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En una sociedad que ha sido sometida al terror del Estado, usualmente al servicio de los poderosos, la evaluación del trabajo de un gobierno democrático es un reto. Es un reto porque hemos construido una cultura pesimista que no logra ver los logros de la democracia, débil, pero democracia al fin. Sin duda resalta la obsesión institucionalista del presidente quien a fuerza defiende una democracia que recibió casi destruida y de a poco la repara, como el relojero aquel del Siglo pasado, que perdió las partes del viejo reloj mecánico y con paciencia intenta rehacer su viejo reloj.

Antes de compartir el optimismo del presidente Arévalo, antes de aceptar el discurso del progreso voy a comentar brevemente los grandes desaciertos, desaciertos que también son parte de la cosecha. Pero, para ser justos, reconoceré también los avances parciales, aunque insuficientes, que muestran un esfuerzo por reparar lo heredado de corrupción y abandono.

La mayor cosecha de este gobierno es la cosecha de una infraestructura realmente destruida, pero con algunos brotes de esperanza que no terminan de florecer. Ya me da vergüenza a mi hablar de la carretera Cito Zarco, que tiene ya no meses, sino los dos años de este gobierno sin ser reparada por completo. Ciertamente, hasta noviembre de 2025 empezaron algunos trabajos de reparación en esos suelos de arena y arcilla, y ahora, en enero de 2026, se reporta un avance del 60% en la rehabilitación, incluyendo la construcción de un muro de contención y un disipador pluvial en el km 194 para recuperar la conectividad entre Retalhuleu y Quetzaltenango. El funcionario a cargo indica que fueron las lluvias del invierno las que produjeron estos socavamientos, pero no fueron las lluvias del 2025, sino del 2023, que se acumularon a las del 2024 y que las del 2025 le dieron el golpe letal.

Este es un problema estructural y cíclico porque las reparaciones de los gobiernos anteriores fueron solamente simulaciones de reparaciones. Aunque se ha avanzado en caminos rurales —con 730 kilómetros de rutas terciarias ampliadas en 2025, sumando un total de 1,734 kilómetros en dos años de gobierno—, lo cual es loable, hay que tener prioridades en materia de infraestructura porque las carreteras principales son las que trasladan bienes, alimentos y productos de un lugar a otro. Sin embargo, las críticas persisten: de los 500 km prometidos en carreteras principales, solo se han construido 160 hasta ahora, dejando una brecha entre discurso y hechos.

Bien haría este gobierno para que en sus «semillas» del 2026 incluya la construcción de autopistas entre Champerico y Huehuetenango como una transversal que podría transformar profundamente al olvidado suroccidente guatemalteco. Para hacer una autopista desde el abandonado puerto de Champerico, que pase por Retalhuleu, San Felipe (IRTRA), El Palmar, Zunil, Quetzaltenango y que llegue a Huehuetenango, hay que replantear los puertos guatemaltecos.

El también abandonado Puerto Quetzal es otra vergüenza nacional. En ese puerto de olvido los barcos no pasan días esperando turno para descargar o cargar, pasan semanas y hasta meses incrementando exponencialmente los precios. En esto no se avanzó nada sustancial hasta ahora, aunque se anuncia un acuerdo con Estados Unidos para su modernización, con una inversión inicial de US$63.7 millones para mejorar la navegación y ampliar capacidad, en un convenio de 30 años que incluye planes futuros para Santo Tomás de Castilla y posible rehabilitación ferroviaria. Algo similar pasa en Santo Tomás de Castilla, otro espacio de la corrupción, tampoco atendido a fondo, pese a promesas de análisis para su modernización.

Si este gobierno quiere dejar un legado, debe dejar un plan de reconstrucción de tres puertos: Quetzal, Santo Tomás y Champerico, y en los tres casos deben existir autopistas hacia los lugares poblados y de producción de bienes y servicios del país. 

Para eso hay que replantear profundamente al corrupto Ministerio de Comunicaciones de tal forma que los tres puertos nacionales tengan autopistas a los centros urbanos más importantes del país. Esto podría viabilizarse con alianzas internacionales, como el reciente acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros de EE. UU. para seis proyectos prioritarios o el apoyo del Banco Mundial con US$400 millones para rehabilitar 640 km de caminos rurales en el Altiplano, Verapaces y Corredor Seco, beneficiando a más de 5 millones de personas. 

El Plan Maestro de Puerto Quetzal 2023-2045 ya plantea ampliaciones de muelles y modernizaciones, y el Plan Estratégico de Champerico 2026-2030 incluye secciones de hidrografía y zona franca, lo que abre puertas a financiamiento público-privado y multilaterales.

Ciertamente el programa Mano a Mano, los pisos de cemento en las casas abandonadas de aldeas son muy importantes, pero si esas aldeas de Huehuetenango tuvieran acceso a mercados nacionales e internacionales con aeropuertos cercanos funcionando, con un puerto marítimo como el de Champerico restablecido, seguramente podrían vender mejor sus productos. 

De momento viajar de Quetzaltenango a Huehuetenango es una odisea, viajar de Quetzaltenango a Retalhuleu es otra odisea, viajar de Ciudad de Guatemala a Puerto Barrios es otro dolor de cabeza, especialmente desde el Rancho a Izabal donde existe una carretera de un solo carril. Esta es la semilla que hay que sembrar urgentemente, presidente, priorizando los 81 proyectos identificados por el CIV, con 42 como metas aceleradas.

En mi próxima entrega analizaré el informe presidencial en otras áreas; educación y medio ambiente, así como en cultura y deportes en el contexto de una geopolítica intensamente transformada por los autoritarismos internacionales.

Fernando Cajas

Fernando Cajas, profesor de ingeniería del Centro Universitario de Occidente, tiene una ingeniería de la USAC, una maestría en Matemática e la Universidad de Panamá y un Doctorado en Didáctica de la Ciencia de LA Universidad Estatal de Michigan.

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