La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) enfrenta una decadencia profunda que afecta no solo su rol académico, sino también su influencia en la vida política del país. Según datos propios de USAC, de los miles de aspirantes que buscan ingresar, solo alrededor del 10% aprueba los exámenes de admisión. De estos, apenas el 10% logra graduarse, y muchos lo hacen en tiempos que duplican o triplican el currículo establecido: por ejemplo, un promedio de 15 años en la Facultad de Derecho y 9 años en Ingeniería Civil. Estos números reflejan un sistema obsoleto, con programas que no se adaptan a las demandas modernas, lo que resulta en una alta deserción y un desperdicio de recursos humanos y financieros.
Sin embargo, no todo es sombrío. Excepciones notables, como la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, demuestran eficiencia en la graduación oportuna y en la actualización de sus planes de estudio, incorporando avances en investigación y tecnología. Estas islas de excelencia nos recuerdan que la recuperación es posible con liderazgo visionario y reformas internas.
Más allá de lo académico, la USAC juega un papel trascendental en la política guatemalteca a través de su participación en las Comisiones de Postulación. Estas comisiones, responsables de seleccionar candidatos para cargos clave como fiscal general, magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Constitucionalidad (CC), operan bajo un modelo de elecciones de segundo grado que, lamentablemente, se ha corrompido. Como evidencia, el Informe de Transparencia Internacional sobre Guatemala 2025 destaca cómo estas comisiones han sido manipuladas por intereses políticos y económicos, permitiendo amaños que perpetúan la impunidad. La USAC, al formar parte de ellas, ha sufrido un daño reputacional significativo, desviándose de su misión educativa.
Una tarea pendiente clave para 2026 es replantear este modelo corrupto. Proponemos sacar a la USAC de las comisiones de postulación para proteger su autonomía académica y buscar alternativas más democráticas. Por ejemplo, México implementó en 2024 una reforma judicial que incluye la elección por voto popular de magistrados, como se describe en el análisis del Instituto Nacional Electoral mexicano. En una conversación reciente con una magistrada recién electa en México, ella enfatizó que este modelo incipiente busca democratizar el acceso a la justicia, aunque requerirá tiempo para evaluar su impacto en la reducción de la corrupción y la eficiencia jurídica. Críticos argumentan que podría politizar el sistema, pero defensores destacan su potencial para mayor transparencia. En Guatemala, al menos debemos abrir un debate nacional sobre someter cargos judiciales a votación directa, adaptándolo a nuestra realidad para combatir la impunidad endémica en las comisiones actuales.
No podremos avanzar en reformas judiciales sin transformar el Congreso de la República. El sistema actual de listas cerradas obliga a los votantes a elegir bloques anónimos, donde candidatos «compran» sus posiciones a través de financiamiento ilícito. Según el informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), empresarios deshonestos y redes de narcotráfico financian campañas para luego reclamar favores en contratos estatales. El resultado es un Congreso capturado por la corrupción, con excepciones honrosas que luchan contra la corriente.
El 2026 también marca la oportunidad para renovar el CSU de la USAC, estancado por maniobras políticas. La actual rectoría, bajo Walter Mazariegos, ha sido criticada por irregularidades en su elección, como documenta el fallo de la CC de 2023, impidiendo una renovación democrática. Recuperar la USAC implica elecciones transparentes en el CSU, con participación amplia de estudiantes, profesores y egresados, para evitar reelecciones manipuladas y restaurar la gobernanza ética.
Como bien señala el editorial de La Hora del 2 de enero de 2026, hemos dejado atrás los buenos deseos de Año Nuevo y entramos en un año decisivo para nuestra historia. Nuestra participación cívica es esencial para consolidar la democracia. No nos quedemos en deseos: actuemos ahora contra la corrupción para forjar una Guatemala justa y próspera. Hagámoslo ahora, porque sí no es ahora, no será nunca.
