impartición de justicia hasta la vigilancia de las elecciones.
Sin embargo, este sistema de comisiones de postulación ha demostrado ser un rotundo fracaso, agravado por la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La CICIG, en su legado, desmanteló redes corruptas que involucraban a presidentes, vicepresidentes y magistrados, presentando más de 120 casos que implicaron a unas 1,540 personas, incluyendo 200 funcionarios o exfuncionarios. Su salida permitió que el «Pacto de Corruptos» se reorganice, cooptando el Ministerio Público y el sistema judicial para perpetuar el saqueo del Estado.
Las comisiones de postulación fallan porque sus integrantes priorizan intereses personales sobre la democracia y la justicia. A esto se suman defectos institucionales inherentes, como la inclusión de universidades en el proceso. ¿Qué pensaban los constituyentes al involucrar a instituciones académicas en elecciones de segundo grado?
La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), otra baluarte del Pueblo ha sido capturada por la derecha desde los tiempos de Eduardo Meyer hasta su actual estado de cooptación casi total. Esto no solo ha degradado la calidad académica, sino que ha convertido su participación en las comisiones en un instrumento politiquero. El Consejo Superior Universitario de la USAC, con miembros cuyos periodos han vencido y que se niegan a ceder paso a representantes electos por motivos políticos, prepara ahora el terreno para posicionar a la fiscal general Consuelo Porras en la Corte de Constitucionalidad. ¡Qué barbaridad!
No solo la USAC ha caído en manos de corruptos; algunas universidades privadas también, especialmente las de reciente creación, sirven como vehículos de cooptación estatal. El Consejo de Universidades Privadas ha autorizado «universidades de cartón» diseñadas expresamente para influir en las comisiones, priorizando carreras como Derecho para votar por magistrados de la CSJ, CC y fiscal general. Ejemplos como la Universidad Juan José Arévalo, impulsada por Walter Mazariegos, ilustran cómo estos entes preservan privilegios corruptos. ¿Por qué las universidades dirigen procesos electorales? Su rol social es educar e investigar, no participar en politiquería.
A pesar de estos vicios, el modelo original tenía fortalezas teóricas que merecen rescate. Buscaba pluralidad al integrar sectores como universidades, colegios profesionales y el Congreso, limitando la discrecionalidad y promoviendo candidaturas idóneas. En teoría, garantizaba transparencia mediante evaluaciones colectivas, como las recientes del Colegio de Abogados en la elección de comisionados para el TSE, que demostraron honorabilidad. Nuevamente se espera que, en la elección de sus representantes para comisionados para elegir magistrados de la Corte de Constitucionalidad, este colegio profesional de otra lección de dignidad.
Para avanzar, debemos incorporar reformas concretas que respeten el espíritu original, pero eliminen sus fallas. Mientras esperamos una nueva asamblea constituyente que ataque el problema de raíz —excluyendo universidades de las comisiones y fortaleciendo mecanismos de rendición de cuentas—, aprovechemos espacios existentes.
Del lado universitario el mundo se torna obscuro ante una Universidad Nacional cooptada hasta los dientes, que no obedece ley alguna y con el agregado de que ahora aparece otro comisionado rector para elegir a magistrados del Tribunal Supremo Electoral que no cumple requisitos. ¿Por qué? Porque este rector no solamente es racista como ha sido evidenciado si no que como ministro de culto y defensor del autoritarismo militar no debe formar parte de quienes elijan a magistrados del TSE. Si, es el rector actual de la Universidad Panamericana (UPANA).
Pero lo ridículo del caso es que el mismo rector de la UPANA, quien dirige al Consejo de Universidades Privadas, es quien autorizó la nueva universidad Juan José Arévalo, otra institución de Walter Mazariegos creada para guardar privilegios. Ese es el triste panorama del papel de las universidades en las comisiones de postulación. Por eso y por mucho más, debemos cambiarlas y mejorarlas.
