El objetivo de una ley de aguas es asegurar el uso del agua para todos, seres humanos, animales, plantas y ecosistemas. Como toda ley es normativa y coercitiva, pero tiene que tener una base social, una necesidad real y debe estar basada en los mejores estudios antropológicos, sociales, científicos y tecnológicos del momento. Debe respetar las formas tradicionales del manejo del agua si dichas formas han mostrado ser socialmente pertinentes y ecológicamente sustentables, como el caso de los más de 30 mil comités de agua que existen en Guatemala, principalmente aquellos ubicados en zonas rurales con comunidades indígenas de ascendencia maya que no solamente extraen agua, sino que también participan en la protección de los ecosistemas que permiten la existencia del ciclo del agua al cuidar manantiales, limpiar ríos, cuidar lagos, proteger pozos, proteger y sembrar árboles, limpiar humedales y playas, desde los páramos y árboles de las alturas a 3 mil metros sobre el nivel del mar hasta los manglares limpiadores de agua al nivel del mar.
La ley de aguas debe considerar la existencia de cuencas que como venas del cuerpo humano irrigan al territorio a través de ríos superficiales o subterráneos que han existido desde la formación de la Tierra creando un intrincado mecanismo llamado ciclo natural del agua. Este ciclo natural ha sido intensamente afectado por los seres humanos a través del ciclo social del agua. La ley debe ser el marco legal para permitir el uso adecuado y respetuoso del agua obligando el reúso, el tratamiento, el cuidado del agua y de los ecosistemas que permiten la «producción» de agua. La ley debe ayudar a resolver los problemas del agua, fundamentalmente su contaminación, su mala e injusta distribución y la ausencia de tratamiento. La ley debe promover una cultura de cuidado del agua.
Como diseñador de programas de gestión de agua en el occidente de Guatemala, como investigador en aprendizaje sobre agua y sus ciclos, como cocreador de la maestría en ciencia y tecnología del recurso hídrico del Centro Universitario de Occidente, Cunoc, como parte de grupos de investigación nacional e internacional y principalmente como miembro del grupo social Acción por el Agua, APA, que integra comunidades quichés y mames, así como comunidades urbanas creo que la ley debe tener los siguientes principios que reconozcan:
- Al agua como bien público
- A la ley de agua para bienestar público
- A las comunidades urbanas, rurales, indígenas, ladinas y otras que hayan mostrado manejos del agua ecológicamente sustentable y socialmente pertinente para todos.
- La contaminación actual, la falta de reúso, la ausencia de tratamiento para darle prioridad a estos procesos.
Recientemente el Ministerio de Medio Ambiente (MARN) hizo pública la propuesta de la Ley de Aguas luego de un proceso de diagnósticos y socialización para escuchar a los guatemaltecos sobre qué creen que debe integrarse en la ley de aguas. El MARN hizo público el borrador de la ley de aguas de la que quiero resaltar sus fortalezas y sus debilidades. Ciertamente dejó un espacio para incluir comentarios a la ley, pero a mi juicio fue un tiempo muy reducido. En todo caso luego de que APA introdujera sus comentarios a la propuesta en línea, luego de que yo como persona individual también hiciera mis comentarios, habrá que ver cómo y cuánto participaron los guatemaltecos, los grupos de investigación, las organizaciones comunitarias, los empresarios y cuánta persona tenga que ver con el agua, esto es, todos.
La fortaleza de la propuesta es que hubo un proceso de consenso social para recolectar opiniones y principalmente se reconoce al agua como un bien público. La propuesta es muy clara en la identificación de los tipos de agua, del ámbito de la ley, aunque menciona y se basa en una supuesta política nacional de agua (artículo 7) que no existe. Entiendo, entonces, que luego de la aprobación de la ley se trabajará en dicha política. La ley también reconoce la diversidad cultural guatemalteca al indicar que: «La planificación del agua es de alcance nacional, por vertiente y/o de cuenca; es de carácter integral, prospectiva, adaptativa y basada en la mejor ciencia e información disponible y en los conocimientos y saberes locales, tradicionales y ancestrales».
La parte controversial de la propuesta de ley es la llamada Superintendencia Nacional del Agua, artículo 91 del borrador. Esta superintendencia es un órgano extremadamente burocratizado, centralizado, como se presenta en los artículos 92 al 110 del borrador. La composición del Directorio no reconoce la existencia de conocimiento y saberes locales, ni tradiciones ancestrales, ni a los gestores locales. Simplemente no aparecen en el directorio.
En resumidas cuentas, la nueva autoridad del agua sería un directorio cuya pertinencia es dudosa, cuya capacidad también porque sus integrantes, instituciones, nunca han mostrado interés alguno por el agua, exceptuando el MARN. No se puede decir que la Asociación Nacional de Alcaldes de Guatemala, ANAM, tiene interés en cuidar el agua, no.
Esta propuesta de ley me recuerda a aquellos niños que hacen la lista interminable de regalos para Navidad. El pobre Santa Claus, con recursos limitados, no podrá satisfacer tanta necesidad. Incluyen toda una sección en cambio climático, aunque poco se conoce del impacto local del mismo en nuestro territorio. El cambio climático no es ahora el problema esencial. El problema esencial ahora es: Tratamiento de agua, reúso del agua, cuidado de fuentes, control de agua subterránea y aseguramiento de los bosques y ecosistemas que «producen» agua. Luego de décadas de abandono, luego de que hemos contaminado todos nuestros ríos, hemos tirado nuestros desechos a los lagos para matarlos, luego de la ausencia total del Estado y de años de municipalidades que no tratan el agua, que no reúsan el agua, de ciudadanos que sobre usamos el agua, de empresarios que buscan el derecho de su nariz para seguir sobreexplotando acuíferos y desviando ríos a su sabor y antojo, no queramos resolverlo todo de un plumazo. Hay que sentar prioridades de la ley.
El borrador actual de la propuesta, aunque con algunas fortalezas tiene muchas debilidades, centraliza la administración del agua, no prioriza la gestión, no se enfoca en obligar al tratamiento, reúso, cuidado de bosques asociados al agua y burocratiza enorme e innecesariamente el manejo del agua y su administración. El borrador de ley tampoco pone prioridades y no reconoce la investigación nacional que ha documentado la ausencia de tratamiento, la ausencia de reúso, el desinterés de entes como las municipalidades y decenas de propuestas de mejora que han salido de los programas académicos de agua del Cunoc, del Laboratorio de Agua del Cunoc, de la Escuela Regional de ingeniería Sanitaria, ERIS, de la facultad de ingeniería de la Usac entre muchos.
Habrá entonces que mejorar la ley desde un punto de vista estratégico. Ser estratégico significa hacer selecciones de lo que se va a hacer y de lo que no se va a hacer. No se puede hacer todo y de todo y para todos. Hacer de todo significa no ser estratégico y en el fondo es hacer nada. Por eso la propuesta de la ley de aguas debe identificar qué hacer, qué no hacer y qué dejar de hacer en materia de gestión del agua. La ley de aguas es importante guatemaltecos, participemos ahora en su mejora porque sí no es ahora, no será nunca.
