En diciembre de 2025, Ramón Cadena no está en una celda común, pero sí bajo arresto domiciliario y con brazalete electrónico. Fue detenido el 10 de noviembre, ligado a proceso once días después por usurpación agravada y depredación de bienes culturales, y liberado con medidas sustitutivas el 22 de noviembre. Su verdadero delito, sin embargo, no aparece en el expediente del MP: haber brindado defensa técnica a estudiantes y profesores criminalizados en el caso “USAC: Botín Político”. La estrategia del MP: Retardo malicioso que lo vienen haciendo desde que Consuelo Porras fue ratificada por Alejandro Giammattei utilizando un título falso de doctorado.
En una reciente aparición el 10 de diciembre, celebrando el Día de los Derechos Humanos, Ramón Cadena expresa: «Yo quiero agradecer, primero que todo, a la fiscal general Consuelo Porras, porque gracias a ella yo estoy aquí… quiero decir que los estudiantes de la Universidad de San Carlos NO son delincuentes, NO son delincuentes y defendieron en la resistencia digna… imagínense ustedes que hace 200 años… el dictador Carrera ya acusó a 4 estudiantes de obstrucción de la justicia y conspiración, entonces hay que decirle a la fiscal general para que sepa que ella no fue la primera que persiguió a estudiantes y profesores de la Universidad de San Carlos».
Los dueños históricos de la finca llamada Guatemala aprendieron desde 1954 una lección que aplican con precisión newtoniana: a toda acción revolucionaria le sigue una reacción de igual magnitud y sentido contrario. Cuando la Revolución de Octubre tocó sus privilegios —especialmente la Reforma Agraria—, se quejaron al Departamento de Estado y la CIA organizó la contrarrevolución con mercenarios centroamericanos. Mi padre, que entonces tenía veintitantos años, cuenta que los jóvenes pedían armas para defender a la patria y el gobierno de Árbenz decidió no dar la batalla.
Setenta y un años después, la misma lógica se repite. Cuando la CICIG señaló al CACIF y a sectores del sistema de justicia como fundadores del Pacto de Corruptos, la élite volvió a gritar al cielo. A la expulsión de la Comisión le siguieron los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, diseñados para saquear. Cuando Bernardo Arévalo pasó a segunda vuelta en 2023, el pánico se apoderó de los mismos apellidos de siempre y de sus operadores políticos, incluida la fiscal general Consuelo Porras.
Entonces inventaron casos a granel. Uno de los más grotescos fue “USAC: Botín Político”. Primero acusaron de terrorismo a estudiantes y profesores que resistían el fraude electoral que impuso a Walter Mazariegos como rector (fraude respaldado, según múltiples denuncias, por el propio Giammattei a cambio de favores en la elección de cortes). El veredicto de los jueces fue tan absurdo que ni los propios jueces corruptos lo aceptaron. Luego cambiaron la acusación: ahora era “depredación de bienes culturales” porque, supuestamente, los manifestantes habían dañado edificios que llevaban décadas sin mantenimiento.
El único objetivo real era sembrar miedo y consolidar el control de la Universidad de San Carlos, pieza clave para mantener cooptadas las cortes y la Fiscalía y asegurarse el silencio estudiantil y docente, el silencio y el miedo.
En ese contexto apareció Ramón Cadena: abogado que asumió la defensa gratuita de decenas de estudiantes y docentes procesados. Por eso lo detuvieron. Por eso lo señalaron. Por eso, incluso después de su liberación condicional, sigue bajo persecución en un caso al que no se tiene acceso porque «está bajo reserva». ¡Vaya justicia!
El Consejo Superior Universitario —controlado por Mazariegos— llegó al extremo de publicar un acuerdo que prohíbe contratar y amenaza con criminalizar a cualquier abogado que defienda causas contra la administración actual de la USAC. Es decir, la misma institución que debería garantizar el pensamiento crítico ahora castiga a quienes piensan distinto.
Ramón Cadena, Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Jose Rubén Zamora y decenas más son presos o procesados políticos. Virginia Laparra, Juan Francisco Sandoval, Thelma Aldana, Miguel Ángel Gálvez, Jordán Rodas y tantos otros viven en el exilio.
No basta con indignarse en silencio ni con compartir publicaciones de madrugada. No basta con gritar “¡Libertad para Ramón Cadena!” si al día siguiente volvemos a la rutina del miedo.
Hay que organizarnos. En la casa, en la colonia, en la universidad, en el mercado, en el taller, en el transporte público. Hay que firmar las peticiones internacionales, asistir a las vigilias, presionar a los diputados, exigirle a la comunidad internacional que no quite el ojo del Ministerio Público.
Porque si no es ahora —cuando todavía hay jueces que se atreven a otorgar medidas sustitutivas, cuando todavía hay voces que no han sido silenciadas—, entonces no será nunca.
¡Libertad plena para Ramón Cadena y para todos los presos políticos!
