Este 17 de junio del 2025 Virginia Laparra recibió el Premio Allard a la Integridad Internacional. ¡Imagínese Usted! Un premio para una valiente mujer guatemalteca, que ha priorizado la justicia, no la trampa, no la mordida, no el fraude, sino que priorizó en su vida pública, en su vida privada, en toda su vida jurídica y más allá, priorizó la justicia. Una mujer quetzalteca que nace con las fuerzas de libertad de los quetzaltecos y con las ansias de justicia de un país capturado por mafias en todos lados, educados en universidades patito, universidades con Facultades de Derecho donde lo menos que importa es el derecho. ¡Vaya ironía!
Mientras Virginia recibe el premio en Nueva York, lugar a donde no puede llegar la corrupta fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, deshonra de esta tierra, el silencio sigue apoderado de la sociedad guatemalteca, especialmente en los lugares donde la justicia y la libertad deberían ser el objetivo, eso es, las Facultades de Derecho que poco hacen por el derecho. Así que el premio no puede ser para las Facultades de Derecho guatemaltecas. Porque si bien, una que otra universidad se ha separado por diseño de ese formato tergiversado de elegir altas cortes y fiscal general, la Universidad del Valle de Guatemala, las otras no, ni la vieja, ni las nuevas, menos la última invención del cobarde usurpador de la Universidad de San Carlos, Nacional y Autónoma, el mediocre Walter Mazariegos, otrora destazador, que ahora hizo su propia universidad y que fatídicamente le denominó: Juan José Arévalo Bermejo, padre del silencioso presidente actual, que no ha dicho nada ante este insulto.
En su trabajo en la Comisión Internacional Contra la Impunidad, CICIG, en Quetzaltenango, a Virginia Laparra le tocó investigar la corrupción política y la corrupción burocrática. La CICIG fue la primera institución transnacional que investigó corrupción política en Guatemala toda vez que esta corrupción es la realizada por los más altos niveles de autoridad, electa o no, y fue la CICIG con su caso emblemático de La Línea, que identificó estructuras criminales de corrupción política dirigidas por el mismísimo presidente el militar Otto Pérez Molina y su vicepresidente, la primera mujer en el cargo, Roxana Baldetti. Sin la CICIG jamás se hubiera conocido el nivel de podredumbre de la corrupción política y corrupción burocrática que están estructuradas, enraizadas, en las instituciones guatemaltecas. Paralelamente en Quetzaltenango Laparra investigada el caso Corrupción Municipalidad de Quetzaltenango, que a la expulsión de la CICIG por el marioneta de Jimmy Morales, debió cerrarse.
Pero Virginia Laparra ya se había hecho de enemigos, como todos los funcionarios de la Comisión, CICIG, se habían echado de enemigos a los mismísimos corruptos. Los jueces, los honestos jueces que apoyaron con la limpia que hiciera la CICIG en casos mayores de corrupción, como el juez Miguel Ángel Gálvez, otra víctima más del contraataque del Pacto de Corruptos, que a través del Ministerio Público lleva años persiguiendo a defensores de derechos humanos, periodistas, todo, todo aquel que se opone a la corrupción, como claramente lo expuso la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados Margaret Satterthwaite, quien literalmente dijo: «El Ministerio Público ha implementado una política de criminalización contra grupos específicos, principalmente aquellos que luchan contra la impunidad y la corrupción». Más claro no canta un gallo.
Por eso el premio Allard for International Integrity 2025, premio que reconoce la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos es un merecido premio internacional para Virginia Laparra y para todos los guatemaltecos que han luchado contra la corrupción, que se encuentran en el exilio, lejos de sus familias, lejos de su tierra, lejos de sus paisajes y su comida, lejos, pero también es un premio para aquellos guatemaltecos que se encuentran adentro de Guatemala, ya sea en una cárcel, como Jose Rubén Zamora, o Luis Pacheco, o tantas y tantos, injustamente acusados, ilegalmente procesados por un sistema de justicia que lo único que no tiene es justicia.
Mientras en los pasillos, en las clases, en los auditorios de las Facultades de Derecho los decanos, los coordinadores, los institutos de investigación jurídica, los bufetes populares, las clínicas de derecho, los estudiantes de derecho, los profesores de derecho, todos mantienen un silencio profundamente doloroso ante el ataque del Ministerio Público a la justicia guatemalteca. Ojalá ese silencio cambie y que no tengamos que esperar a que los perseguidos seamos todos, incluyendo a los que en el silencio cómplice apoyan o no la tergiversada política de investigación penal que tiene el ente encargado de la investigación criminal en Guatemala. Debemos hablar ahora. Porque, si no es ahora, no será nunca.
