A finales de 2025, la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) enfrenta su crisis más profunda. El campus central y el CUM permanecen cerrados desde diciembre bajo el pretexto de «mantenimientos» que podrían extenderse hasta 2026, coincidiendo sospechosamente con las elecciones internas del Consejo Superior Universitario (CSU), la rectoría y las designaciones de magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC) y otros órganos clave. Esta maniobra, orquestada por la administración de Walter Mazariegos —a quien la comunidad universitaria y resoluciones judiciales señalan como usurpador desde su imposición fraudulenta en 2022—, busca desmovilizar a estudiantes y docentes, evitar protestas y consolidar un control ilegítimo que afecta no solo a la universidad, sino a la democracia guatemalteca.
La Corte de Constitucionalidad ha advertido consecuencias legales por el incumplimiento sistemático de órdenes para renovar el CSU, donde la mayoría de miembros han vencido sus períodos desde hace años y bloquean la posesión de consejeros electos opositores. A esto se suman represalias brutales: expulsiones de estudiantes destacados por participar en tomas pacíficas de 2022-2023, procesos disciplinarios masivos y un clima de vigilancia y represión que silencia voces críticas. La autonomía universitaria, consagrada en la Constitución, se ha pervertido en un escudo para la cooptación corrupta.
El poder político excepcional de la Usac —participar en elecciones de fiscal general, magistrados y contralor— se ha tergiversado en botín de grupos de interés. Las autoridades actuales priorizan la politiquería sobre la academia, lo que explica el deterioro en indicadores de calidad: caída en rankings regionales QS (donde la Usac figura entre las posiciones bajas de casi 500 instituciones evaluadas en 2026), eficiencia terminal bajísima en la mayoría de carreras (inferiores al 20% en muchas licenciaturas), según informes de UNESCO, indican que el promedio de eficiencia terminal para América Latina es superior al 40%.
Aunque el gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera representa una oportunidad histórica para combatir la corrupción, su inacción frente a esta crisis es incomprensible. Provenientes de entornos que quizá no valoran plenamente el rol social de la universidad pública única, no han presentado un plan concreto para rescatarla. La ministra de Educación parece desvincularse, ignorando que la Usac es pilar de movilidad social y formación profesional en un país desigual.
El modelo de universidad pública monopólica ha llegado a su fin. Está agotado estructuralmente: cooptada, ineficiente y convertida en feudo político. Es urgente transitar hacia un sistema de educación superior pública plural y despolitizado, con múltiples instituciones autónomas, financiadas adecuadamente y enfocadas en excelencia académica, investigación y extensión social, sin injerencia en procesos electorales nacionales.
Propuesta concreta:
- Reforma constitucional inmediata — Eliminar o limitar drásticamente la participación de la Usac en elecciones de segundo orden, transfiriéndola a comisiones independientes y plurales.
- Creación de nuevas universidades públicas regionales — Descentralizadas, especializadas (por ejemplo, en ciencias agrícolas, tecnología o salud), con gobernanza moderna y mecanismos anticorrupción.
- Renovación forzada del CSU — Cumplir fallos judiciales, disolver el actual por usurpación y convocar elecciones transparentes supervisadas por veeduría internacional (OEA, ONU).
- Plan nacional de rescate académico — Involucrando a la Secretaría de Planificación (Segeplan) y la Senacyt: auditoría integral, mejora curricular para elevar eficiencia terminal, inversión en infraestructura real (no excusas) y programas de retención estudiantil.
- Liderazgo presidencial — Presidente Bernardo Arévalo: forme una comisión multisectorial urgente (gobierno, sociedad civil, movimientos universitarios legítimos) para validar y ejecutar estas reformas. Incluya voces de resistencia como la Escuela de Ciencias Psicológicas (Psicología), Facultad de Agronomía y otras que han mantenido viva la lucha.
Esta tarea es de todos, pero la responsabilidad principal recae en las autoridades electas para detener la corrupción. Si no actuamos ahora, en este gobierno progresista, la Usac seguirá hundiéndose y arrastrará al país.
¡Por una educación pública digna, despolitizada y al servicio del pueblo guatemalteco!
No hay tiempo que perder. Hagámoslo ahora, porque si no es ahora, no será nunca.
