La corrupción no es un mero acto de avaricia individual, sino un mecanismo social que despoja a la población de sus derechos básicos y sus aspiraciones colectivas. En Guatemala, sirve para robarle la comida a la gente que paga impuestos con la esperanza de un gobierno protector; para despojarla de la tierra ganada con esfuerzo, mediante artimañas jurídicas como la Titulación Supletoria, donde un ladrón de cuello blanco, respaldado por abogados formados en la universidad pública, gratuitamente, se apropia de lo ajeno.
Pero más allá de lo material, la corrupción nos arrebata los sueños de un país mejor, erosionando la confianza en las instituciones y perpetuando ciclos de desigualdad.
Imaginemos a un campesino en el altiplano guatemalteco que pierde su parcela familiar por un título falsificado. Según datos del Banco Mundial, la corrupción en América Latina cuesta alrededor del 3% del PIB anual, lo que en Guatemala equivale a unos Q30 mil millones al año – más que las remesas. Ese dinero robado podría destinarse a salud, educación o infraestructura rural.
En el ámbito educativo, tomemos el caso reciente de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), donde el rector ha decidido eximir la matrícula anual de Q101 (menos de un dólar mensual) sin un estudio socioeconómico previo. Esta medida, que afectará a unos 240,000 estudiantes y costará aproximadamente Q24 millones para 2026, parece generosa, pero en realidad es un acto populista que regala recursos públicos sin entrega de cuentas. No hay persona más generosa que aquel que regala lo que no es de él.
¿Por qué no invertir esos fondos en 24 proyectos de investigación de Q1 millón cada uno, con rendición de cuentas y resultados concretos que beneficien a la sociedad?
Este ejemplo ilustra cómo la corrupción sirve para que los en el poder tomen decisiones cortoplacistas tiende perpetuarse, ganando adeptos ingenuos. Como bien lo expresó el poeta quetzalteco Otto René Castillo: «Un día, los intelectuales apolíticos de mi país, serán interrogados por el hombre sencillo de mi pueblo. Se les preguntará sobre lo que hicieron cuando la patria se apagaba…». En las aulas y laboratorios de la Usac, en lugar de debatir proyectos transformadores, se prioriza la politiquería, como en las controvertidas Comisiones de Postulación.
Tradicionalmente, la corrupción se ve desde una lente individualista, como un comportamiento de «maximización de la utilidad» donde el mundo se divide en buenos y malos. Sin embargo, esta visión idealista ignora su dimensión estructural. La corrupción se inserta paulatinamente en las instituciones, tanto estatales como privadas, convirtiéndose en una costumbre normalizada. Un nuevo empleado en una oficina municipal, por ejemplo, podría verse presionado a pedir «coimas» no por maldad inherente, sino porque la práctica ya está arraigada en el sistema.
Otra perspectiva es la de los incentivos: con recompensas adecuadas, se reduce la corrupción; con erróneas, se amplifica. La visión neoliberal propone mayor competencia, mercados libres y un gobierno más pequeño, pero esta aproximación está desconectada de la historia y la sociedad guatemalteca, enfocándose solo en el interés propio. En cambio, debemos entender la corrupción como un fenómeno histórico y social, no como un rasgo innato. No nacimos corruptos; es una práctica que se institucionaliza con el tiempo.
Para profundizar, consideremos el informe «Economía de Captura en Guatemala: Desigualdad, excedentes y poder» (publicado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, en 2023), que analiza cómo elites capturan el Estado para reproducir desigualdades. El documento revela ciclos donde el poder y la riqueza se concentran, exacerbando la pobreza: en Guatemala, el 10% más rico controla el 50% de la riqueza, según datos de la ONU. Esto no es casualidad, sino resultado de prácticas corruptas arraigadas en nuestra historia poscolonial.
Aunque el foco suele estar en el Estado, la corrupción también permea el sector privado. Empresas transnacionales, por ejemplo, han sido acusadas de sobornos para obtener contratos mineros, desplazando comunidades indígenas y contaminando recursos naturales. Un informe de Transparencia Internacional (2025) clasifica a Guatemala en el puesto 150 de 180 en el Índice de Percepción de Corrupción, similar a Honduras y Nicaragua. En Costa Rica, por contraste, leyes anticorrupción más estrictas han reducido el índice en un 20% en la última década, ofreciendo lecciones para nosotros: mayor transparencia en licitaciones y castigos efectivos.
Las universidades guatemaltecas tienen una deuda pendiente: incorporar la corrupción en sus líneas de investigación. ¿Cómo se construyen estas prácticas sociales? ¿Cuál es su evolución histórica? Respuestas simplistas –»somos corruptos por naturaleza»– no ayudan. Propongo acciones específicas:
Crear centros de investigación dedicados, con financiamiento mixto (público-privado) para estudiar la «economía de captura».
Implementar estudios socioeconómicos obligatorios antes de cualquier exención de pagos en educación superior.
Fortalecer la sociedad civil mediante alianzas con ONGs para monitorear instituciones, como en las Comisiones de Postulación.
Reformas políticas: Aumentar penas por corrupción (actualmente, solo el 5% de casos llegan a sentencia) y promover mercados éticos.
En conclusión, la corrupción sirve para perpetuar un sistema injusto que nos roba no solo recursos, sino el futuro. Entenderla como práctica social nos empodera para desmantelarla. Hagámoslo ahora: intelectuales, estudiantes, ciudadanos –unámonos en investigación y acción. Porque si no es ahora, no será nunca.
