El agua es fundamental para la vida y para el desarrollo de las actividades humanas, de los animales, de las plantas y de los ecosistemas. Constituye un patrimonio para quienes estamos vivos hoy, pero también debe serlo para las generaciones que aún no han nacido.
Gracias al agua que trajeron cometas y asteroides hace millones de años, la Tierra cuenta con una cantidad finita de este recurso. Aunque casi el 70% de la superficie del planeta está cubierta de agua, apenas alrededor del 2.5% es dulce, y de esa fracción solo una mínima parte (menos del 1%) es realmente accesible para consumo humano.
A simple vista parece abundante, pero en términos reales el agua dulce disponible para personas, animales, cultivos y ecosistemas es extremadamente escasa. Este recurso se renueva constantemente mediante el ciclo hidrológico, un proceso que hoy se ve profundamente afectado por las acciones humanas. Dicho ciclo ocurre principalmente a nivel de cuencas hidrográficas: montañas y zonas de recarga hídrica, ríos superficiales y subterráneos, lluvias y el uso que las comunidades hacen del agua. En Quetzaltenango, por ejemplo, la ciudad depende de las cuencas de los ríos Samalá y Xequijel, así como de las montañas y valles de San Juan Ostuncalco, San Mateo y La Esperanza.
Por eso resulta lógico que la propuesta de nueva Ley de Aguas ponga el foco en la gestión por cuencas. Sin embargo, la realidad es desoladora: nuestras cuencas y microcuencas están gravemente contaminadas con basura y aguas residuales. Todos –hogares, comercios e industrias– vertimos desechos biológicos y químicos a los drenajes, que a su vez los descargan directamente a los ríos, convertidos hoy en verdaderos drenajes.
Las municipalidades, legal y constitucionalmente responsables de prestar los servicios de agua potable y saneamiento, no están cumpliendo. La gran mayoría carece de plantas de tratamiento de aguas residuales, no reutiliza el agua tratada y descarga aguas negras crudas a los causes naturales. Este es, sin duda, el problema más grave que debe resolver cuanto antes cualquier reforma legal en materia hídrica.
La contaminación del agua tiene consecuencias directas y severas en la salud pública, provoca enfermedades diarreicas, parasitosis, desnutrición crónica (porque los niños no absorben nutrientes en un entorno contaminado) y afecta el desarrollo educativo, ya que miles de niñas y niños pierden horas de clase caminando largas distancias en busca de agua. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el 22% de la población urbana de Guatemala aún carece de acceso adecuado a agua potable y saneamiento.
Las municipalidades no han enfrentado el saneamiento por múltiples razones, entre ellas la falta de recursos financieros y capacidades técnicas. Aunque el presupuesto nacional para 2026 tuvo un incremento, sigue siendo insuficiente. Es urgente crear un Fondo Nacional de Saneamiento con aportes obligatorios de los situados constitucionales de las municipalidades, y reformar el Instituto de Fomento Municipal (INFOM) para que actúe como ente rector técnico, certificador y de asistencia, no como ejecutor directo.
En las áreas rurales, más de 30 mil comités comunitarios de agua potable proveen el servicio a poblaciones que las alcaldías no alcanzan. Estos comités han realizado un trabajo extraordinario: administran sistemas, cobran tarifas, protegen bosques y zonas de recarga hídrica. Es impostergable fortalecerlos con transferencia de fondos estatales, capacitación y tecnologías apropiadas para que también puedan tratar sus aguas residuales.
El tratamiento de aguas residuales es el paso impostergable que Guatemala debe dar. Con o sin nueva ley, los concejos municipales deben asumir su responsabilidad: diseñar, construir y mantener plantas de tratamiento viables técnica y financieramente. Para ello cuentan con aliados valiosos: las facultades e institutos de ingeniería de la Universidad de San Carlos (tanto en el campus central como en Quetzaltenango), programas de maestría en ingeniería sanitaria, y organizaciones no gubernamentales con amplia experiencia como GWP Guatemala (Global Water Partnership) y la Red Nacional de Agua Potable y Saneamiento (Rasgua), entre muchas otras.
Hemos llegado al límite. No podemos seguir contaminando cuencas, mantos acuíferos y ríos.
Exijamos a las alcaldías y concejos municipales que a la brevedad presenten y ejecuten planes municipales de saneamiento con cronograma, presupuesto y metas claras. Prioricemos el tratamiento y el reúso del agua. Si no actuamos hoy, nuestras hijas e hijos no nos lo perdonarán. Hagámoslo ahora, porque si no es ahora, no será nunca.
