La Universidad de San Carlos es la única universidad pública de Guatemala y sus funciones están dadas por la Constitución en su artículo 82. En ese sentido, según el texto constitucional, le corresponde con exclusividad, dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado. ¿Cuál educación superior del Estado si nunca se desarrolló? Lo que se desarrolló fue una macro universidad de 250,000 estudiantes, con una enorme cantidad de centros universitarios en la ciudad capital y otros en los diferentes departamentos del país, con un campus en la capital donde se sobrecentralizan todas las actividades administrativas y donde se tiene el poder político concentrado en un Consejo Superior Universitario, CSU, hiperpolitizado.
O sea, el mandato de desarrollar la educación superior del Estado nunca lo obedeció la San Carlos. ¿Por qué? Porque nunca entendió el concepto de educación superior ni en su intensión ni en su extensión. De sus cursos elementales de semántica el actual usurpador a la rectoría debería recordar que la intensión de un concepto son sus características esenciales que lo definen como concepto, mientras que la extensión es el conjunto de individuos o entidades a los que se puede aplicar el concepto. La intensión del concepto educación superior no se refiere solamente a universidades. Educación superior no es sinónimo de universidad. El concepto de educación superior no lo desarrolló jamás el actual rector, el actual Consejo Superior, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior porque en su mayoría nunca les interesó obedecer la Constitución o porque se encerraron dentro del monopolio universitario que artificialmente crearon o porque no tomaron clases de filosofía alguna y de semántica menos.
La intensión del concepto de educación superior, según UNESCO, la agencia de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura se refiere a todas las trayectorias formativas postsecundarias que cada país contempla en su sistema. Algunas de estas formaciones se imparten en universidades, otras en institutos técnicos superiores, otras en academias superiores y otras en las instituciones de formación profesional superior, entre otros. Así que educación superior no es sinónimo a universidad y ese es el pecado original de los sancarlistas que no han obedecido por décadas la orden constitucional de desarrollar la educación pública superior del Estado de Guatemala.
Cuando en un país marcado por la corrupción, por la injusticia, por el analfabetismo, por la pobreza, por la desnutrición, por la desigualdad se crea una ÚNICA alternativa de educación pública superior a través de UNA sola universidad pública entonces sinceramente se crea un sistema elitista, clasista, racista, machista e impertinente. El sistema actual es elitista porque apenas un 2% de la población tiene acceso a la universidad pública y apenas el 4% de la población en edad de educación superior (18 a 25 años) está en el sistema, el índice más bajo de América Latina. Y cómo no si los sistemas de ingreso están permeados por exámenes de admisión que no han sido estudiados científicamente y que además no tienen ninguna capacidad de predicción. El hecho de ganar un examen de admisión de Derecho, por ejemplo, no predice que se tendrá éxito en dicha carrera.
El acceso a la universidad pública es bajísimo, apenas el 10% de quienes se examinan logran ingresar. Eso no le importa al CSU ni a las autoridades universitarias porque les da lo mismo que entre el 10% que el 50%, reciben el mismo presupuesto. No hay ninguna motivación para recibir más estudiantes. Del 10% que ingresan apenas el 10% logran terminar sus estudios en el tiempo que dice el currículo, porque en general la eficiencia terminal en la San Carlos es del orden del 10%. O sea, si entran 30 mil estudiantes, apenas el 1% se graduará en tiempo. ¡Qué barbaridad! Y los que no se logran graduar en el tiempo que dice el currículo deambularán por años y años sin graduarse tratando de salvar obstáculo tras obstáculo porque en eso si se especializan los programas universitarios de licenciaturas de San Carlos, algunos como Derecho tardan en promedio 16 años en graduarse en su licenciatura, otros un poco menos, pero andan en 10 años en promedio.
En resumidas cuentas, la ausencia de una oferta diferenciada y de diversas trayectorias de educación superior ha sido un lastre para Guatemala porque ha bloqueado a la gran mayoría de guatemaltecos de tener acceso a educación superior. En principio, como en todos los países modernos del mundo, hay institutos técnicos de educación superior que ofrecen programas cortos de uno o dos años. En Estados Unidos a esta opción se le llama Community College, pero existen otras posibilidades como artes liberales (liberal art) y no solamente largas y aburridas licenciaturas.
Es el momento de crear a la educación pública superior de Guatemala, crearla como pide el artículo 82 de nuestra Constitución y no reducir a la educación superior a universidad. A este país tan sufrido le urgen alternativas de educación pública superior diversas y pertinentes. Este es el momento de plantearla, de diseñarla, hagámoslo porque sino es ahora, no será nunca.
