Como si se tratara de una película de Hollywood invertida, donde los villanos dirigen la trama desde las sombras, las redes sociales se inundan repentinamente con el caos en el sistema penitenciario guatemalteco. Este sistema solo parece funcionar como un todo cuando las cárceles actúan en concierto, obedeciendo a un director de orquesta invisible que interpreta la obertura 1812 de Tchaikovsky, con cañonazos que aquí se traducen en revueltas simultáneas en tres centros de alta peligrosidad: Renovación I en Escuintla, Fraijanes II y el Centro Preventivo de la zona 18 en la capital. Y luego, el descarado ataque coordinado contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutados a sangre fría sin mediar palabra, solo la orden de esos mismos golpistas que todos conocemos, los que anhelan controlar este país a cualquier costo.
Esta novela tiene un guion escrito por los de siempre, con el sello de aprobación de la extrema derecha guatemalteca que hemos bautizado como Pacto de Corruptos. Han probado de todo para sabotear la democracia. El modelo de cooptación lo importaron de otros rincones, como Polonia, donde el partido Ley y Justicia —equivalente local a Vamos y UNE— capturó el sistema judicial, dándole al fiscal general un poder absoluto en favor de los antidemocráticos (véase el análisis de Anne Applebaum en su libro El ocaso de la democracia, sobre cómo cooptaron la justicia polaca).
Aquí, la extrema derecha —esos oligarcas que emplean operarios, choleros de forma peyorativa en el argot guatemalteco— mantiene un sistema económico-político que les favorece exclusivamente. Son los mismos que orquestaron el golpe de Estado contra la Revolución de Octubre en 1954. Hoy, sus herederos, algo más torpes, cuentan con mercenarios en las mismas cárceles. Ellos nos han impuesto presidentes títeres dispuestos a enriquecerse a costa de todo, como los últimos dos post-CICIG: Alejandro Giammattei y Jimmy Morales, cuyas administraciones permitieron privilegios en prisiones que ahora los reos exigen recuperar.
Los disturbios carcelarios del 17 de enero de 2026, donde reos de la pandilla Barrio 18 —designada terrorista por Estados Unidos y Guatemala— tomaron 46 rehenes (45 guardias y un psicólogo), exigiendo traslados y beneficios perdidos, no son aislados. Al día siguiente, el 18 de enero, tras la recuperación de Renovación I por fuerzas especiales y la captura del líder alias «El Lobo», vinieron los ataques de represalia: siete policías asesinados y diez heridos en emboscadas simultáneas en Villa Nueva, Villa Canales, zona 18 y Chinautla.
Esto forma parte del mismo guion agotado, sin ideas frescas. Fundaterror, ese grupo de exmilitares que sueña con revivir la guerra civil que dejó 200,000 muertos, repite la misma cantaleta: «El presidente no gobierna». Sandra Torres, la voz del descaro y familiar de figuras ligadas a estos entornos, sigue el libreto, tirando la piedra y escondiendo la mano.
Estos desórdenes —incendios, destrozos y tomas de control— reflejan la desesperación del Pacto de Corruptos, que ve erosionar su poder tradicional, ganado con trampas y mentiras. Recientemente perdieron una elección clave en el Colegio de Abogados para magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Se avecinan comicios cruciales, donde sus emociones oscilan entre temor y pánico. Se sienten acorralados, lo que explica su embestida contra el presidente Bernardo Arévalo y contra nosotros, los que creemos en una Guatemala más justa, productiva e inclusiva —todo lo que ellos rechazan.
Ahora llega la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad. Afortunadamente, surgen candidaturas decentes y hasta excelentes, como la de la licenciada Astrid Lemus, una mujer de lucha que no calló ante la usurpación de la Universidad de San Carlos. Pero también desfilan corruptos confesos o temerosos, desde Estuardo Gálvez, manipulador habitual, hasta la mismísima Consuelo Porras, quien busca inmunidad en ese puesto, no justicia —palabra ausente en su vocabulario y en su doctorado cuestionado.
Este es un momento decisivo, guatemaltecos. El informe presidencial muestra avances, aunque he criticado sus límites. Pero lo que ocurre en las cárceles trasciende las prisiones: es la expresión del miedo a perder el control, especialmente en el Ministerio Público, que hasta ahora guarda silencio sobre los delitos del fin de semana orquestados por el Pacto. El sistema penitenciario, con su sobrepoblación crónica y herencia de privilegios de eras corruptas, se convierte en escenario de esta batalla, pero ojo, no es el sistema carcelario el problema si no el pretexto de esta batalla.
Por fin, el cáncer del Pacto de Corruptos entra en fase terminal. Los guatemaltecos estamos conscientes de este instante histórico y debemos unirnos para extirpar a ese grupo de ladrones que nos roba recursos, impuestos, futuro y nuestra democracia incipiente. No lo permitamos. Unámonos ahora, porque si no es ahora, no será nunca.
